En estos días las discusiones políticas van de lo local a lo global en cuestión de horas. Mientras Nación y Ciudad se trenzan en la discusión por los subsidios al transporte público, las principales fuerzas políticas nacionales se debaten por el tratamiento legislativo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Por Fernando Casasco
Otro capítulo más. El 2022 comenzó con una nueva discusión entre el gobierno nacional y el de la Ciudad por la siempre polémica y malograda “autonomía” del distrito Capital. En este caso se trata de los subsidios al transporte público de pasajeros, más específicamente a los colectivos.
Es una constante a lo largo de los años: el gobierno macrista de la Ciudad declama públicamente a favor de dicha autonomía y su visión en pos de tener menor grado de dependencia de las decisiones de Balcarce 50. Sin embargo, cada vez que desde la Nación se busca cederle alguna facultad, esa intención es calificada de “embate” contra la autarquía porteña.
En el caso de los colectivos, el gobierno nacional pretende que la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo de la administración de las 32 líneas que recorren exclusivamente su territorio. Es una definición que está pendiente desde 2012, cuando la Nación también le cedió al gobierno porteño el manejo del transporte subterráneo. En el acta firmada por aquel traspaso se incluía también a los colectivos, algo que nunca terminó de concretarse.
De lo que sí se ocupaba la Ciudad era de abonar parte de los subsidios que recibe el transporte público de pasajeros, tras una decisión del gobierno nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. La administración comandada por Horacio Rodríguez Larreta absorbía el 81% del total de los subsidios.
Pero el aporte se fue reduciendo hasta llegar al 44% en 2021 (algo más de 6400 millones) y a 0% en los dos primeros meses de 2022. El año pasado las líneas de colectivos porteñas recibieron 14.600 millones de pesos en subsidios.
El Área Metropolitana de Buenos absorbió en 2021 casi el 78% de los subsidios al transporte aportados por el gobierno nacional (más de 96 mil millones de pesos).
Al igual que lo que ocurre en materia de energía, la masa de subsidios hace impracticable una reducción extrema del déficit fiscal, tal como reclama el Fondo Monetario Internacional en las negociaciones por la deuda asumida por el gobierno de Macri con el organismo multilateral. Es por eso que desde el gobierno nacional se buscan mecanismos para hacer corresponsables del ajuste a las provincias y la ciudad autónoma, sin que se perciba un golpe al bolsillo de los que menos tienen. Según un informe de la consultora Equilibra, de no tener ningún subsidio el boleto promedio del transporte en el AMBA debería valer la prohibitiva suma de 148 pesos.
La política de reducción de subsidios que el macrismo intentó implementar mediante el Pacto Fiscal de 2017 se vio interrumpida por la llegada de la pandemia y el congelamiento de tarifas. “A causa del confinamiento y del aislamiento social, no había corte de ticket, entonces había que compensar ese desbalance, y lo hicimos con el Fondo Compensador Covid-19”, explicó el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. Sin embargo, mientras la Ciudad aportó cada vez menos del subsidio al transporte, “la Provincia de Buenos Aires pasó a cubrir el 91% del costo del sistema en el 2020 y 2021”.
El Gobierno porteño, en tanto, criticó la decisión del gobierno nacional por considerar que se anunció sin un previo consenso. El jefe de gabinete de la Ciudad Felipe Miguel sostuvo que “todas las decisiones sobre las políticas tarifarias y los recorridos le corresponden al Gobierno Nacional. Si se quieren traspasar esas competencias hay que sentarse a dialogar”. Mientras que Rodríguez Larreta afirmó que “hay que mirar al Área Metropolitana como un todo donde entran muchas líneas de colectivos”.
Los funcionarios, a los que se sumó el ministro de Gobierno Jorge Macri, utilizaron sus redes sociales para criticar al gobierno nacional por lo intempestivo de la determinación. La mesa de diálogo entre funcionarios nacionales y porteños se tendió, aunque aún sin demasiados avances.
El gobierno nacional cuenta a su favor con el aval de los gobernadores, quienes desde hace tiempo reclaman por la asimetría entre el AMBA y el resto del país en materia de subsidios.
