La Defensoría del Pueblo elaboró un proyecto de ley que – entre otras medidas – establece la creación de un Registro de Talleres y Actividad Textil con el objetivo de garantizar las condiciones laborales. Además de la constitución de un Consejo de Seguimiento integrado por organismos estatales y organizaciones sociales.
El Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, anunció que presentará ante la Legislatura un proyecto de ley con el objeto de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñan en los talleres textiles de la ciudad, cualquiera sea su nivel de participación en el proceso productivo.
Uno de los puntos destacados de esta iniciativa está vinculado con la creación de un Registro de Talleres y Actividad Textil y la constitución de un Consejo de Seguimiento integrado por organismos estatales y organizaciones sociales.
El proyecto establece que deberán inscribirse tanto la empresa que solicita la fabricación de prendas como el taller textil, que deberá informar la nómina de sus trabajadores.
Las empresas solicitantes deberán mantener su información actualizada, tener vinculación exclusivamente con los talleres textiles que se encuentran registrados y comercializar solamente las prendas y productos que lleven la identificación correspondiente al taller registrado.
En cuanto a los talleres, además de la información actualizada, deberán registrar al personal que se desempeñe en el establecimiento de acuerdo a la modalidad de vinculación que posea, cumplir con los estándares de habilitación, seguridad y de condiciones y medio ambiente de trabajo en el establecimiento, contratar los seguros pertinentes por su actividad y, por último, hacer colocar en cada prenda o producto su identificación como taller registrado.
También promueve acciones estatales de fomento y asesoramiento del Poder Ejecutivo porteño a las empresas relacionadas con talleres textiles, además de acciones de fiscalización y sanción.
La Comisión de Seguimiento de la ley estará integrada por la Defensoría General de la Ciudad, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Legislatura, la Defensoría del Pueblo, la Procuración General, el Ministerio Público, sindicatos de la actividad, colectividades, y la Pastoral Social de Buenos Aires.