Energía, agua potable, transporte. Tres factores indispensables para el desarrollo de cualquier sociedad humana contemporánea. Tres puntos clave que están puestos en discusión en la Argentina contemporánea y que complica la gestión ¿conjunta? de Nación y Ciudad.
Por Fernando Casasco
El debate sobre el fuerte aumento de tarifas de energía eléctrica, gas y agua y saneamiento, del que dimos cuenta en la edición del mes pasado, tuvo su pináculo en mayo con el debate y aprobación en el Congreso Nacional de una norma que retrotraía los incrementos a noviembre de 2017 y preveía un aumento acorde con los índices de variación salarial. La norma, que contó con los votos mayoritarios de la oposición en ambas cámaras, fue automáticamente vetada por el presidente Mauricio Macri.
Entre los argumentos por los cuales el oficialismo se oponía al proyecto se encuentra fundamentalmente el del costo fiscal: en cifras expuestas por el Ministerio de Hacienda, se habla de unos 115 mil millones de pesos que debería compensar el erario nacional; en cambio los autores de la iniciativa lo ubicaban alrededor de los $50 mil millones.
Asimismo, Cambiemos volvió a la carga con uno de sus caballitos de batalla preferidos: el de la pesada “herencia recibida”. En palabras del senador Esteban Bullrich se llegó a esta situación a “consecuencia de la mala política, de la demencial política” y remarcó que “pasamos de ser exportadores a ser importadores de energía”.
Desde el kirchnerismo se le contestó con números: entre los datos que lanzó la ex presidenta Cristina Fernández durante la sesión del Senado está el hecho que en el período 2003-2015 se construyeron 5.800 kilómetros de líneas de alta tensión (contra los poco más de 9.000 kilómetros que se tendieron los 100 años anteriores). Además, le enrostró al actual oficialismo su oposición a la renacionalización de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pieza clave en la búsqueda del autoabastecimiento energético.
Pero el debate en el Senado dejó otra arista hasta ahora minimizada. Varios gobernadores opositores presionaron al oficialismo a fin de que, a cambio de su pedido a los legisladores para que no voten la ley anti-tarifazo, pongan el foco sobre los servicios que concentran la mayor cantidad de subsidios del gobierno nacional: las concesionarias de energía eléctrica, gas y agua de la región metropolitana.
En los años 90, a partir de las políticas privatizadoras y desreguladoras, el Estado Nacional transfirió parte de sus atribuciones a las provincias, como la educación o la salud. En cambio, se mantuvo como estado “concedente” en materia de infraestructura en el área metropolitana (AMBA): así fue tanto en los servicios de electricidad, gas o agua, como en el transporte ferroviario (estos últimos dos servicios reestatizados por el kirchnerismo) y los corredores viales.
En los últimos años, aumentó la desigualdad entre el AMBA y el resto del país por los subsidios a los servicios públicos que otorgaba la Nación, en asimetrías con las provincias y/o municipios del resto del país.
En ese sentido, varios diputados del bloque Argentina Federal presentaron el proyecto de “Ley de Equidad Federal de Servicios Públicos”, que dispone la transferencia de los contratos de concesión de las privatizadas Edesur y Edenor a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, de manera que una vez concretado ya “no es necesaria transferencia alguna de recursos del Estado” para subsidiar esos servicios.
Asimismo, contempla traspasar el 90% de las acciones (el otro 10% es de los trabajadores) de AYSA del Estado Nacional a ambas jurisdicciones.
La propuesta es analizada por el Gobierno nacional y así lo confirmó el propio Bullrich durante la última sesión del Senado. Pero desde la Casa Rosada se estudian salidas intermedias: el ingreso de la Ciudad y la Provincia al directorio de AYSA, para comprometerlos con aporte de fondos para obras, por ejemplo.