Diez gobernadores del Norte Grande, incluidos los radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés expresaron su “respaldo a la decisión del gobierno nacional de descentralizar la gestión a la Ciudad del servicio del transporte urbano en pie de igualdad con el resto de las jurisdicciones”.
El más duro fue el chaqueño Jorge Capitanich: «Estamos cansados de este porteñismo ilustrado que nos pretende dar clases de economía a nosotros». Por su parte, los diputados que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunciaron que presentarán “un proyecto de ley para que los fondos nacionales de asistencia al transporte incluyan tanto al AMBA como al interior del país, sin distinción alguna”.
A todo esto, la Ciudad dice que continúa con sus planes, los cuales no incluyen la mejora del transporte más que en los términos en que lo entiende la gestión macrista: nuevas paradas de Metrobus. Para el que se desarrolla en el bajo porteño, sobre la Avenida Paseo Colón, se sigue con la tala indiscriminada de árboles añosos. Lo curioso es que al mismo tiempo el jefe de Gobierno se muestra preocupado por el cambio climático y envía su “apoyo” a Corrientes por los incendios forestales.
Paralelamente, se anunció la construcción de un nuevo Metrobus sobre las avenidas Juan B. Alberdi y Directorio. Debajo de parte de la traza de esta última avenida corre la línea E de Subte, probablemente la que en peor estado se encuentra, y en cuya modernización el gobierno porteño no parece comprometido.
El Presupuesto 2022 no contempla partidas para la ampliación de la red de Subte, ni siquiera para la construcción de la estación Sáenz de la H. Si en 2007 el por entonces candidato a jefe de gobierno Mauricio Macri prometía diez kilómetros de subte por año, casi quince años después la situación es que por primera vez en medio siglo la Ciudad de Buenos Aires no tiene nuevas estaciones en construcción.
La cuestión de fondo
En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura el jefe de gobierno no hizo mención a estas cuestiones y se aferró a su libreto. Allí remarcó la necesidad de construir “una sociedad de diálogo” y denostó lo que denominó “el camino de la intransigencia, de decir a todo que no, de las peleas. Es el camino de la grieta”.
Pocas horas después de este llamado a la mesura el propio Rodríguez Larreta se plegó a la actitud del bloque del PRO que se levantó de sus bancas y se retiró del recinto de la Cámara de Diputados cuando el presidente Alberto Fernández reiteró su reclamo para que la justicia investigue el endeudamiento contraído por Mauricio Macri ante el FMI.
Atenazado entre su postura componedora y la decisión de no regalarle espacios a los “halcones” del PRO liderados por Patricia Bullrich o a los ultra-liberales de Javier Milei, el mandatario local busca afinar su discurso. En Juntos por el Cambio, sin embargo, las posturas son disímiles.
Azuzados por el ex presidente Macri – que continúa sin hacer la menor autocrítica por tomar el mayor crédito de la historia con el FMI y por haber dejado una deuda sideral en moneda externa – , un importante sector coquetea con la posibilidad de votar en contra y hacer caer el acuerdo. En tanto, la UCR y la Coalición Cívica llaman a tener cierta responsabilidad dirigencial y no permitir que el país caiga en default con el organismo multilateral.
Larreta y varios de los suyos consideran “inaceptable” el acuerdo, pero por motivos opuestos a los esgrimidos por Máximo Kirchner: lo consideran demasiado blando. Así lo especificó el titular del bloque de JxC Cristian Ritondo, cercano al jefe de gobierno, pero siempre con un oído atento a las diatribas de Macri: al programa acordado entre el ministro Martín Guzmán y el staff del Fondo le faltan las reformas “ortodoxas” que solía exigir el organismo (laboral, previsional, impositiva). En definitiva, critican al acuerdo por no ajustar más sobre trabajadores y jubilados y por no reducir impuestos a los empresarios.
El jefe de gobierno y los suyos tensarán la cuerda para que el gobierno cambie el proyecto, en el sentido de que el Congreso sólo deba avalar el financiamiento, sin entrar en los considerandos del plan económico. Pero el Ejecutivo, el staff del FMI y los empresarios presionan para que no haya modificaciones. Ese tira y afloja se define por estas horas, cruciales para el futuro de la economía y el país.