La Legislatura porteña comenzó el debate del proyecto elevado por el Gobierno de la Ciudad para la creación de un Sistema Penitenciario local en lo que apunta a resolver, en parte, la crisis desatada en las comisarías por la superpoblación de detenidos, pero que además busca dar un paso más en la autonomía del distrito al asumir competencias propias en la custodia de personas privadas de libertad.
Por Valeria Azerrat
El texto fue enviado formalmente por el Poder Ejecutivo al Parlamento a inicios de marzo y debatido en plenarios de comisiones por los diputados. En algunas de esas jornadas participaron funcionarios del Ministerio de Justicia quienes aseveraron que la sanción de la ley saldará «una deuda pendiente de institucionalidad». Desde la oposición, por su parte, promovieron al menos una decena de proyectos alternativos.
Puntualmente, la propuesta del oficialismo contempla la creación del Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una institución civil, armada y jerarquizada, bajo la órbita del Poder Ejecutivo y con dependencia directa del Ministerio de Justicia. Y con la función principal de la custodia, guarda y tratamiento de personas detenidas, imputadas o condenadas por la Justicia porteña.
Además de garantizar la seguridad, el modelo propuesto tiene un fuerte enfoque en la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Se establece que la ejecución de las penas debe procurar que el condenado adquiera conciencia del valor de la ley y esté en condiciones de reinsertarse en la comunidad una vez cumplida su pena; mientras que contempla que los establecimientos penitenciarios puedan tener distintos regímenes: cerrado, semiabierto y abierto.
En este sentido, el Instituto Superior de Seguridad Pública será el órgano rector de la formación y capacitación permanente del personal penitenciario, con especial énfasis en la diferenciación de funciones entre seguridad, tratamiento y rehabilitación.
Uno de los ejes más innovadores es la posibilidad de que entidades privadas participen en la construcción y administración de establecimientos penitenciarios, siempre bajo regulación y control estatal. Este modelo de gestión público-privada se inspira en experiencias exitosas aplicadas en países como Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Chile y Perú.
El proyecto se organiza en cinco títulos y más de una docena de capítulos, en los cuales abordan desde la estructura administrativa hasta los derechos y obligaciones del personal. Entre los criterios de ingreso al cuerpo penitenciario se fijan exigencias estrictas de idoneidad e integridad, y deja excluidas personas con antecedentes penales, causas abiertas por violaciones a los derechos humanos, o sanciones disciplinarias previas en organismos del Estado.
Además, el régimen de ascensos estará condicionado por evaluaciones de desempeño y la inexistencia de procesos judiciales o administrativos en curso por faltas graves, lo cual busca asegurar una carrera profesional basada en el mérito, la transparencia y la ética.
La redacción del proyecto estuvo a cargo de una comisión integrada por representantes de las principales instituciones del Poder Judicial porteño: el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Tutelar, así como por expertos y académicos en derecho penal y criminología.
De aprobarse este proyecto, la Ciudad de Buenos Aires se convertiría en la primera jurisdicción subnacional del país en contar con un sistema penitenciario propio completamente separado del Servicio Penitenciario Federal.
Ante los diputados, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, dijo al respecto que su “objetivo es consolidar un sistema penitenciario moderno y eficaz para seguridad de los porteños, y que responda a los estándares de derechos humanos y a las necesidades operativas de la Ciudad”.
Por su parte, Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, admitió que “a nadie le escapa la situación que los sistemas penitenciarios tienen en nuestro país y la situación que nuestra Ciudad en particular tiene con las personas privadas de libertad”.
No obstante, dijo que el Estado porteño está “preparado para asumir el desafío” que representa la creación de un Sistema Penitenciario propio. “No podemos seguir limitándonos al castigo. El sistema debe ofrecer herramientas reales para que las personas condenadas puedan reinsertarse en la sociedad. El objetivo es que quienes cumplan una pena no regresen en peores condiciones de las que ingresaron”, destacó.
Sobrepoblación en comisarías de la Ciudad y las cárceles modulares en barrios
La creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad para alojar los detenidos por delitos de jurisdicción local surgió como una instancia de resolución de la crisis desatada en las comisarías porteñas por la sobrepoblación de personas privadas de su libertad. Otras de las medidas fue acelerar las obras de construcción del penal de Marcos Paz en la Provincia de Buenos Aires.
El conflicto en las comisarías, en rigor, se desprende de una falta de entendimiento con el Gobierno nacional por los presos que deberían ser trasladados a unidades dependientes del servicio federal pero que, sin embargo, permanecen en las dependencias porteñas que no están preparadas para tanta demanda. Desde hace meses que ambos gobiernos mantienen reuniones para destrabar la situación, pero, al momento, no hay avances concretos.
Mientras, el Gobierno porteño desplegó en Saavedra, Chacarita y Barracas unos 60 contenedores en playones lindantes a las comisarías para sumar espacios donde alojar a detenidos en la Ciudad. Con esta instalación intentó frenar los casos de fugas de presos que se sucedieron en distintos barrios. Según datos oficiales, en las dependencias locales hay más de 2400 detenidos, de los cuales “un 90 por ciento corresponden al Sistema Penitenciario Federal”.
Esta problemática también fue abordada por los diputados porteños en el marco del debate parlamentario. La legisladora de Unión por la Patria Victoria Montenegro dijo estar “preocupada por lo que está sucediendo en las alcaidías y las comisarías donde el estado de situación es dramático”. “El sistema está colapsado y este es un problema que requiere de respuesta urgente”, subrayó.
Desde la oposición, presentaron proyectos para la creación de un Sistema Penitenciario propio los legisladores Rebeca Fleitas, de La Libertad Avanza; Matías Barroetaveña, Graciana Peñafort y Claudio Ferreño, de Unión por la Patria; y Jorge Reta del bloque República.
En el caso del texto de la bancada libertaria, habilita la creación de cárceles de instancia privada “a los efectos de enfrentar el problema procurando que el sistema resulte autosustentable y no depende exclusivamente de los recursos provenientes de una mayoría de ciudadanos que no incurren en conductas delictivas”.
Por su parte, Peñafort promueve un Servicio Penitenciario con metas como “la custodia y alojamiento transitorio de las personas procesadas, la ejecución de sanciones penales privativas de la libertad dispuestas por la justicia competente a la Ciudad”, así como “la reinserción social de las personas privadas de libertad y el respeto a sus derechos humanos, y la creación de condiciones favorables para su desarrollo personal minimizando las consecuencias negativas del encierro”.
Y el legislador Yamil Santoro sumó su propuesta en la cual impulsa un “sistema de reintegro de gastos derivados de la detención de personas privadas de su libertad”, en el que prevé que los condenados por sentencia firme tengan a su cargo los gastos vinculados al proceso que llevó a su encarcelamiento.
