A través de una presentación formal, las organizaciones de recuperadores urbanos alertaron que el anteproyecto de licitación del servicio de recolección de materiales reciclables del Gobierno porteño abre el juego a empresas privadas, recorta programas sociales, viola las leyes históricas que fundaron el sistema y expulsa a 7 mil personas del mercado laboral formal.
Por Ignacio Di Toma Mues
El Gobierno de Jorge Macri persigue en la vía pública a los vendedores ambulantes, a los puesteros y ahora, en su avance antisocial, busca la destrucción del sistema de recolección de materiales reciclables que está a cargo de las cooperativas de recuperadores urbanos.
Los cartoneros, durante la gran crisis económica y social de 2001/2002, convirtieron una necesidad en una virtud. Y generaron un circuito, valga la redundancia, virtuoso en lo social, ambiental y productivo.
Por un lado, mediante la recolección de materiales reciclables que dejaron de ir a enterramiento y, por otro, porque las cooperativas son proveedoras de la industria del reciclado. Según estimaciones del sector por cada recuperador urbano se generan cinco puestos de trabajo en esta industria tan dinámica.
“Con el cartón recuperado se vuelve a hacer otra caja de cartón. Con una botella de plástico se vuelve a hacer otra botella de plástico; con el aluminio se vuelve a hacer chapa para hacer un electrodoméstico”, señala Alicia Montoya, del equipo técnico de la Cooperativa El Álamo.
Y lo más importante: la inclusión social de casi 7 mil trabajadores y trabajadoras en la Ciudad de Buenos Aires que hoy Jorge Macri quiere hacer desaparecer. El primer paso fue el desfinanciamiento del sistema, el cierre de puntos verdes, la eliminación del transporte, los atrasos en los pagos de los incentivos y el abandono paulatino del mantenimiento de los centros verdes. Y el segundo, la habilitación de empresas privadas para que compitan en una licitación con las cooperativas.
La Secretaría de Higiene Urbana, dependiente de la Jefatura de Gobierno, publicó los Anteproyectos de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el “Servicio de Recolección, Traslado y Procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, con una ventana de diez días para la realización de observaciones y sugerencias.
La iniciativa reemplaza el sistema anterior de concurso público por cuatro años para las cooperativas, a las cuales se les reconocía su preexistencia, y que comenzó a regir en enero de 2013 con sus correspondientes renovaciones.
Las cooperativas presentaron oficialmente sus observaciones, dejando constancia de que “no implican consentimiento del procedimiento de Licitación Pública elegido, del formato de licitación abierta, ni de ninguna de las cláusulas de los Anteproyectos de Pliego, y se formulan sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que pudieran corresponder”.
Según la presentación, el texto oficial viola leyes ambientales vigentes y representa un “retroceso sustancial” en la inclusión social de los cartoneros. El bloque legal que el pliego pretende “ignorar” es el principal argumento jurídico de las cooperativas. Se trata de dos leyes fundamentales que, según sostienen, el nuevo pliego contradice de forma directa.
La Ley N.º 992 (año 2002) declaró la gestión de residuos secos como un Servicio Público e incorporó formalmente a los cartoneros a la Higiene Urbana. Al abrir la licitación bajo el régimen general de compras y contrataciones, en lugar de tratarla como una concesión de servicio público, el Gobierno porteño estaría utilizando una “vía procesal equivocada” y esquivando el control del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.
La Ley N.º 1.854 (Ley de Basura Cero, año 2005) profundizó el modelo de inclusión al garantizar por ley la prioridad y la exclusividad de las cooperativas en la recolección diferenciada. El nuevo texto oficial borra esa exclusividad histórica y vulnera el mandato de los artículos 44 y 47, que obligan al Estado a financiar la capitalización de las cooperativas en lugar de exigirles las mismas garantías comerciales que a una multinacional.
Para las cooperativas, las exigencias patrimoniales están diseñadas para corporaciones capitalizadas y constituyen una causal de expulsión de las cooperativas del sistema.
Además, cuestionaron que los anteproyectos “reducen de quince a seis las zonas de prestación del servicio y el plazo contractual de cuatro a dos años, sin que conste en las actuaciones un estudio de impacto social, laboral, operativo o ambiental que fundamente ninguna de las dos modificaciones. Dicha orfandad de motivación, tratándose de un cambio estructural del sistema, constituye un vicio en un elemento esencial del acto administrativo que se prepara”.
