Trasfondo político de una trama
que sacude a la gestión porteña
La acusación de asociación ilícita que se investiga en el marco de pagos para proteger a comerciantes y “trapitos” que alcanzarían lo más alto de la flamante fuerza puso en jaque a José Pedro Potocar, pero salpicó al gobierno local. Enfrentamiento entre Elisa Carrió y Daniel Angelici agregó suspicacias al caso. Qué dice la acusación y qué pruebas maneja la justicia en un expediente que puede dejar huella en el futuro de la fuerza porteña.
Por Gabriel Morini
El escándalo detonó no solo como parte de la sabida corrupción policial, sino como lectura política de un enfrentamiento más amplio entre Elisa Carrió y Daniel Angelici. Todo el caso puso en vilo al ministro de Seguridad porteño Martín Ocampo, alfil del “Tano”.
El 25 de abril, cuando quedó detenido, el comisario general Potocar presentó un descargo por escrito y manifestó su intención de declarar. El suspendido jefe de Policía de la Ciudad amplió su declaración indagatoria el 4 de mayo ante el juez de instrucción Ricardo Farías. Potocar presentó su renuncia una semana después cuando la Sala VII, integrada por los camaristas Mariano Scotto y Mauro Divito, rechazó su pedido de excarcelación.
Se trata de una causa en la que se investiga si policías de la Comisaría 35 exigían sumas de dinero a cambio de “protección” a comerciantes, y en la que están detenidos varios oficiales de la Policía procesados con prisión preventiva, entre ellos la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti.
Para la justicia, los policías “responsables de recaudar el dinero semanalmente”, de los comerciantes y trapitos de la zona de Núñez, le “rendían cuentas” a su jefe de la seccional 35, el comisario Norberto Villareal, aún prófugo, “quien a su vez lo hacía” con Potocar.
La acusación dice que “según una marcada división de tareas y en abuso del poder público que se les confió a los efectivos policiales, llevarían adelante la comisión desde el mes de enero de 2016 distintos delitos de acción pública”.
Esto habría ocurrido mientras como titular de la seccional estuvo el comisario Villarreal, con orden de captura nacional e internacional. Según la acusación, un grupo de policías subalternos eran “los responsables de recaudar el dinero semanalmente, el cual ascendería entre dos mil y tres mil pesos por mes, de los comercios y empresas de la zona para luego concurrir a la sede policial y rendirle cuentas a su jefe, Villarreal, quien a su vez lo hacía con Aveni y Potocar”.
La acusación instruida por el fiscal José María Campagnoli se apoya en el testimonio de dos detenidos y en un cuaderno de notas de Villarreal, donde hay anotaciones que harían referencia a Potocar, aunque su nombre no es explícito.
Campagnoli es uno de los propuestos por Carrió para ocupar la Procuración General, en caso de desplazamiento de Alejandra Gils Carbó. Su hermana es una de las mejores amigas de la chaqueña y armadora de la Coalición Cívica en la Provincia de Buenos Aires. Carrió tiene la peor de las opiniones de Angelici que jura no conocer a Potocar, pero cuya situación complicó políticamente a Ocampo y salpicó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Entre las causales del escándalo se encuentra el vertiginoso traspaso de las 53 comisarías de la Federal a la órbita porteña, que inmediatamente disparó problemas subterráneos que no fueron advertidos.
Contradiciendo la opinión de expertos que aconsejaban trasladar la responsabilidad jurisdiccional en varias etapas, como lo hicieron otros estados del mundo (léase Barcelona, cuyo traspaso insumió casi una década), Rodríguez Larreta se inclinó por la postura que proponía acelerar el trámite a menos de un año de duración. El descontento se tradujo en una estadística sintomática: el aumento de los secuestros extorsivos en la Capital, un dato anteriormente irrelevante.
El Gobierno ensayará reemplazo por un jefe civil para la fuerza cuando logre recobrarse del sacudón que el caso significó para el macrismo, llamado a cumplir un mandato de transparencia sobre el que siempre hizo eje su campaña. Ningún jefe de policía porteño – ni siquiera Eugenio Burzaco reemplazante de Jorge “Fino” Palacios – logró eludir un expediente judicial que lo tiene entre los implicados. Se llegaron a viralizar videos filmados por uniformados donde de alguna forma increpan a su jefe político, Martín Ocampo.
Fue un síntoma de ausencia de respeto por la autoridad que está a cargo de la Seguridad y una muestra de exhibir de manera cruda el descontento que va desde lo salarial hasta lo simbólico. Eso sin contar lo que no podría ser secreto para nadie cuando maduró el traspaso: las históricas cajas policiales que provienen de prácticas non sanctas de protección, apriete y aval de actividades ilegales, cuando no, participación policial en ellas.
En una inusual medida, los familiares de Potocar no solo clamaron su inocencia sino que también realizaron una marcha frente al Palacio de Tribunales, postulando que su encarcelamiento y acusación eran una injusticia contra un hombre que había llegado para combatir esas mafias enquistadas en la institución policial. No son pocos los que creen que también esta cuestión puede estar en el fondo del problema, resuelto a modo de interna.
“La fiscalía actuante lo que debe hacer es recoger prueba de cargo y prueba de descargo, los jueces van a tener que resolver sobre esa información que es de muy mala calidad. Quiero saber cómo se va a mantener una causa con la poca prueba que hay hasta el momento”, dijo el abogado del jefe policial antes de la ampliación que se extendió por cinco horas.
Según su abogado, el fiscal Campagnoli preguntó “acerca de un organigrama de cobros, organigrama que debió investigar hace meses”. “En la causa no hay prácticamente ninguna prueba que involucre ni directa ni indirectamente a Potocar. No sabemos si es una cuestión política o de vedetismo o de posicionamiento de la fiscalía”, aseguró el defensor.
Aveni – involucrada en la investigación – contra denunció en la justicia federal a Campagnoli. La denuncia contra el fiscal, según el Centro de Información Judicial, fue calificada provisoriamente en base a los delitos denunciados por los abogados de Aveni como ser incumplimiento de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento.
El juez federal Sergio Torres deberá entender en la cuestión. Aveni fue procesada el mes pasado, y embargados sus bienes por un total de 350 mil pesos al considerarla el juez Luis Farías jefa u organizadora de una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas.
El caso incluyó un paso de comedia. La defensa de Potocar sorprendió al difundir la versión de que recusaría al fiscal Campagnoli apoyado en un elemento objetivo que constaba en la causa. En el cuaderno del comisario que se había profugado figuraba, manuscrito y entre las referencias, el nombre “Campagnoli”, lo que daba a entender que en el mismo lugar donde se consignaban los retornos, se mencionaba al fiscal.
Horas después, y gracias a que había un teléfono asociado en ese garabato, se reveló que esa nota hacía referencia al legislador porteño José Cruz Campagnoli. Casi homónimo del fiscal aunque no hay parentesco; el diputado confirmó que por la organización de un recital en Saavedra mantuvo una reunión con ese comisario. Para más prueba, el teléfono que figuraba escrito pertenecía a uno de sus asesores.