El Gobierno de Javier Milei dio de baja a más de 110 mil pensiones por discapacidad y en paralelo la justicia investiga una denuncia por corrupción en la Dirección Nacional de Discapacidad que involucran a la Secretaria de la Presidencia, y hermana del presidente, Karina Milei, y a su colaborador directo “Lule” Menem.
Ignacio Di Toma Mues
La semana pasada se conocieron los audios del Director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que involucran a la Secretaria de la Presidencia Karina Milei, y a su colaborador directo “Lule” Menem, en el pedido de coimas en la compra de medicamentos. Mientras tanto, se dieron de baja hasta la fecha más de 110 mil pensiones por discapacidad, y el Ejecutivo Nacional proyecta que los beneficiarios a dar de baja llegarán a 500 mil a fin de año.
Ante esta situación tan grave, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advirtió sobre graves irregularidades en el proceso de auditoría que lleva adelante el Gobierno nacional sobre las pensiones no contributivas mal denominadas por “invalidez laboral”.
Y resaltó que estas prestaciones son una política de transferencia de ingresos destinada a reducir las desigualdades estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en Argentina. El monto equivale al 70% de la jubilación mínima y permite acceder al programa sanitario Incluir Salud.
Desde septiembre de 2024, explica la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el decreto que regula estas pensiones fue modificado, introduciendo nuevos requisitos de acceso, obligaciones y causales de suspensión. Entre ellas, la baja en caso de que no se pueda citar al beneficiario por inconsistencias en el domicilio declarado o causas atribuibles a la persona. “Se reinstalaron en esta reforma condiciones que habían sido declaradas inconstitucionales por la justicia”, denunció la ONG.
En paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad inició un proceso de auditoría en todo el país con el objetivo de detectar irregularidades. Sin embargo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia alertó que “por la forma en que se está desarrollando, este se reveló inadecuado para cumplir con esa finalidad. Por el contrario, las graves irregularidades que exhibió no hicieron más que violar el derecho de defensa de las personas y conducir a suspensiones injustas”.
Citaciones ineficientes y barreras de acceso
Entre los problemas señalados, la ONG indicó que las citaciones se realizaron exclusivamente por carta documento, a pesar de que el correo “no llega a todas las zonas del país” y muchas personas han cambiado su domicilio o se encuentran institucionalizadas.
Ante un pedido de acceso a la información pública presentado por esta organización, la Agencia Nacional de Discapacidad respondió que a junio de 2025 el 46% de las cartas enviadas no habían podido ser entregadas.
Además, se registraron citaciones a cientos de kilómetros de los lugares de residencia y sin contemplar las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Las notificaciones tampoco detallaban de manera clara la documentación requerida ni el grado de actualización necesario. “La Agencia Nacional de Discapacidad omitió responder qué medidas adoptó cuando las personas le informaron que tenían inconvenientes para concurrir”, advirtió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
Destaca, a modo de jemplo, que “no respondió qué medidas había adoptado frente a la falta de entrega de cartas documento de citación a la auditoría ni cuál era el curso de acción cuando las personas le informaban que estaban imposibilitadas de asistir, que necesitaban algún apoyo para hacerlo o que no tenían tiempo para recolectar toda la información médica actualizada”.
La ONG indicó que “tampoco proporcionó información sobre las medidas de accesibilidad y los apoyos que se habían implementado para quienes los requirieran a fin de comprender las citaciones, acercarse a las oficinas donde se realizan las auditorías y participar de ellas (intérpretes en lengua de señas, lectura fácil, ingreso con acompañante, etc.)”.
Estas omisiones, y retaceo de información, fueron judicializadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia el pasado 14 de agosto.
Suspensiones masivas y sin aviso
De acuerdo con las notificaciones recibidas por los beneficiarios, las primeras suspensiones se aplicaron por la falta de recepción de las citaciones, aplicando así las nuevas causales introducidas en la reforma normativa. También se registran casos en los que no hubo aviso previo y las personas se enteraron cuando fueron a cobrar y no recibieron el depósito.
Cuestionamientos constitucionales y consecuencias sociales
La norma, advierte la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, “permite que una persona pierda la pensión si no alcanza cierto porcentaje de ‘invalidez laboral’, aun cuando no hay personas ‘válidas’ o ‘inválidas’ para el trabajo”. Además, habilita la baja si la persona tiene un familiar que pueda asistirla económicamente, lo que contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que garantiza el derecho a vivir de manera independiente.
La ONG remarcó que la interrupción de las pensiones “supone la pérdida de un ingreso fundamental para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestido y vivienda, y también produce la pérdida de la cobertura del Programa Incluir Salud, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos y el acceso a prestaciones centrales”.
En este contexto, ACIJ exige que cualquier decisión vinculada a estas prestaciones “debe estar precedida de máxima transparencia, asegurar el derecho de defensa de las personas beneficiarias y basarse en condiciones de acceso que respeten la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”.
