La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un inicio de año atravesado por una situación peculiar: mientras el volumen de proyectos ingresados marca un nivel de actividad inusualmente alto, el funcionamiento efectivo todavía no logra ponerse en marcha con normalidad.
Por Valeria Azerrat
Durante el primer mes de trabajo parlamentario se presentaron cerca de mil iniciativas – 995 según los registros oficiales -, pero ese dinamismo contrasta con la demora en el inicio de los debates debido a las negociaciones políticas que dilataron la conformación de las comisiones. Recién la primera sesión ordinaria del año se realizó el jueves 9 de abril, al cierre de esta nota.
El dato no es menor porque la cantidad de expedientes ingresados refleja no solo la reactivación institucional tras el recambio legislativo y el receso de verano, sino también la diversidad de agendas que conviven dentro del recinto.
Proyectos de ley, resoluciones y declaraciones se distribuyen en proporciones relativamente equilibradas, con una fuerte presencia de iniciativas orientadas tanto a la producción normativa como a la fijación de posicionamientos políticos y pedidos de información al Ejecutivo sobre la gestión de Gobierno.
Sin embargo, durante gran parte de marzo ese movimiento se mantuvo encapsulado en el plano administrativo. La falta de acuerdos para definir las presidencias de las comisiones postergó el inicio formal del trabajo legislativo.
En rigor, las comisiones conforman el espacio para el análisis y debate de los proyectos por parte de los diputados y sus asesores. Allí, acercan posiciones o marcan disidencias antes de llevar los expedientes al recinto.
Recién hacia los últimos días de marzo comenzaron a constituirse algunas de estas comisiones, habilitando un funcionamiento todavía incipiente y con márgenes acotados para el avance concreto de las iniciativas.
La definición de las presidencias terminó de reflejar la nueva correlación de fuerzas dentro de la Legislatura porteña. El peronismo nucleado en Fuerza Patria logró quedarse con espacios de fuerte contenido social, como las comisiones de Educación; Ambiente; Niñez, Juventud y Adolescencia, y Derechos Humanos, desde donde buscará incidir en la agenda vinculada a políticas públicas sensibles.
Por su parte, el bloque de La Libertad Avanza concentró comisiones clave para la orientación institucional y económica. Bajo su órbita quedaron, entre otras, Desarrollo Económico, Asuntos Constitucionales, Cultura y Justicia, ámbitos que le otorgan capacidad de intervención tanto en reformas estructurales como en la promoción de iniciativas vinculadas a la actividad privada y el funcionamiento del Estado.
En tanto, el espacio Confianza y Desarrollo, referenciado en Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña, se aseguró la conducción de Planeamiento Urbano y Personas Mayores, dos áreas con incidencia directa en la planificación de la Ciudad y en políticas específicas para sectores etarios. A su vez, la UCR-Evolución quedó al frente de la Comisión de Seguridad, uno de los ámbitos de mayor sensibilidad política.
El oficialismo porteño, por su parte, retuvo comisiones centrales para la gestión, como Presupuesto, Salud y Espacio Público. Se trata de áreas estratégicas desde donde el Ejecutivo suele articular sus principales iniciativas, especialmente en lo vinculado a la asignación de recursos, la política sanitaria y la administración del territorio urbano.
En este contexto, la falta de llamado a la primera sesión ordinaria reforzaba la idea de un arranque desfasado hasta que, finalmente, las autoridades convocaron para el 9 de abril (la sesión se estaba llevando a cabo al cierre de esta nota). Sin recinto, el proceso legislativo queda incompleto: los proyectos no pueden ser tratados ni votados, y el trabajo de las comisiones pierde capacidad resolutiva.
Aun así, el contenido de los proyectos presentados permite delinear algunos ejes de discusión que podrían dominar el año parlamentario. Desde el oficialismo y el Poder Ejecutivo se impulsan iniciativas vinculadas a la modernización del Estado, la promoción de sectores económicos estratégicos y ajustes en materia tributaria. Estas propuestas dialogan con una agenda más amplia que incluye reformas institucionales, regulaciones sobre problemáticas emergentes y proyectos de impacto urbano.
Entre las iniciativas de mayor peso aparece la posibilidad de avanzar en una reforma de la Constitución de la Ciudad, una discusión que, aunque incipiente, introduce un debate de largo alcance sobre el diseño institucional porteño. En paralelo, se suman propuestas orientadas a fortalecer las herramientas de análisis presupuestario dentro de la Legislatura, en línea con modelos implementados en otros niveles de gobierno.
En el plano económico y administrativo, el Poder Ejecutivo impulsa iniciativas como la creación de un Distrito de Inteligencia Artificial, con el objetivo de atraer inversiones y promover el desarrollo tecnológico en la Ciudad, junto con modificaciones a la Ley Impositiva para corregir distorsiones en tributos como las patentes. En paralelo, desde sectores liberales se promueven proyectos de reforma del Estado que incluyen la simplificación de trámites, la ampliación del silencio administrativo positivo y la digitalización de procesos.
Entre los proyectos presentados sobresale una iniciativa para regular y prevenir la ciberludopatía en niños y adolescentes, que propone mecanismos de control sobre plataformas de juego online y campañas de concientización. En la misma línea, se registran propuestas vinculadas a educación, salud mental y políticas de inclusión, además de pedidos de informes sobre programas como Ciudadanía Porteña, el sistema de becas estudiantiles y la atención del SAME.
En materia urbana, el paquete de iniciativas incluye propuestas de alto impacto territorial, como la reconversión del predio del complejo penitenciario de Villa Devoto con la idea de destinar la mayor parte a espacios verdes, así como proyectos para ordenar el uso del espacio público, entre ellos la creación de estaciones de descanso para repartidores y mensajeros.
A esto se agregan proyectos de carácter reparatorio, como el que impulsa indemnizaciones para familiares de trabajadores afectados por la exposición al asbesto en la red de subterráneos, y otros de perfil más simbólico o cultural, como la creación de un Museo de la Diversidad o la regulación de cementerios de animales.
El protagonismo ciudadano, de hecho, aparece como un rasgo distintivo en este comienzo de año. La presentación de proyectos por parte de colectivos barriales y entidades intermedias refuerza el rol de la Legislatura como canal institucional para demandas territoriales, en un contexto donde las discusiones urbanas y ambientales ganan centralidad.
Entre las propuestas están las que abarcan desde la creación de reservas urbanas y parques en distintos barrios hasta regulaciones comerciales específicas, como la instalación de kioscos con criterios de distancia mínima.
Y el proyecto que propone la creación de un espacio público en la manzana ubicada sobre Avenida Congreso al 3800, entre las calles Naón, Quesada y Estomba, en el barrio de Coghlan (Comuna 12). El predio se encuentra sin uso desde el cierre del hipermercado que funcionaba allí en 2017 y, desde entonces, permanece vallado, con custodia privada y en condiciones de abandono, generando un foco de deterioro urbano en una zona residencial.
La iniciativa busca revertir esta situación y dar respuesta a un histórico reclamo vecinal, impulsado por organizaciones como la Asociación Amigos de la Estación Coghlan, que solicitó en reiteradas ocasiones la expropiación del terreno para destinarlo a espacio verde.
