El Gobierno Nacional privatizó la salud para los migrantes sin residencia permanente y autorizó que las universidades públicas les arancele la educación.
Por Stanley Luna
La reforma a la Ley de Migraciones con la que amenazó el Gobierno Nacional desde el año pasado se concretó con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, publicado el pasado 28 de mayo en el Boletín Oficial.
A través del DNU, el presidente Javier Milei ordenó la privatización de la salud para las y los migrantes que no cuenten con residencia permanente y también dio la posibilidad a las universidades públicas para que arancelen la educación a los migrantes en esta situación. Al mismo tiempo, endureció los requisitos para que los extranjeros puedan acceder a una residencia permanente o una ciudadanía argentina.
Este DNU deja por fuera del derecho a la educación universitaria y terciaria a aquellos en situación migratoria irregular y solo les permite el acceso a educación inicial, primaria y secundaria. Pero, además, en caso de estar en situación migratoria irregular, el Estado podría expulsarlos del país sin permitirles que la regularicen. Antes el periodo que las personas tenían para apelar judicialmente esta situación era de 30 días y ahora es de 15.
Asimismo, el Gobierno Nacional impuso nuevos requisitos para toda persona que quiera ingresar a Argentina: contar con un seguro médico obligatorio y dar cuenta del motivo de su visita. Y, en caso de que esta persona no cumpliese con el motivo de viaje que reportó ante la Dirección Nacional de Migraciones, las autoridades pueden expulsarlo del país.
También pueden expulsarla y no permitirle el ingreso al país entre cinco y 15 años si se queda en el territorio más tiempo del permitido. Esto, a juicio de las organizaciones sociales, entre otros puntos, impide la reunificación de las familias.
Sobre el acceso a la residencia, antes del DNU, los migrantes podían solicitar la residencia permanente viviendo ininterrumpidamente al menos dos años en Argentina, ahora no basta con cumplir este plazo, sino que deberán justificar que cuentan con los ingresos suficientes para vivir en el país o justificar que son “inversores”.
El contexto de la reforma
Esta reforma se da en un contexto de constantes manifestaciones de diferentes sectores sociales ante el ajuste fiscal y las medidas en contra de los derechos humanos que lleva adelante el gobierno libertario. La semana en la que se publicó el DNU, las y los médicos residentes del Hospital Garrahan realizaron paros de labores y marcharon hacia el edificio del Ministerio de Salud de la Nación debido a los paupérrimos salarios que reciben por trabajar hasta 70 horas semanales; y las y los científicos se concentraron afuera del Polo Científico, en Palermo, por el inédito desfinanciamiento a la ciencia.
También marcharon organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad por la eliminación de las pensiones no contributivas, el no cumplimiento del cupo laboral de personas con discapacidad y para exigir la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Estas protestas se suman a la habitual marcha de los miércoles de las y los jubilados, quienes siempre son reprimidos por el protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich.
Para justificar la reforma migratoria, el DNU dice que, si bien la Constitución argentina establece que todo extranjero goza de los mismos derechos civiles que una persona nacida en Argentina, dicho texto fue creado por Juan Bautista Alberdi bajo la premisa de que “gobernar es poblar”.
Por ello, el decreto señala que en aquel momento esta flexible política migratoria permitió el arribo de millones de migrantes desde Europa a Argentina entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero que actualmente los movimientos migratorios son diferentes a los de siglos pasados, por lo tanto, esto significa “desafíos en materia política, económica, cultural y social”.
Esta reforma de ley también ocurre durante el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Trump es un aliado de Milei, que ha vuelto con una endurecida política en contra de los derechos humanos. Ha deportado a miles de extranjeros en el marco de una política antiinmigrante y xenófoba, incluso ha enviado a más de 200 migrantes a una cárcel salvadoreña.
El DNU de Milei refiere – sin mencionar fuentes – que, en este contexto de deportaciones masivas desde Estados Unidos, hay miles de deportados originarios de países de Sudamérica que pueden venir a Argentina “por las facilidades extremas que existen para entrar y permanecer en el territorio nacional”, y hacer uso de los sistemas públicos sanitarios y educativos.
Así que el gobierno también plantea la expulsión de aquellas personas con antecedentes penales o encontrados en flagrancia cometiendo delitos, aunque no haya una condena firme de por medio, violando el derecho al principio de inocencia.
Previo a la reforma, el oficialismo ya había iniciado sus ataques contra las y los migrantes. A mediados de 2024, cuando el Congreso discutió la Ley de Financiamiento Universitario que luego Milei vetó, el gobierno planteó que la educación pública universitaria debía ser arancelada para los extranjeros.
Luego estos ataques continuaron en el Foro Económico de Davos, en Suiza, donde Milei no solo atacó a la población migrante, sino a las personas LGBTIQ y a los feminismos, lo que le valió una multitudinaria marcha en contra de sus discursos de odio.
Reacción de la sociedad civil
Desde las organizaciones sociales, el DNU fue criticado. La organización Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (Caref) dijo que, con estos cambios, “el Gobierno restringe, una vez más, el derecho de las personas migrantes a defenderse de actos del Estado que afectan su libertad, integridad y proyecto de vida”.
Sin embargo, Caref aclaró que todos aquellos trámites migratorios realizados antes de la entrada en vigencia del DNU no serían afectados por la reforma.
“El decreto dispuesto por el gobierno de Javier Milei introduce restricciones de carácter regresivo en términos de igualdad ante la ley y también en materia de acceso a los servicios de salud y educación”, analizó, por su parte, la organización Refugio Latinoamericano, la cual menciona que con el DNU la legislación migratoria argentina dejó de ser una de las más progresivas del mundo, que contemplaba con rango constitucional marcos internacionales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención de los Derechos del Niño.
Mientras que el Centro de Estudios Sociales y Legales señaló que la prohibición del acceso a la salud, a la educación y la residencia permanente son ilegales. Y adelantó que muchos abogados estudian el DNU para asesorar a la población migrante y “dar pelea judicial”.