La jueza federal María Romilda Servini procesó con prisión preventiva a tres inspectores de la Policía de la Ciudad y a un ciudadano peruano de 20 años, acusados de participar en el secuestro extorsivo de un joven ocurrido el 17 de mayo en el Bajo Flores. La víctima, de 24 años, estuvo cautiva durante dos horas hasta que su familia pagó un rescate de 4.000 dólares y 1.500.000 pesos. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°3, dirigida por el fiscal Eduardo Taiano.
Foto: Fiscalía Federal N°3 de Capital Federal.
Según la resolución, los hechos fueron calificados como secuestro extorsivo agravado —por la participación de tres o más personas, el uso de armas de fuego y el cobro del rescate— en concurso real con robo agravado. Para cada imputado se dispuso además un embargo de 50 millones de pesos. Los tres policías procesados, de entre 32 y 50 años, integraban la División Investigaciones Comunales 4 y habrían utilizado un móvil oficial no identificado para apoyar el delito. El cuarto acusado, que trabajaba como repartidor, fue señalado por su participación en distintas fases del secuestro, incluido el cobro del dinero.
El caso comenzó cuando la víctima acudió a entregar un par de zapatillas que había publicado en Instagram y fue abordada por dos hombres en moto. Bajo amenazas con armas de fuego, fue obligada a conducir mientras uno de los secuestradores utilizaba su celular para exigir un rescate. Finalmente, el hermano del joven entregó el dinero en Villa Lugano y la víctima fue liberada poco después.
Las pruebas reunidas fueron clave: cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, registros de geolocalización de móviles policiales, consultas internas en bases de datos oficiales y filmaciones de la sede de la DIC 4 ubicaron a los inspectores en la escena. También se verificó la moto del joven peruano, reconocida por testigos y registrada en videos.
En su fallo, la jueza Servini destacó la gravedad institucional del caso: “Resulta abrumador siquiera pensar que quienes tienen el deber de garantizar la ley y proteger a los ciudadanos sean quienes se involucren en hechos como este”. La magistrada subrayó que los policías aprovecharon su acceso a información sensible para facilitar la maniobra, lo que agrava la afectación a la confianza pública en las instituciones.
La jueza dispuso que los imputados permanezcan detenidos en el Servicio Penitenciario Federal al considerar que existen riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación. La causa continuará a cargo de la Fiscalía Federal N°3, que busca determinar si hubo otros partícipes y profundizar el análisis patrimonial de los acusados.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
