El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires arribaron a un acuerdo coyuntural acerca del pago de la coparticipación, aunque no en los términos que pretendía Jorge Macri. A cambio, la Ciudad se hace cargo de los subsidios al transporte, mientras Nación ajusta más al resto de las provincias. Además, los Macri hicieron gestos políticos de acompañamiento a la Casa Rosada. ¿La alianza se mantendrá en el año electoral?
Por Fernando Casasco
Finalmente, hubo acuerdo. El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, conminados por la Corte Suprema de Justicia, arribaron a una solución intermedia en el diferendo que mantenían sobre el pago de la coparticipación.
Desde agosto el Palacio de Hacienda comenzó a hacer efectivo el pago de lo decidido en 2022 por el tribunal supremo, que implica el pago del 2,95% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Pero no lo hacía de manera automática – es decir, diariamente -, sino a través de partidas semanales. Las autoridades porteñas admitían que la suma de fondos llegaba en su totalidad, pero reclamaban el pago “por goteo”, tal como se hace con el resto de las provincias.
Las tensiones escalaron porque desde las oficinas de Jorge Macri se sostenía que por no tener el carácter automático que ellos pretendían, las partidas que recibían eran a cuenta de la deuda acumulada durante el gobierno de Alberto Fernández (y los primeros meses del actual) por el no cumplimiento de la cautelar.
El equipo económico porteño calcula esa deuda en una cifra de alrededor de 4 mil millones de dólares, la que es desmentida en las oficinas de Luis Caputo. Tras varias idas y vueltas y con la venia de la Corte, se arribó a un acuerdo mediante el cual la Nación pagará en forma automática el 1,4% establecido por ley del Congreso, mientras que el otro 1,55% se seguirá abonando en partidas semanales, tal como lo estableció el gobierno de Javier Milei.
“Queremos darle certeza a los porteños de que llegamos a un acuerdo por el cobro del 2,95% que nos permite dar respuestas desde la Ciudad. Esto es un paso adelante muy importante y tiene buena voluntad de ambas partes, del Gobierno Nacional y de la Ciudad”, sostuvo Jorge Macri al anunciar lo pactado con la Casa Rosada.
Sin embargo, anticipó que continuará reclamando ante la Corte Suprema por una sentencia definitiva que le devuelva a la administración porteña el 3,50% que en su momento le había adjudicado la Nación, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.
Justamente es el ex presidente el que se asoma detrás de estas idas y vueltas entre el gobierno de su primo y el de Milei. Fue Mauricio Macri quien dialogó personalmente con el ministro Caputo para destrabar la negociación en torno al traspaso de 31 líneas de colectivos al ámbito de la Ciudad y la asunción por parte del gobierno porteño del pago de los subsidios al transporte y de los derivados de la Red Sube.
Aquella firma conjunta del acuerdo entre Milei y Jorge Macri selló una tregua entre La Libertad Avanza y el PRO en momentos en que arreciaban ciertas críticas desde el partido amarillo a la gestión nacional.
El propio jefe de Gobierno se ocupó de expresar su sintonía con la Casa Rosada, al diferenciar su postura acuerdista de la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Es una diferencia importante entre lo que estamos haciendo y lo que está haciendo provincia. Estamos subsidiando la tarifa, pero además sosteniendo la tarifa integrada, con lo cual no hay ninguna discriminación o efectos si vienen hacia la ciudad de Buenos Aires”, sentenció. La medida implica una erogación de unos 7500 millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad.
Si bien en la relación de Milei con las provincias un supuesto recorte a los subsidios que se abonan en el área metropolitana de Buenos Aires no es mal visto, no se puede decir lo mismo de lo que implica el aumento de la coparticipación a la Ciudad, el distrito más rico del país, en un contexto de ajuste generalizado.
Justo un día antes de la firma del acuerdo por el traspaso de las líneas de colectivos, el gobierno nacional emitió una resolución para la readjudicación de partidas, en las cuales se incrementaba en 450.000 millones de pesos las transferencias a provincias y municipios, pero con un solo destinatario: el pago a la Ciudad de Buenos Aires de lo estipulado por la Corte en materia de coparticipación.
En cambio, la misma resolución redujo en “47.000 millones de pesos las transferencias a provincias y municipios para financiar gastos de capital”. Esos fondos discrecionales, que a través de los ATN la Nación entrega a las provincias, habían comenzado a habilitarse en cuentagotas a algunos de los gobiernos que apoyaron al gobierno de Milei con la sanción de la Ley Bases y la firma del Pacto de Mayo. Ahora se cortaron de cuajo.
Uno de los gobernadores que repudió la medida (y que había rubricado el pomposo pacto propuesto por Milei) fue el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien sostuvo que se trata de “otro artero ataque al federalismo, una burla al resto del país” y llamó a poner “límite a este unitarismo porteño, que con total impunidad se pone de acuerdo para destruir al interior, y con ello el potencial de nuestro país”.
La situación de las provincias se agrava por la caída de la actividad: el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, indicó que – según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal – mientras la recaudación nacional cayó en agosto 14% comparada con el mismo mes de 2023, la parte coparticipable se desplomó aún más (-18%).
El funcionario del gobierno de Kicillof destacó que “la recesión, que no muestra signos de reversión, perjudica más a las provincias y municipios que, además, debemos hacernos cargo de lo que no hace el Estado nacional”. Por si fuera poco, durante la presentación del proyecto de presupuesto 2025 ante el Congreso, el presidente Milei les exigió a los gobernadores un ajuste adicional para el año próximo.
De cara a un año electoral, el ajuste constante puso en alerta a todos los gobernadores, incluso a los más dialoguistas y colaboradores con el gobierno nacional, como es el caso de Jorge Macri. El jefe de gobierno porteño pretende que el acuerdo alcanzado por la coparticipación figure por escrito en el presupuesto nacional del año próximo, a fin de que el porcentaje que no se paga por goteo no esté sujeto a revisiones o recortes.
Tanto al jefe de gobierno como a su primo Mauricio le preocupan además los movimientos de los libertarios de cara a los comicios legislativos. Tras el acto en Parque Lezama, en el que la secretaria general de la Presidencia Karina Milei debutó (sin pena ni gloria) como oradora, al ex presidente le quedaron claras algunas cosas: que La Libertad Avanza pretende presentar candidatos en todas las jurisdicciones posibles, incluyendo la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires; que la hermana del Presidente se está testeando como eventual postulante a un cargo legislativo; y que el denominado “triángulo de hierro” formado por los hermanos Milei y el asesor estrella Santiago Caputo – a quien Macri ve como obturador de los acuerdos entre ambas fuerzas – es, al menos por ahora, irrompible.
Por ahora la actitud del PRO sigue siendo de acompañamiento al gobierno nacional, como lo evidencian el respaldo a los vetos presidenciales en materia de jubilaciones y financiamiento de las universidades. En cambio, las diferencias se hacen palpables en otros temas: el rechazo macrista al aumento por decreto de los fondos reservados de la renacida SIDE; los cuestionamientos al pliego del juez Ariel Lijo para la Corte; y los reparos a la casi autista política exterior enunciada por el presidente Milei ante la asamblea de la ONU.
Mientras las encuestas comienzan a mostrar una caída en la imagen de Milei, Macri hace equilibrio para no entregarle al mandatario las llaves del partido que fundó, como pretende la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ese juego de rechazo, negociación y acuerdo es parte de un ajedrez más grande que comenzará a develarse el año próximo en las urnas.