La Legislatura de la Ciudad cerró el 2025 con un balance marcado por la escasa actividad parlamentaria y una agenda condicionada por el calendario electoral. Con apenas diez sesiones a lo largo del año, los legisladores porteños lograron sancionar algunas leyes de peso, como el Presupuesto para el próximo ejercicio y la creación del Servicio Penitenciario propio.
Por Valeria Azerrat
El año parlamentario comenzó en febrero con una sesión extraordinaria convocada para tratar un único tema: la suspensión de las elecciones primarias para elegir a los legisladores que asumieron sus bancas en diciembre. La iniciativa se enmarcó en un clima político atravesado por la discusión sobre el sistema electoral de boleta electrónica -que en 2023 había sido muy cuestionado por las demoras- y la conveniencia de reducir instancias de votación, tal como lo planteaban desde el Gobierno nacional.
Pocos días después, el 1 de marzo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias. En su discurso ante los legisladores, adoptó un tono confrontativo tanto con los bloques opositores como con el espacio libertario, y presentó los lineamientos de la denominada “Agenda 2025 Buenos Aires Primero”, con un fuerte énfasis en políticas de orden y seguridad. Semanas más tarde, en las elecciones para el 18 de mayo el PRO fue derrotado y quedó relegado al tercer lugar, detrás de La Libertad Avanza y el peronismo.
Tras el inicio del período ordinario, la Legislatura ingresó en un prolongado paréntesis. Recién el 1 de julio los legisladores volvieron al recinto para una sesión especial destinada a que el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, brindara su informe de gestión, tal como lo establece la normativa que lo obliga a presentarse dos veces por año.
Dos días más tarde, el 3 de julio, se realizó la primera sesión ordinaria del 2025 para aprobar cientos de expedientes que se habían acumulado durante el primer semestre, producto del freno en la actividad parlamentaria.
En ese momento también quedó pendiente el tratamiento de un paquete de medidas de “alivio fiscal” impulsado por el Poder Ejecutivo. Desde la oposición reclamaron ampliar el alcance de las iniciativas, en particular en lo referido a la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales, mientras que el oficialismo proponía limitar el beneficio a las primeras categorías del monotributo Ante la falta de acuerdos, el debate quedó estancado y se postergó hasta el cierre del año sin resolución.
El 17 de julio, antes del receso invernal, los distintos bloques consensuaron una sesión especial con un único punto en el temario: la sanción de la ley que estableció la gratuidad del pasaje de subte para jubilados y pensionados. La norma fue celebrada de manera transversal, aunque su implementación se demoró varios meses y se aplicó de forma parcial, lo que generó críticas posteriores.
Ya en septiembre, la Legislatura retomó la actividad con dos sesiones ordinarias, los días 4 y 11. En la primera se trataron expedientes vinculados a organizaciones sociales, deportivas y barriales, mientras que en la segunda se aprobaron iniciativas relacionadas con una moratoria impositiva y sanciones por maltrato animal.
El 21 de octubre se realizó una sesión especial para designar al legislador que reemplazó a Gustavo Mola, fallecido días antes, y para tomar juramento a nuevos funcionarios judiciales. En los días previos al recambio legislativo, Sánchez Zinny volvió a concurrir al recinto para una nueva rendición de cuentas, y el 27 de noviembre se desarrolló la sesión más extensa del año, que se prolongó durante 14 horas y culminó con la sanción de cerca de 600 expedientes.
Entre las leyes más relevantes aprobadas se destacó el Presupuesto porteño, con un cálculo de gastos superior a los 17 billones de pesos. Fue sancionado con 38 votos afirmativos del oficialismo, sus aliados y La Libertad Avanza, y 21 votos negativos de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
También se convirtió en ley la creación del Servicio Penitenciario porteño, un nuevo sistema local orientado a la gestión integral de los detenidos por delitos cometidos en la Ciudad, con ejes en seguridad, reinserción, educación, trabajo y salud, y con el objetivo de reforzar el control y la transparencia.
