El último mes de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña suele ser frenético y el de este año no fue la excepción. La mayor atención se la llevó el tratamiento del Presupuesto del próximo año, el primero elaborado por la gestión de Rodríguez Larreta, junto al polémico endeudamiento que lleva aparejado. Quiénes ganan y quiénes pierden en el reparto de recursos.
Por Fernando Casasco
El Presupuesto 2017 que aprobó la Legislatura porteña contempla gastos totales por 178.223 millones de pesos, un 27% más que lo presupuestado para el presente año. En línea con las estimaciones económicas del Gobierno nacional, la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta estima un crecimiento del 3,5%, un tipo de cambio promedio de $17,92 y una inflación del 17%.
Además, la nueva ley estima un superávit económico primario de $28.083 millones (35,3% por encima del proyectado para el cierre de 2016), el cual será utilizado para financiar el 82% del plan de obras del año 2017.
Del lado de las erogaciones, como es costumbre, el Gobierno de la Ciudad suele hacer hincapié en la inversión en áreas sociales, que ascenderá a más de $95 mil millones (53,5% del total).
De todos modos, si se observa el desglose, el presupuesto destinado a salud ($29.403 millones, 20% más que en 2016) y educación ($ 32.990 millones, 22.4% de aumento), aumentan por debajo del global de los gastos generales, con lo cual pierden participación respecto a otras áreas.
Las áreas que sí se ven beneficiadas, con un importante salto en materia presupuestaria, son las de obras públicas, vivienda y seguridad. En este último apartado, se incluye la flamante incorporación de la Policía de la Ciudad, creada también por otra ley de la Legislatura.
El área de seguridad se llevará en total $29.457 millones: había comenzado 2016 con $5300 millones, aunque – con las ampliaciones presupuestarias – lo termina con $21.500 millones.
Vivienda es el rubro que más creció en su participación en el presupuesto, pasando de $3500 millones a $ 9164 millones, con un alza del 161%. Las erogaciones contemplan el plan para la construcción de viviendas, urbanización e integración en las villas 31-31 bis y 20, y en otros asentamientos como Papa Francisco, Rodrigo Bueno, Fraga y el Barrio Saldías. En materia de obras públicas se destaca la intención del Gobierno de la Ciudad de avanzar con el Paseo del Bajo.
Por otra parte, a la hora de debatir el aumento en los impuestos que pagan los porteños, se coló el problema de la inflación acumulada durante este año. Para el Impuesto Inmobiliario (que incluye el ABL) se prevé un incremento promedio del 30 por ciento, con un tope del 38 por ciento. Si bien el aumento supera lo expresado en los últimos ejercicios fiscales, está por debajo del alza de precios con el que se estima que cerrará 2016.
El diputado oficialista Alejandro García subrayó que “la última valuación de inmuebles realizada data de julio de 2015, y que la inflación acumulada entre esa fecha y julio de 2016, momento de esta nueva valuación, alcanzó el 44,1 %”. Asimismo, la oposición cuestionó (por modesta) la cifra de 17% de inflación prevista para el próximo año.
Para la aprobación final del proyecto, el oficialismo debió agregar a los votos propios, las manos alzadas de la cuasi-oficialista Confianza Pública, de Graciela Ocaña, y a las del interbloque peronista, que aglutina a los legisladores del Bloque Peronista (reciente escisión del Frente para la Victoria) y a Claudio Palmeyro, del monobloque Sindical Peronista.
Los “pejotistas” enfrentados al kirchnerismo vienen trabajando en la ciudad en la línea marcada por las huestes de Diego Bossio en el Congreso Nacional y que en la ciudad tienen como máximos exponentes al ex titular del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, y a su esposa, la legisladora María Rosa Muiños.
Por el lado de Ocaña, cada vez oculta menos su acercamiento con el Pro. El año pasado ya se habló de su posible participación en las listas del macrismo. Actualmente es la candidata del presidente Mauricio Macri al cargo vacante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para el cual cuenta con el aval de Rodríguez Larreta y de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Lo tiene difícil: necesita el voto de los dos tercios de ambas cámaras y el peronismo – con amplia mayoría en el Senado – quiere a alguien de sus propias huestes en ese cargo.
Recapitulando, el Presupuesto tuvo 34 votos a favor; 13 en contra, del Frente para la Victoria, partidos de izquierda y Bien Común (Gustavo Vera); y 12 abstenciones, todas ellas de Suma+, el interbloque que responde a Martín Lousteau, la Coalición Cívica y el Partido Socialista, en lo que constituye una señal de diferenciación de una parte de Cambiemos, de cara a las elecciones porteñas del año próximo.
De todos modos, el oficialismo tuvo una diferencia algo más holgada en comparación con la aprobación del presupuesto 2016: aquella vez el PRO necesitó tres votos positivos de los radicales para sumar 32, contra 21 votos en contra y 7 abstenciones.
Deuda que me hiciste mal
El problema de la deuda ha sido histórico para la Argentina. Desde el empréstito con la Banca Baring, contraído por Bernardino Rivadavia durante su breve presidencia en 1826 hasta la crisis de 2001, gran parte de los esfuerzos del país (de sus habitantes) se ha ido en pagar costosas obligaciones externas, sin que ello haya favorecido su desarrollo.
Tras más de una década de desendeudamiento, pago al Fondo Monetario Internacional y renegociación con bonistas mediante, el gobierno de Mauricio Macri inició una política agresiva de toma de deuda en mercados externos.
Según un informe del Observatorio de Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, durante los primeros once meses de 2016 el gobierno nacional, las provincias y las empresas emitieron bonos por 53.527 millones de dólares.
La reinserción plena en el mercado financiero internacional elevó el peso de los pasivos externos del 43,5 al 54,6 por ciento del PBI. Desde que Cambiemos asumió el Gobierno, el país se endeuda a un ritmo de 152 millones de dólares por día.
Recientemente, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, destacó que “este tipo de modelo”, con tasas de interés altas, dólar fijo, reducción de ingresos y debilitamiento del empleo, “indefectiblemente requiere el endeudamiento externo e indefectiblemente termina en una situación de colapso”.
Y el propio Carlos Melconian, economista ortodoxo y titular del Banco Nación, admitió que “si te pasás de rosca con la deuda, Lavagna termina teniendo razón”.
Esto no es novedad para los porteños. En ocho años como Jefe de Gobierno, Mauricio Macri elevó la deuda externa pública de la Ciudad de US$ 574 millones a más de 2.100 millones.
Más allá de que el nivel de endeudamiento respecto a los ingresos totales, continúa siendo bajo, lo que cuestionan los especialistas es el destino de esa deuda. Si la inversión en infraestructura no creció al mismo nivel que la deuda, las obligaciones fueron emitidas para pagar gastos corrientes o para enfrentar servicios de la propia deuda.
Eso también se discutió en la Legislatura: junto al Presupuesto 2017, se autorizó al Ejecutivo porteño a endeudarse por más de 700 millones de dólares. El cuerpo colegiado dio su aval para pedir 170 millones de dólares al Banco Mundial para realizar las obras de urbanización de la Villa 31; y para un préstamo por 320 millones de dólares ante el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, para parte de las obras del Paseo del Bajo, el Metrobus y la modernización del Subte (compra de vagones de las líneas E, B y D y cambio de vías).
Pero también se autorizó otro pedido de endeudamiento por 285 millones de dólares que apunta a emitir títulos de deuda pública en el mercado local para refinanciar el pasivo de la Ciudad. Esto es deuda para pagar deuda: un círculo vicioso que terminan pagando los ciudadanos.