La reciente reforma a la Ley Nacional de Migraciones ha puesto en alerta a las personas migrantes y a las organizaciones sociales
por casos de expulsiones de extranjeros de Argentina y por los nuevos requisitos para que ellos puedan vivir legalmente en el país.
Por Hipólito Leone
El pasado 17 de julio, días después de que entraran en vigencia las reformas a la Ley Nacional de Migraciones realizada por el DNU 366/2025, el afrouruguayo Juan Pedro Martínez Piedrahita fue expulsado de Argentina después de haber vivido acá por 19 años.
Martínez Piedrahita fue a renovar su residencia y su DNI a la Dirección Nacional de Migraciones cuando, según relató su esposa a diferentes medios de comunicación, lo retuvieron por cinco días basándose en una condena de un año y medio, un delito excarcelable, que él ya había cumplido.
Durante la pandemia, dijo la esposa, tras una discusión, los vecinos denunciaron a Martínez Piedrahita por violencia familiar y este hecho le quedó como un antecedente por el delito de violación de domicilio, amenazas y desobediencia.
Aunque el hombre presentó un abogado y un recurso para hacer valer su arraigo en el país durante casi dos décadas, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 ordenó su expulsión. En Argentina dejó a su familia: su esposa argentina y sus tres hijos menores de edad.
Al otro lado del Río de la Plata, en Uruguay, el caso llamó la atención que incluso fue llevado al Congreso. “No estamos ante un simple caso migratorio. Estamos ante una política, específicamente un decreto sobre migraciones, que criminaliza a las personas negras, migrantes y pobres”, dijo el senador por el Frente Amplio, Felipe Carballo, en una sesión plenaria al referirse a la deportación de Martínez Piedrahita.
El 29 de mayo pasado, el Gobierno Nacional modificó la Ley Nacional de Migraciones. La ley pone mayores limitantes a los migrantes para que puedan radicarse de forma permanente en Argentina y también – similar que la anterior legislación – ordena la expulsión de aquellos extranjeros que cometan delitos cuya pena sea igual o mayor a tres años de cárcel. Es decir, que, invocando la antigua y la actual ley migratoria, Martínez Piedrahita podría no haber sido expulsado de Argentina si la justicia fallaba a su favor.
Raúl Palencia trabaja en la Fundación para el Desarrollo Integral (Fundesotec), que acompaña a los sectores populares y población migrante desde 2018. Para él, previo a la reforma, el Gobierno de Javier Milei venía dando señales de cuál sería su política hacia la población migrante.
En primer lugar, dice, el protocolo antipiquetes puesto en marcha por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diciembre de 2023, contempla en el artículo 11 que todo migrantes con residencia provisoria en Argentina que sea demandado por las autoridades por daños a patrimonios o personas en las marchas será puesto a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones para “fines pertinentes”.
“Es primera amenaza para la población migrante, sobre todo la migrante organizada, para ocupar las calles, para la protesta como un derecho”, explica Palencia, a lo cual suma el ingreso del ministerio de Seguridad al consejo de la Comisión Nacional de Refugiados, que es la que tramita y resuelve los procesos de personas que huyen de sus países motivadas por diferentes razones como la violencia o la persecución política, poniendo así un énfasis “securitista” al refugio, un derecho contemplado en la legislación internacional.
Con la reforma, señala el también militante de Patria Grande, hay mayores razones para que el Estado expulse y “criminalice” a personas migrantes con antecedentes, aunque no sean graves. Es así como en la Fundesotec han conocido de otros pedidos de expulsión contra migrantes en Argentina, no permitiéndoles el ingreso al país hasta por 10 años. Al tiempo que la Comisión del Migrante, indica, está desestimando acompañar casos de expulsiones, argumentando que son decisiones que no pueden revertirse.
Migrantes en el limbo
Alexander vino a vivir a Argentina hace más de cuatro años buscando mejores oportunidades de vida. Proviene de un país latino que no forma parte del acuerdo del Mercado Común del Sur (Mercosur) y por lo tanto su proceso migratorio para establecerse como ciudadano residente en Argentina es más complejo que si perteneciera a un país sudamericano bajo este acuerdo.
En la anterior ley, y para alcanzar la residencia permanente en Argentina, Alexander tenía que acreditar durante tres años consecutivos que estaba estudiando en una institución educativa que le proveía residencia como estudiante o estar trabajando en un empleo que le diera una visa de trabajo para permanecer de forma legal en Argentina.
Alexander renovó sus primeras dos residencias como estudiante de una institución superior, pero cuando quiso renovar la tercera y acercarse a su proceso de radicación permanente, la Dirección Nacional de Migraciones le suspendió la residencia porque a su juicio las materias que Alexander ha cursado estos años no están en sintonía con el tiempo que él lleva viviendo acá.
El joven, además de llevar cursada la mitad de una carrera de grado y ser alumno regular de la institución, también es trabajador independiente en Argentina, ha logrado un contrato de alquiler y paga impuestos como el monotributo, y ahora su situación migratoria está en vilo.
De los 46.2 millones de habitantes en Argentina que arrojó el último Censo de Población, Hogares y Vivienda, 1.9 millones señalaron haber nacido en otro país. Esta cantidad representa un 4.2 % de personas viviendo en domicilios particulares. Son personas que, como Alexander, desarrollan su vida en el país y algunas, pese a contar con arraigos en Argentina, enfrentan los efectos de la reforma migratoria.
Las recientes reformas a la Ley Nacional de Migraciones no solo endurecieron la forma de alcanzar una residencia permanente en Argentina, sino que también dejó a discreción del sistema de salud y del sistema de educación superior el arancelamiento de los servicios para extranjeros sin residencia permanente. De igual forma, oficializaron que, como requisito, cualquier extranjero que quiera ingresar a la Argentina presente un seguro médico privado.
De acuerdo con Palencia, Milei trastocó un aspecto fundamental de la legislación migratoria, que es el criterio de la reunificación familiar. En la anterior ley, una persona podía convertirse en un residente permanente si acreditaba su vínculo con un hijo o una pareja argentina, ahora no basta con acreditar estos vínculos, sino que para acceder a la residencia esta persona debe demostrar medios económicos “suficientes” para vivir en Argentina.
Desde hace unos meses, Palencia cuenta que en Fundesotec abrieron un espacio de atención en el que atienden a migrantes que son trabajadores de la economía popular y que una de las trabas más frecuentes que por hoy tienen para regularizar su situación, en medio de la crisis económica, es cómo demostrar sus ingresos ante la Dirección Nacional de Migraciones.
“Vemos una exclusión grande entre quienes tienen medios para mostrarlo y amplio espectro o alta densidad poblacional migrante que no tiene la oportunidad de mostrarlo. Ahí hay un gran retroceso, que es parte de la política que impulsa el actual gobierno”, concluye Palencia.
