La baja de políticas públicas y los discursos de odio en contra de poblaciones vulnerables, en el marco del gobierno libertario, tienen repercusiones en la vida de las mujeres. El triple crimen en Florencio Varela es una muestra de ello.
Por Stanley Luna
Las asesinaron e intentaron desaparecer sus cuerpos, y antes de su muerte, los asesinos de Lara Gutiérrez, de 15 años; y las primas Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, de 20, hicieron un streaming en una red social para transmitir su tortura, en el cual se conectaron unos 40 internautas.
El triple femicidio ocurrido el mes pasado en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, caló en la sociedad del movimiento de Ni Una Menos, ahora atravesada por la crisis económica y que a diario se enfrenta a la escasez de políticas públicas, que en su momento fueron propiciadas por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, las jóvenes fueron engañadas por una banda transnacional de narcotráfico que tenía como fin asesinarlas.
Investigaciones periodísticas han señalado que las víctimas fueron invitadas a una fiesta a cambio de recibir 300 dólares cada una. Subieron a un auto en La Matanza, el pasado 19 de septiembre, y sus cuerpos fueron encontrados enterrados cinco días después por la Policía Científica tras seguir un rastreo de sus teléfonos, en una fosa clandestina, en un patio de una casa ubicada en Florencio Varela. Nueve personas han sido detenidas y las autoridades no descartan que haya más implicados.
Gutiérrez era amiga de Del Castillo y Verdi. Del Castillo tenía un hijo de un año y había trabajado vendiendo ropa y de quiosquera, vivía con su familia. Las otras víctimas también vivían con sus familias, en La Matanza.
Días antes del crimen, se viralizó el video de una petrolera en donde dos hombres bromeaban en una estación de servicios con desaparecer a una compañera de trabajo, meterla en una bolsa y mandarla en un auto a la provincia de Formosa.
En años anteriores, este tipo de publicidad hubiese sido sancionada por el extinto Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), pero esta fue una de las primeras instituciones que el Gobierno de La Libertad Avanza cerró en el marco de lo que denomina “la batalla cultural”.
En junio, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio cuenta que, de un total de 50 políticas públicas sobre cuidados – aquellas que se enfocan en el bienestar social, físico y emocional de las comunidades – solo quedan vigentes cuatro. Por una construcción social, estas tareas de cuidados históricamente han sido vinculadas a las mujeres, una población vulnerable con la cual la gestión de Javier Milei se ha ensañado.
Al igual que la desaparición del INADI, otra de las decisiones del gobierno libertario fue la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, de donde dependían políticas públicas a favor de las mujeres y las disidencias sexuales.
Pero esa “batalla cultural” cobró otra magnitud cuando, en enero, en el Foro Económico de Davos, Milei acusó al feminismo, entre otras falacias, de buscar privilegios, “distorsionar” el concepto de igualdad y de poner a una parte de la población en contra de otra.
Días después, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuestionó el concepto de femicidio y dijo que enviaría un proyecto de ley al Congreso de la Nación para eliminar esta figura delictiva del Código Penal (que actualmente figura en la normativa argentina como un homicidio agravado por el odio al género); además de derogar la Ley Micaela, que tiene como finalidad capacitar al personal de justicia en géneros.
Según el CELS, en los casi dos años de la gestión de Milei, las políticas de cuidado han desaparecido, han sido desfinanciadas o ya no funcionan eficientemente. Es el caso del Plan ENIA (destinado a la prevención de embarazos adolescentes), la Educación Sexual Integral (ESI) y la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En el medio también hay otras políticas públicas que significaban la presencia de un Estado Nacional y que han sido desfinanciadas: de los 9.800 comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (Renacom), el gobierno solo asiste a 4,231; ha recortado el monotributo social y congelado el programa Volver al Trabajo, indica el CELS.
Esto repercute directamente en la vida de los sectores populares, ya que constantemente, en los sondeos de opinión mediáticos que se hacen en la vía pública, las y los trabajadores advierten que cada mes les cuesta más llegar a fin de mes o se endeudan para hacerlo.
“Las necesidades que las personas no pueden resolver, las cubren con endeudamiento, principalmente con plataformas de pago o con el narcotráfico, que avanzan frente a la ausencia del Estado”, advierte la organización.
En declaraciones a medios, Ada Rico, presidenta de la asociación La Casa del Encuentro, que cuenta con un Observatorio de Femicidios, calificó los recientes crímenes como “femicidios en contexto de criminalidad”, ya que se caracterizan porque las redes de narcotráfico utilizan a las mujeres como ‘mulas’ o como un intercambio de pago entre los narcotraficantes. En 2023, la asociación registró 47 de estos hechos; en 2024, 18; y en 2025, con los asesinatos de las jóvenes en Florencio Varela, van 15.
Para este informe del CELS, que es el quinto titulado “La cocina de los cuidados”, la organización contó con testimonios de mujeres que cotidianamente enfrentan el abandono del Estado Nacional. Una de las entrevistadas dijo que ella ha llegado al punto de adeudarle hasta tres millones de pesos a Mercado Pago para comprarle los remedios a su mamá.
“El impacto más grave lo vamos a ver más adelante, porque estos cuatro años de retrocesos absolutos no sólo nos cambian, sino que lo que hacen es que no sembremos mejor terreno”, opina la psicóloga forense, Eugenia Ghiotto, especialista en temas de género y con experiencia en capacitaciones sobre la Ley Micaela.
Ella hace énfasis en cómo, por ejemplo, ahora la ESI es considerada una “mala palabra”, cuando fue gracias a esta política pública que las niñeces víctimas de violencias sexuales pudieron contar estos hechos en las escuelas y ser acompañadas por profesionales, previniendo así mayores afectaciones psicoemocionales.
Para Ghiotto, la baja de políticas públicas no solo deja en mayor vulnerabilidad a las personas que la “están pasando muy mal”, sino que, desde lo simbólico, habilitan los discursos de odio y minimizan la problemática de la violencia de género, porque dice que cualquier persona que encuentre simpatía con el discurso oficial, también lo valida.
Es de esta forma como a diario, agrega Ghiotto, ahora se escuchan discursos de odio en los espacios públicos y no porque fuesen discursos que las personas no tuvieran antes de este Gobierno, sino porque antes existían marcos regulatorios o entes como el INADI que hacían contrapesos para considerarlos como “políticamente incorrectos”.
“Lo más aberrante es que hoy es políticamente correcto naturalizar esas violencias. Y habilitan culpabilizar a las víctimas”, concluye la especialista.
