El 12 de marzo, el gobierno reprimió la marcha de las y los jubilados que también fue respaldada por las hinchadas de los clubes de fútbol y otros sectores sociales. Heridos, detenciones y una convocatoria a paro general: lo que dejó esta movilización.
Por Stanley Luna
Silvia es una señora de 68 años que esta tarde del miércoles 12 de marzo intenta correr entre la multitud reprimida con gases lacrimógenos en los alrededores del Congreso de la Nación. Chupa un limón partido que, dice, se lo acaban de regalar para reducir así los efectos del gas en su garganta y en sus ojos. Alrededor, no paran de sonar las pistolas de las fuerzas de seguridad federales y de la ciudad que, en medio del humo, continúan dispersando a la multitud con balas de goma.
Cuando Silvia llega a una esquina, se siente a salvo y accede hablar de cómo es su vida ahora que es una persona jubilada. Con el bono de 70 mil pesos, la jubilación de Silvia no sobrepasa los 400 mil pesos mensuales. Por suerte, dice, pudo trabajar toda su vida y es dueña de su casa, pero esta no es la realidad de sus colegas jubilados, a quienes cada miércoles va a apoyar en las marchas que vienen haciendo cada miércoles, incluso antes de la llegada del gobierno de la Libertad Avanza.
El pasado 12 de marzo, la marcha fue apoyada por las hinchadas de los clubes de fútbol luego de que se vieran las imágenes de la represión policial brutal que las y los jubilados habían recibido el miércoles anterior.
“Si bien vengo por el gremio, porque soy hincha y socio de River, la verdad que a mí me destruye cada vez que le pasa algo a un jubilado”, dice Juan Molina, quien está acompañado de amigos y luce un sombrero del River sobre la avenida Rivadavia, al costado de una de las entradas del Congreso.
“La verdad es que un jubilado no llega a fin de mes, nosotros estamos tratando de bancarlos, porque a mí, en lo personal, mi papá ya se está por jubilar y todos vamos a llegar a la edad de jubilarnos”, agrega Molina.
Días antes de esta marcha, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una campaña de desinformación para detener la movilización. Dijo que quienes irían a manifestarse eran las barras bravas de los clubes y no las hinchadas, al tiempo que advirtió sobre el despliegue de las fuerzas federales. Eso no fue motivo para que la movilización fuese masiva. A la marcha se sumaron personas autoconvocadas, el colectivo LGBTIQ +, feministas y partidos políticos.
Milei viene de enfrentar un febrero y marzo con marchas multitudinarias. El 1 de febrero, la diversidad sexual organizó una manifestación replicada en otras ciudades argentinas para ponerle un freno a los discurso de odio del mandatario, quien ha vinculado a la homosexualidad con la pedofilia; el 8 de marzo, las mujeres y disidencias sexuales salieron a las calles para conmemorar el Día Internación de la Mujer con mensajes en contra de los retrocesos a derechos humanos en el gobierno libertario; y el 24 de marzo, en medio de un desbaratamiento de las políticas e instituciones a favor de la memoria, después de 19 años, las organizaciones sociales y de derechos humanos se unificaron en la marcha a 49 años del último golpe cívico-militar.
La jornada del 12 de marzo fue cubierta por el periódico El Barrio Villa Pueyrredón, que pudo atestiguar el proceder de las fuerzas de seguridad federales y porteñas, y detenciones arbitrarias en inmediaciones del Congreso.
Alrededor de las 4 de la tarde la Policía Federal y la Gendarmería – la movilización estaba convocada para las 17 horas – comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a los costados de un Congreso vallado, y así fueron reprimiendo la marcha hasta que dos horas después acabaron por disolverla en avenidas como Corrientes y la 9 de Julio.
En la avenida Corrientes, por ejemplo, hubo operativos en los cuales la policía detuvo violentamente a personas. En uno de estos procedimientos, una familiar le insistió a un agente que su pariente ni siquiera era manifestante, sino que estaba resguardado en una acera a la espera de que bajara el enfrentamiento entre manifestantes y la policía en la esquina de las avenidas Callao y Corrientes.
Como resultado del operativo de Bullrich, ese día, Pablo Grillo, un fotoperiodista independiente fue lesionado de gravedad por un cartucho de bala con gas lacrimógeno que impactó en su cabeza y le hizo perder masa encefálica mientras cubría las protestas atrás de una barricada levantada por los manifestantes; y también hubo decenas de detenciones indiscriminadas, incluso fueron detenidos dos menores de edad – y precintadas sus manos detrás de sus espaldas – que salían del colegio y que justamente pasaban por las inmediaciones de la plaza de Mayo al momento que la policía realizaba operativos.
Una de las imágenes que también trascendió en los medios de comunicación fue el momento en que un policía empuja a una señora jubilada que usaba bastón para caminar y la tira al piso.
A causa de estos incidentes y por la represión en continuado a la sociedad civil, ese día por la noche, la CGT anunció el tercer paro general contra el gobierno libertario, anunciado para el 10 de abril (al cierre de nuestra edición)
La moratoria previsional
La marcha ocurrió tan solo 11 días antes de que venciera la moratoria previsional, una ley sancionada por el gobierno de Alberto Fernández que permitía que las personas que no tuviesen 30 años de aporte al sistema previsional pudieran acceder a una jubilación pagando cuotas a la Administración Nacional de Seguridad Social.
La ley duraba dos años con una prórroga de otros dos, que el gobierno de Milei no renovó. La edad de jubilación para los hombres es de 65 años y para las mujeres de 60, en caso de haber cumplido los años de aporte.
Actualmente, el Congreso busca alternativas para que las personas que no alcancen los años de aporte tengan otra vía de acceder a ella, pues hoy en día solo pueden hacerlo tramitando la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la cual representa el 80 % de la jubilación mínima.
“Cuando uno mira las jubilaciones, el 65 % son jubilaciones mínimas y, de esa población, la mayor parte son mujeres que han entrado al sistema mediante una moratoria que le perdonó aportes, porque obviamente sabemos que las mujeres tienen muchos problemas para sostener un empleo en condiciones laborales formales, que les permita juntar todos los años de aporte que el sistema pide”, sostiene la economista Mercedes D’Alessandro.
Para D’Alessandro, el principal problema de Milei y su gabinete es que tienen una “visión restringida” de la economía argentina y la reducen a la variable inflación. Y, en consecuencia, siguiendo a la escuela austriaca de la cual el mandatario es un seguidor, la única forma que ha encontrado el gobierno para combatir la inflación es recortando el gasto público, lo que también le ha llevado a recortar los pagos de las jubilaciones.
Por ahora una jubilación mínima, estimada en 350 mil pesos (incluido el bono), está muy por debajo de la línea de la pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una familia tipo necesita un poco más de millón de pesos para no ser pobre en Argentina.