En los últimos dos meses han sido expulsados casi 5 mil extranjeros de Argentina y otros han sido retenidos en operativos realizados por la Policía Federal y Migraciones.
Por Stanley Luna
Las expulsiones de migrantes y su persecución en operativos migratorios y policiales se han acelerado en el último año en Argentina, a partir de la reforma a la Ley de Migraciones, que hizo en mayo del año pasado el Gobierno Nacional a través del decreto 366.
Esta reforma endureció los requisitos para obtener la residencia permanente en Argentina y exige a los y las extranjeros que para entrar al país reporten la fecha de regreso a su país de origen, la contratación de un seguro médico privado para el tiempo que estarán en el territorio argentino, y los medios económicos que les permitan su estadía. De lo contrario, las autoridades migratorias les califican como “falsos turistas” y tienen las posibilidades de no admitirlos.
En los últimos días, trascendió la noticia de Bicho, un hombre transgénero colombiano que ya vivía en la Argentina y estaba tramitando su residencia permanente. Salió de vacaciones a Brasil y al llegar a Aeroparque Jorge Newbery, el 21 de enero, las autoridades migratorias no lo dejaron entrar a Argentina y lo retuvieron en el aeropuerto por varios días, sin asistirlo con medicación ante una crisis nerviosa que padeció, según denuncia la organización Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes (BTM). Mientras estaba retenido, Bicho activó la solicitud de refugio ante la Comisión Nacional de los Refugiados, pero, aunque su solicitud no había sido resuelta, fue devuelto a Brasil.
Como en el caso de Bicho, organizaciones sociales han identificado en los últimos meses otros casos de extranjeros que son catalogados como “falsos turistas”. Delia Colque, del BTM y la colectiva feminista Ni Una Migrante Menos, explica que la figura del “falso turista” ya estaba establecida en la ley, pero los controles migratorios se han vuelto más estrictos en las fronteras y así se endurecen las condiciones para ingresar a Argentina.
Además, dice Colque, han conocido casos de migrantes que han ido, incluso, acompañados de abogados para intentar regularizar su situación ante la Dirección Nacional de Migraciones, pero son detenidos en el lugar y luego expulsados a sus países.
En junio del año pasado, un mes después de la reforma a la Ley de Migraciones, Juan Pedro Martínez Piedraita, un uruguayo que llevaba 19 años viviendo en Argentina, fue expulsado cuando fue a renovar su documentación a Migraciones. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 basó su expulsión en que, en 2021, Martínez Piedraita fue condenado por los delitos de violación de domicilio, amenazas y desobediencia, una condena excarcelable; y que esto era motivo para abandonar el país.
La nueva ley migratoria, sin embargo, establece que no pueden permanecer en el país los extranjeros condenados a penas de tres o más años. Martínez Piedraita apeló la decisión del juzgado y también señaló que estaba casado con una argentina y que tenía tres hijos argentinos, pero finalmente fue expulsado.
El 27 de enero, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en X un video en donde mencionaba que entre diciembre 2025 y enero 2026 hubo un “récord” de personas inadmitidas o expulsadas en Argentina. «Las reglas son claras: el extranjero que viola la ley, se va; el que intenta ingresar de manera ilegal, no pasa. En la Argentina, ley y orden», posteó Monteoliva.
En paralelo, la Policía Federal y la Dirección de Migraciones están realizando operativos en los que solicitan los documentos de las personas extranjeras para verificar si se encuentran en situación irregular. El primer operativo conocido fue el 23 de enero en una feria en Villa Celina, en el partido de La Matanza; y el segundo ocurrió el 5 de febrero en una feria conocida como “Feria de los bolivianos”, una zona con mucho comercio de personas de origen boliviano y peruano, en el barrio de Liniers.
Desde el BTM, Colque señala que estos operativos migratorios ya se venían realizando en diferentes barrios, pero que el de Villa Celina fue el primero que trascendió mediáticamente pues, tras el mismo, Monteoliva salió a publicar las cifras de las expulsiones de extranjeros.
En referencia a Villa Celina, Colque señala que de las 400 personas a las que se les pidieron documentación, solo 16 estaban en situación irregular y fueron intimadas para que resuelvan su estadía en Argentina.
“La gente está preocupada por esta situación que ha derivado en expulsiones. Los migrantes no somos criminales. Cuando hay crisis económica, los gobiernos siempre terminan agarrando a los migrantes como chivos expiatorios y terminan echándoles la culpa de la situación económica, del crimen, y un montón de otras cosas», agrega Colque.
Restricciones de la ley
Sin una residencia permanente, los hospitales públicos están autorizados a cobrar las consultas médicas a los y las extranjeros. La anterior legislación otorgaba una residencia temporal con una duración de dos años, para luego acceder a una residencia permanente. Podían acceder a esta los países miembros del Mercosur, las nacionalidades de países fuera del Mercosur que durante dos años consecutivos mostrasen un arraigo a Argentina – visas laborales, motivos académicos, entre otros – y los y las cónyuges de argentinos, o extranjeros padres y madres de argentinos. Hoy, para acceder a la residencia, las personas deben demostrar que cuentan con los ingresos suficientes para mantenerse económicamente en Argentina. Y, en caso de que la solicitud de residencia sea rechazada, la modificación a la ley también redujo de tres a dos las vías a las cuales apelar esa decisión.
“Ahora tenés que demostrar recibos de sueldo, si es que tenés un trabajo registrado; sino presentás los últimos seis pagos del monotributo y, si accediste por ser de bajos recursos al monotributo social, directamente eso no te lo aceptan”, indica Colque.
Una policía migratoria
En noviembre del año pasado, el Gobierno trasladó la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad, y anunció la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, a cargo de Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero. La reforma a la ley migratoria contemplaba la creación de una policía migratoria, pero sin explicar sus alcances, sostiene Lucía Galoppo, abogada del Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“No sabemos el alcance de las funciones de esta agencia, si va a facultar la detención o expulsión de personas, eso no lo sabemos, porque todavía no se publicó el decreto. Por ahora es más el discurso público, que los hechos”, añade Galoppo.
La política antiinmigrante en Argentina se endurece al tiempo que en Estados Unidos hay movilizaciones por la “cacería” de migrantes y los asesinatos de ciudadanos estadounidenses cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE.
