Con semanas de demora y tras negociaciones que se extendieron más de lo esperado, la Legislatura porteña finalmente logró poner en marcha su actividad parlamentaria con la primera sesión ordinaria del año, realizada a comienzos de abril. El arranque estuvo lejos de ser meramente formal: el recinto funcionó como caja de resonancia de reclamos acumulados y como punto de partida para ordenar una agenda que venía retrasada, en un escenario político más fragmentado que en períodos anteriores.
Por Valeria Azerrat
La sesión combinó decisiones de impacto concreto como beneficios fiscales y correcciones tributarias con una impronta de control sobre el Ejecutivo, expresada en la aprobación de un paquete de 30 pedidos de informes. Al mismo tiempo, el debate incorporó momentos de alto contenido simbólico, con extensas intervenciones destinadas a conmemorar fechas clave del calendario nacional.
En términos de volumen y diversidad, los pedidos de informes dirigidos al Gobierno porteño contemplaron iniciativas impulsadas mayormente por bloques opositores que apuntaron a obtener precisiones sobre políticas públicas en áreas sensibles como educación, salud, desarrollo social y planificación urbana. La aprobación en bloque de los expedientes reflejó tanto la necesidad de canalizar demandas acumuladas como la capacidad de la oposición para instalar temas en la agenda.
Entre los requerimientos más relevantes se destacaron los vinculados a desalojos catalogados como “preventivos, urgentes y extraordinarios”, en medio de denuncias de organizaciones sociales y vecinos sobre la forma en que se ejecutan estos procedimientos.
También hubo pedidos de explicaciones sobre intervenciones en el estadio Luna Park, cuya preservación genera debate, y sobre irregularidades en inmuebles ubicados en áreas de protección histórica, particularmente en el barrio de Floresta.
El sistema educativo ocupó otro lugar central ya que se solicitaron informes sobre la situación del Polo Educativo Saavedra y, especialmente, sobre el cierre de cursos en la Escuela de Educación Media 2 “Luis Alberto Spinetta”, un establecimiento de reingreso que atiende trayectorias escolares complejas.
En paralelo, se sumaron consultas vinculadas al funcionamiento de residencias geriátricas, dispositivos de salud mental, programas de desinstitucionalización y políticas destinadas a personas en situación de calle, en un contexto donde distintos episodios recientes pusieron en debate la capacidad de respuesta del Estado local frente a situaciones de vulnerabilidad.
Uno de los puntos que concentró mayor consenso político fue el tratamiento de un proyecto enviado por la gestión porteña a propósito del derrumbe ocurrido el 3 de marzo en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires”. A partir de ese hecho, que generó alarma pública y dejó a varias familias sin vivienda, la Legislatura aprobó una ley de alivio fiscal para los damnificados.
La norma establece la condonación de cuotas del Impuesto Inmobiliario y de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), junto con exenciones durante el resto del año para las unidades afectadas. También contempla beneficios para propietarios de vehículos dañados, incluyendo condonaciones y exenciones en el impuesto a las Patentes, así como la devolución automática de los montos abonados.
En materia tributaria, los legisladores avanzaron además con una ley que fija un límite al incremento del impuesto de Patentes para 2026, estableciendo que no podrá superar la inflación acumulada del año anterior medida por el IPC de la Ciudad. La iniciativa tuvo un claro trasfondo correctivo: vino a enmendar las subas aplicadas a comienzos de año, cuando la emisión de las boletas registró aumentos superiores al 100%, lo que derivó en una ola de reclamos y obligó al Ejecutivo a reconocer la irregularidad y promover una modificación legal que finalmente fue sancionada.
Más allá de las decisiones normativas, la sesión estuvo atravesada por un extenso segmento de carácter conmemorativo. Con miradas y posicionamientos distintos, los legisladores de distintos bloques tomaron la palabra para recordar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia; y el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
En las semanas posteriores, la dinámica parlamentaria continuó con la conformación de la casi treintena de comisiones y juntas, instancias clave donde se analizan y dictaminan los proyectos. El proceso de conformación de cada una y de designación de sus presidencias, que en otros períodos se resolvía con mayor rapidez, demandó negociaciones prolongadas debido a la nueva correlación de fuerzas dentro del recinto.
Es que el oficialismo que responde a Jorge Macri, ya sin una mayoría holgada como en otras épocas, se vio obligado a ceder espacios y acordar la distribución de presidencias con bloques opositores, lo que terminó configurando un esquema más equilibrado y potencialmente más conflictivo en términos de debate.
Hacia adelante, la Legislatura se prepara para una segunda sesión ordinaria que podría concretarse entre mayo y comienzos de junio, antes del receso invernal y del inicio del Mundial de Fútbol. Las comisiones estratégicas ya comenzaron a delinear sus agendas, anticipando un temario dominado por dos cuestiones de alto impacto: la ampliación del Presupuesto 2026 y el traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad.
El proyecto de ampliación presupuestaria, enviado por el jefe de Gobierno Jorge Macri el 17 de abril, prevé un incremento de $2,68 billones sobre un presupuesto original de $17,3 billones, lo que representa una suba del 15%. La iniciativa responde a la necesidad de actualizar partidas frente a una inflación que superó las previsiones iniciales: el cálculo original estimaba un 10,1% anual, pero ese porcentaje ya se había alcanzado en marzo, lo que obligó a recalibrar la proyección al 29,1%.
La discusión ya comenzó a escalar en términos políticos. El ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, expuso ante legisladores para defender el proyecto, argumentando que la ampliación es clave para sostener el funcionamiento del Estado, garantizar la continuidad de los servicios y acompañar la evolución de los salarios públicos. También señaló que permitirá afrontar la actualización de contratos de servicios urbanos y mantener el ritmo de las obras públicas.
Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos sobre la falta de precisiones en el destino de los fondos, la consistencia de las proyecciones y la dependencia de ingresos atados a la coparticipación federal. Legisladores advirtieron sobre el impacto de la medida en un contexto de caída de la actividad económica y reclamaron mayor claridad respecto de las prioridades del gasto.
El otro eje que promete concentrar el debate es el traspaso del fuero laboral, una iniciativa que reaviva la discusión sobre la autonomía porteña y la reorganización del sistema judicial. El proyecto se basa en un acuerdo firmado en febrero entre el Gobierno nacional y la administración local, y establece las condiciones para transferir competencias laborales a la órbita de la Ciudad.
El esquema contempla un período de transición de 180 días durante el cual convivirán ambos sistemas: las causas ya iniciadas seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que los nuevos expedientes pasarán al fuero local. La transferencia incluye las competencias individuales del derecho laboral, pero excluye conflictos colectivos y materias federales.
El acuerdo también fija compromisos concretos: la Ciudad deberá avanzar en la selección de jueces y garantizar la operatividad del nuevo fuero, mientras que la Nación se compromete a transferir recursos y evitar nuevas designaciones en los tribunales alcanzados. El proceso implicará una reconfiguración significativa del sistema judicial, con el cierre o reconversión de juzgados y cambios en la estructura vigente.
