Madrid registra oficialmente 4750 ancianos fallecidos provenientes de sus residencias, el 82% del total, y unos 10.000 en todo el país por el virus SARS-Cov-2* equivalentes a más del 50% de los muertos. Datos tomados al 13 de abril. Falta de material sanitario y de protección en la residencias, sumado al desborde de la terapia intensiva en Hospitales, que obliga a seleccionar la entrada en función de la edad del paciente, convierten esta situación en un geronticidio.
Por Nahuel Olivieri, periodista español residente en Madrid
Ellos educaron y alimentaron a toda nuestra generación y ahora nosotros los tenemos abandonados en residencias que aquí, en España, se han visto totalmente desbordadas y sin armas para enfrentar al Coronavirus. Las residencias de ancianos no son centros médicos ni están preparados para serlo y por eso, una vez el virus se adentra en el seno de estos hogares, es absolutamente letal.
España está sufriendo de lleno este problema con más de 10.000 residentes de estos centros fallecidos desde el inicio de la crisis, lo que supone más del 50% de las defunciones por SARS-COV-2 en este país al 13 de abril.
Los datos son especialmente dramáticos en la Comunidad de Madrid. La capital registraba a la fecha, según fuentes oficiales, 4.750 ancianos fallecidos a causa de este virus provenientes de sus residencias, la mayoría de titularidad privada o concertada (431 de las 474 residencias ubicadas en Madrid). Equivalente al 82% del total de las muertes en esta comunidad. En Cataluña alcanza la cifra de 1.900, el 53% de los decesos de esta comunidad.
La falta de material sanitario y de protección, tanto para residentes como para enfermeras, está provocando un colapso en estos centros, el cual se suma al de los propios hospitales que ya no tienen camas UCI (terapia intensiva) disponibles y que se están viendo obligados a seleccionar la entrada en función de la edad del paciente. Una situación límite que está desbordando a todo y a todos.
Hemos hablado con una enfermera de una residencia madrileña gestionada por la administración pública. Ella asegura que “falta material de protección y sobre todo test, tanto para los ancianos como para los trabajadores, muchos de ellos contagiados” y que estos últimos están viviendo con un sentimiento de gran “angustia e impotencia al no poder llegar a cubrir todas las necesidades de los residentes”.
Esta situación, que se reproduce en mayor o menor medida en todas las residencias españolas y sobre todo madrileñas, se debe fundamentalmente a que “hay personal del centro, de todas las categorías, que no trabajan por estar infectados por el COVID-19 y aunque hay orden de contratar más personal, no se encuentra gente para las suplencias”, como explica esta enfermera que, además, advierte que “los trabajadores que quedamos tenemos que asumir un volumen de trabajo que nos supera, además de la importante carencia de material sanitario y de protección”.
“Al final del día te queda la sensación de no estar haciendo bien nuestro trabajo” añade la sanitaria, que recuerda que ellos también se están arriesgando a contagiarse y a enfermar a sus familiares “tenemos mucha incertidumbre sobre si llegarán los materiales de protección y mientras tanto vamos con precaución y desinfectando todo al máximo, pero eso no quita que tengas miedo de tener síntomas o de tener el virus e infectar a alguien, ya que siguen sin hacernos los test”.
La enfermera, trabajadora de un centro público, reconoce que se sienten “abandonados por las instituciones” y les recrimina que “si habitualmente ya está la sensación de que servicios sociales es el patito feo de la administración, siempre teniendo que reclamar nuestros derechos, en esta situación lo es aún más”. La sanitaria termina recordando que al comenzar la crisis de la pandemia, “las residencias fuimos las últimas en recibir las instrucciones de cómo manejarnos ante los ancianos infectados y las defunciones de los mismos”.
La dejadez de estos centros geriátricos lleva tiempo siendo la tónica habitual en la mayoría de las comunidades autónomas españolas donde tenemos casi 6.000 residencias, gran parte de ellas de titularidad privada, que acogen a casi 390.000 ancianos.
Un abandono que se ha sustentado en gran medida por el sobreesfuerzo que han tenido que hacer los trabajadores y que, ante una crisis como la del Coronavirus, se han visto totalmente desbordados e incapaces de frenar la propagación del virus entre sus pacientes.
Una crisis sin precedentes que debe hacer que tanto las instituciones públicas como las empresas privadas que administran estos centros cambien su modelo de gestión y acaben con la precariedad habitante en las residencias españolas.
Y deben hacerlo porque quienes nos han criado, educado y sacado adelante se merecen que los cuidemos y, sin embargo, los están dejando de lado cuando más necesitados y en riesgo están y los números son el mejor y, por desgracia, el peor reflejo del drama y el miedo que están viviendo nuestros mayores y sus cuidadores desprotegidos ante la peor pandemia a la que se ha enfrentado la humanidad.