En base a una encuesta realizada sobre la muestra de mil casos en la ciudad, el diputado porteño por el Frente Progresista Popular, Fernando Muñoz, elaboró un proyecto de ley para la creación de una oficina que atienda y contenga los conflictos que suele haber entre inquilinos e inmobiliarias. En la ciudad el 33 por ciento de los hogares son alquilados.
Por Luciana Aghazarian
En los últimos cuatro años se presentaron en la Legislatura porteña siete proyectos para regular el alquiler en la ciudad, que no terminaron tratándose en comisión. Según la oposición el PRO justifica la falta de quórum en que no es una cuestión en la que el Estado tenga que interceder sino que este tema debe librarse a las reglas del mercado.
Mientras tanto, la escasa oferta de inmuebles en alquiler y la amplia demanda por parte de quienes no pueden acceder a la vivienda propia trae como consecuencia irreconciliables conflictos entre inmobiliarias e inquilinos.
Según una investigación realizada por el diputado porteño Fernando Muñoz (Frente Progresista y Popular), el 56 % de los encuestados entiende que las comisiones a pagar son la mayor dificultad para sostener un alquiler. Asimismo, según el 28% pagar la cuota mensual le implica el 30% de su salario.
Del mismo modo, las personas encuestadas coincidieron en su mayoría que las inmobiliarias son las principales “responsables” de la problemática de los alquileres, seguidas por el Estado.
La encuesta fue realizada en base a una muestra de mil personas de las cuales doscientos son monotributistas o trabajadores informales.
Teniendo en cuenta que el 33 por ciento de los hogares en la ciudad están atravesados por contratos de alquiler y con el objetivo de visibilizar el conflicto que suele haber entre inquilinos y propietarios e inmobiliarias, Muñoz presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear una oficina de atención a los inquilinos.
“Sabemos la posición del PRO en relación al tema y el poder que tienen las inmobiliarias, por lo que preferimos poner al descubierto cuáles son las prioridades, visibilizar el tema, para que no se caiga de nuevo de la agenda de discusión. Y en la medida que encontremos mayor consenso vamos a ir avanzando”, asegura el diputado porteño a El Barrio Villa Pueyrredón.
La ley 2.340 de 2007 que regula las inmobiliarias prohíbe que las comisiones superen el mes de alquiler de vivienda, sin embargo, según Muñoz, en la mayoría de los casos esto no se cumple.
“También sucede que le están haciendo pagar al inquilino el ABL y las expensas extraordinarias y le están exigiendo que entregue el departamento pintado. Estos abusos se dan, por un lado, por la ausencia total del Estado y, por el otro, por una restringida oferta”, dice.
Según el censo 2010 solo en la ciudad de Buenos Aires hay 240 mil propiedades, entre viviendas y departamentos de uso profesional y oficinas, desocupadas. En relación a este punto también hay proyectos legislativos presentados con el objetivo de gavar la vivienda ociosa.
Sin embargo, la falta de compromiso por parte del oficialismo en relación a la problemática hecha por tierra la posibilidad de que prospere cualquier proyecto de regulación en este sentido.
“El PRO plantea que es el mercado el que debe regular la relación entre el propietario y el inquilino, que el Estado no se debe interferir. Pero esa libertad de mercado es la libertad del poderoso a someter a los más débiles incumpliendo la ley. Así, por ejemplo, el que no tiene garantía o el que no puede pagar dos meses de comisión puede terminar en un hotel o pensión compartiendo baño y cocina, o alquilando en una villa”, asegura.
En caso de que hubiera algún incumplimiento de la ley por parte de las inmobiliarias la respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad es Defensa del Consumidor. Más allá de esta alternativa, en lo concreto, el inquilino, actualmente, tiene dos vías para canalizar reclamos y, según comenta Muñoz, ambas son pagas.
Una es CUCICBA (colegio que regula la actividad inmobiliaria) que cobra 360 pesos el formulario de denuncia y la ONG Unión Argentina de Inquilinos donde hay que pagar por la consulta con un abogado.
“Este es el cuadro que nos lleva a plantear la necesidad de la creación de una oficina pública en el ámbito de la Defensoría del Pueblo para atender el problema de los inquilinos. Necesitamos dentro del Estado más aliados para el sector que está siendo más hostigado”, explica el legislador.
En marzo comienzan las sesiones ordinarias y el Frente Progresista y Popular tiene la expectativa de convencer a los distintos bloques e incluso a la oposición.
“La creación de una oficina pública no debería ser traer demasiado conflicto. La idea es generar un espacio de conciliación y para difundir lo que está ocurriendo en el sector. Creo que vamos a encontrar acuerdo natural y rápido tanto con bloques de izquierda y con el Frente para la Victoria y, me parece, con algunos sectores del PRO. Sobre todo si la Defensoría del Pueblo se presenta a las discusiones, vamos a llegar a un acuerdo”, concluye Muñoz.
La oficina contaría con un equipo de abogados al servicio del inquilino y generaría las bases para la creación de un observatorio que convoque a la Cámara Inmobiliaria para rediscutir el contrato inmobiliario, como ya sucedió en las ciudades de Rosario y La Plata.