No son pocas las especulaciones respecto del establecimiento del plazo de dos años, que hará coincidir su finalización con la concesión del servicio de higiene urbana que actualmente recolecta los residuos húmedos, áridos, poda y voluminosos. La hipótesis es que ambos servicios podrían unificarse y terminar así con cualquier participación de las cooperativas.
“Detrás de esto también hay una cuestión nacional que se está discutiendo y una necesidad de matar a la madre que parió tantos hijos en todo el país. Hay cooperativas absolutamente en todo el país, hay plantas de reciclado en todo el país, hay políticas públicas en distintos lugares del país”, asegura Alicia Montoya.
“Lo cooperativo, lo comunitario, lo que está al servicio de la comunidad, lo que no es solamente un negocio – dice Alicia – está cuestionado por ellos. Nosotros somos uno de los tantos que entran en la tanda de los cuestionados y de los que hay que eliminar. Pero, como tantos otros, estamos dando la batalla”.
Y agrega: “En la comunidad de Villa Pueyrredón, de Parque Chas, de Agronomía, de Ortúzar, de Devoto, de Villa del Parque y de Villa Santa Rita, que son los barrios que tenemos asignados por contrato, donde prestamos el servicio, encontramos muchísima solidaridad, muchísima ayuda”.
Pronunciamiento de organizaciones ambientales
Distintas organizaciones ambientalistas manifestaron su preocupación ante la vulneración “de los principios y objetivos establecidos en las Leyes N.º 992 y N.º 1854, que constituyen el marco normativo del sistema de reciclado con inclusión social y de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
A su vez, resaltaron la importancia de preservar “un modelo de gestión que, a lo largo de más de dos décadas, se ha consolidado como una de las experiencias más reconocidas de América Latina en materia de reciclado con inclusión social”.
Los ambientalistas hicieron hincapié en que “el Servicio Público de Recolección Diferenciada ha demostrado que es posible combinar inclusión social, eficiencia ambiental y recuperación de materiales reciclables, constituyéndose en un componente central para el cumplimiento de los objetivos de la Ley N.º 1854 (Basura Cero)”.
También solicitaron que en el proceso de elaboración del nuevo pliego se “garanticen instancias efectivas de participación de las cooperativas y demás actores del sistema, y que toda modificación propuesta se encuentre debidamente respaldada por información técnica, ambiental, económica y social, incluyendo la evaluación de sus impactos sobre la logística del servicio, la infraestructura existente, las condiciones de trabajo de las y los recuperadores urbanos y el cumplimiento de las metas de recuperación y valorización de residuos establecidas por la legislación vigente”.
Las organizaciones firmantes son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Avina; Fundación Ciudad; GAIA; ÍNACO; Jóvenes por el Clima Argentina; Taller Ecologista; Organización Isla Verde; Red Universitaria por la Crisis Climática y Fundación Germán Abdala.
Respaldo de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras
Las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se pronunciaron en respaldo de las cooperativas de recuperadores urbanos y manifestaron su preocupación por los cambios que plantea el nuevo sistema de recolección de residuos secos.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales aprobó una resolución en la que expresó su “profunda preocupación” ante el nuevo Pliego de Especificaciones Técnicas, al considerar que deja en situación de desventaja a las cooperativas de recuperadores urbanos de la Ciudad.
Además, manifestó su rechazo a “cualquier iniciativa que excluya a las cooperativas de recuperadores urbanos del sistema de gestión de residuos”, por entender que contraviene las leyes N.º 1.854 de Basura Cero y N.º 992, desconoce su rol social y ambiental y afecta “el derecho a un ambiente sano y al trabajo digno de miles de familias”. La resolución también solicita al Consejo Superior de la UBA que se pronuncie en el mismo sentido.
Por su parte, las autoridades y representantes de profesores, graduados y estudiantes del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras expresaron, “por unanimidad de mayorías y minorías”, su firme apoyo a las cooperativas frente al nuevo pliego.
Filosofía y Letras destacó que las cooperativas son “un pilar fundamental de la economía circular y de la gestión sustentable de residuos” y reivindicó tanto su aporte ambiental como la inclusión social y laboral que genera la actividad. También remarcó su conocimiento territorial y el vínculo directo que mantienen con los vecinos de cada barrio.
La Facultad reclamó al Gobierno porteño incorporar criterios de inclusión social y economía popular en la evaluación de las ofertas, garantizar condiciones que permitan la continuidad y el fortalecimiento de las cooperativas y establecer mecanismos de articulación y apoyo técnico que reconozcan su experiencia y trayectoria.