En cambio, desde los gobiernos de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta rechazan la idea en forma sistemática. El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, fue taxativo: “Estaríamos encantados de asumir el gasto que implica la energía si descentralizamos también la recaudación, porque nos encanta ser federales a la hora de gastar, pero unitarios a la hora de recaudar, y eso está trayendo problemas”, aseveró.
Los motivos para el rechazo son económicos (aportes por unos $15 mil millones, sólo en el caso de AYSA), pero también políticos.
Todo esto ocurre en momentos en que las encuestas de imagen comienzan a revelar que el deterioro en los niveles de aceptación del gobierno de Macri también salpica a los mandatarios de Provincia y Capital Federal. Hacerse cargo de los servicios públicos haría a ambas administraciones corresponsables del desbarajuste económico que ocasiona a las familias el aumento de tarifas. Y eso no es apetecible para nadie.
Guerra bajo tierra
Pero la Ciudad tampoco está libre de inconvenientes en materia de transporte. El último mes se encarnizó el conflicto en el Subte, debido al rechazo de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (comúnmente llamados metrodelegados) al acuerdo paritario firmado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que prevé un 15% de aumento salarial a pagar en tres tramos.
Los metrodelegados lanzaron medidas de fuerza que incluían la liberación de molinetes y paros rotativos en las distintas líneas. Pero el 22 de mayo los metrodelegados sufrieron un intento de desalojo con balas de goma y gas pimienta por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Las Heras de la Línea H. En la represión 16 trabajadores fueron detenidos, entre ellos uno de los líderes, Néstor Segovia, lo que motivó un paro de todas las líneas.
El Gobierno de la Ciudad no les reconoce potestad a los metrodelegados para reclamar por mejores salarios. En palabras del jefe de gabinete porteño Felipe Miguel: “Fue la Corte Suprema quien les falló en contra y les dijo que no pueden negociar paritarias, y nos dijo también a nosotros que no podemos negociar paritarias con ellos”. El jefe de Gobierno Rodríguez Larreta sostuvo que los metrodelegados “son ilegales” (sic), mientras que destacó que “la policía actuó con firmeza, actuó bien, y los sacó”.
Pero los fundamentos del fallo de la propia Corte contradicen a las autoridades porteñas: si bien dejó en suspenso la personería gremial de los metrodelegados, aceptó que pueden tomar medidas de fuerza por contar con la simple inscripción como sindicato (trámite previo a la personería), tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El conflicto ocurre en medio de la disputa por la suba del boleto y la discusión acerca de los costos verdaderos de operación. El martes 8 de mayo el boleto debía aumentar de $ 7,50 a $ 11 y este mes a $12,50, pero la jueza Patricia López Vergara suspendió el incremento por una medida cautelar solicitada por legisladores de izquierda.
Además, se encuentra abierto el proceso licitatorio por el cual la Ciudad busca renovar la concesión del servicio hasta 2034. Dos consorcios serían los oferentes: uno integrado por Keolis, subsidiaria de SNCF, la empresa ferroviaria estatal francesa; Transport for London, operadora estatal del Metro de Londres, y Corporación América, de Eduardo Eurnekian.
Mientras que el otro pool empresario estaría controlado por RATP Dev, operador estatal del Metro de París, y la también francesa Alstom; a ellos dos se podría unir el grupo Roggio, controlante de Metrovías. Según denuncian los metrodelegados, este último es el preferido de las autoridades del Ministerio de Transporte nacional. El próximo 3 de julio se conocerán las ofertas públicas y a partir de allí se iniciará el proceso de selección.
Pero puede tener complicaciones: hay presentaciones en curso sobre la inconstitucionalidad del llamado a licitación. Un dato no menor conecta esta concesión con las privatizaciones de los años 90: en los pliegos se garantizan las ganancias del adjudicatario – sin riesgo alguno -, ya que las obras de extensión y adquisición de material rodante continuarán a cargo del Gobierno de la Ciudad. Las pagan los vecinos.