La causa por la que estuvo preso el exjefe
de la policía porteña José Pedro Potocar
El caso por posible cobro de coimas por protección a comerciantes y “trapitos” en la zona de Belgrano y Núñez se encamina a una definición. Tras el despiece de la Policía de la Ciudad y de su flamante jefe acusado de ser el líder de la organización, la Cámara del Crimen tendrá que definir si continúa fuera de prisión. La justicia federal ahora investiga el origen del anónimo que nutrió el comienzo de la investigación del fiscal Campagnoli. Un comisario cuya captura se dictó en noviembre del año pasado, sigue prófugo.
Por Gabriel Morini
Un ex jefe de la policía liberado, un comisario prófugo, un informe de inteligencia anónimo bajo la lupa de la justicia y una trama de corrupción y pagos ilegales que se desmoronó como castillo de naipes es el resumen del expediente que mantuvo en vilo a la Policía de la Ciudad y que sumió al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en una “mini-crisis”.
José Pedro Potocar pagó con tres meses de cárcel y con su cargo quedar vinculado a una supuesta red de cobro de coimas y tarifas extorsivas de protección a trapitos y a más de 30 comercios de la zona de Núñez y Saavedra con la Comisaría N°35 como epicentro.
La investigación llevada adelante por el fiscal José María Campagnoli quedó dañada con esta decisión judicial de liberar al ex comisario, por quien hasta sus familiares hicieron una marcha en proclamación de su inocencia.
Sin embargo, la causa perdió su inicial velocidad y ahora se enruta a la investigación de la investigación, pese a que quedan cabos sueltos para anudar con el fin de establecer las responsabilidades en los hechos que evidentemente ocurrieron.
Toda la cuestión también es imposible de desvincular del traspaso de las comisarías a la órbita porteña, algo que despertó el recelo de la fuerza y que se inscribe en una interna de vendettas con la Policía Metropolitana.
“Me dirijo con uniforme y en el móvil policial al encuentro con Potocar, llevándole la suma de 1.500 pesos los cuales conté dentro del móvil, frente a mi chofer. El dinero se lo entregué en mano a Potocar en el interior de su oficina, estando solos…”.
La denuncia la hizo el subcomisario Marcelo Stefanetti en su indagatoria ante el juez Ricardo Farías. Ese juez valoró la parte documental que fue considerada central para la causa. Un cuaderno secuestrado de la dependencia investigada, en el que aparecen las siglas “DGC. 4” que para el fiscal Campagnoli no significaban otra cosa un pago de 4.000 pesos a la Dirección General de Comisarías (DGC), entonces a cargo de Potocar.
A eso se suma un “informe de inteligencia” que fue una de las primeras claves para lo que devino en el encarcelamiento del ex comisario, y la base del expediente de más de 20 cuerpos que Campagnoli instruyó. M.A.M (solo las siglas de su supuesto nombre), un ex sargento de Gendarmería Nacional de 45 años dedicado a tareas de espionaje, fue el autor del escrito que abarcó 21 fojas.
M.A.M elaboró su informe entre abril y mayo de 2016 para luego presentarlo como una denuncia anónima el 6 de junio del año pasado, en pleno traspaso de las 54 comisarías de la Policía Federal Argentina ante el Ministerio de Seguridad.
La fiscal federal Alejandra Mángano requirió la investigación del origen de ese informe al juez Sergio Torres luego de denuncias de la defensa de una comisario imputada en la causa, Susana Aveni, jefa de la circunscripción a la que pertenecía la Comisaría N°35, que también fue detenida y que recuperó su libertad poco después de que lo hiciera Potocar.
Según el requerimiento fiscal y por las denuncias de la defensa de Aveni – con el intento infructuoso de la defensa de Potocar para invalidar esa prueba como antecedente – se buscará determinar la veracidad de ese escrito. “El presente describe una forma de recaudación no solo de la Comisaría Nº 35, sino que es el manejo de todas las comisarías de la Ciudad Autónoma. No solo es para el titular de la dependencia, sino que también lo percibe el jefe de zona y la Dirección General de Comisarías de José Pedro Potocar”, prometía el informe que contaba con datos filiatorios, comerciales y salariales del ex comisario.
En paralelo, está todo dado para que cuatro suboficiales de la Policía de la Ciudad, procesados en la misma causa que Potocar (por supuesta corrupción), afronten el primer juicio oral y público por cobrarle coimas a comerciantes y «trapitos» de los barrios de Núñez y Saavedra.
Para ello fue designado el Tribunal Oral N° 16, integrado por los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y María Cristina Bértola. Ellos serán los encargados de juzgar al suboficial escribiente Marciano Alberto Quiroga, al sargento primero Adrián Paul Otero, al sargento Sergio Gabriel Ríos y al cabo Alejandro Daniel Malfetano, acusados todos por “asociación ilícita y exacciones ilegales”.
Aunque de menor jerarquía que Potocar y Aveni, se trataría del primer eslabón de la cadena de responsabilidades que escaló hasta la cabeza de la fuerza y provocó un cimbronazo de proporciones cuando quedó preso el líder de la flamante policía local.
Una lectura política pervive detrás de la trama y es apta para lecturas conspirativas: Potocar fue un elegido por Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad porteño y hombre identificado con Daniel “Tano” Angelici, presidente de Boca Juniors y encargado de asuntos especiales en materia judicial del Gobierno Nacional. Potocar negó lazos o siquiera conocimiento de Angelici pero el impacto de su situación tuvo su réplica en el angelicismo.
Del otro lado del mostrador, Campagnoli tiene gran llegada con la archirrival del “Tano”, Elisa “Lilita” Carrió, socia fundadora de Cambiemos y enemiga absoluta del presidente xeneize a quien se ha cansado de denunciar. La hermana del fiscal es amiga y candidata bonaerense por el lado de los “lilitos”.
Más de uno en el gobierno sumó estos dos factores al trasfondo que derivó en un escándalo, contenido hábilmente por la administración porteña que trató de que Rodríguez Larreta quedara lo más afuera posible de alguna preferencia. A eso debe agregarse como condimento la interna, bastante bien llevada, que provocó el traspaso de las comisarías de la Policía Federal y su fusión con la Metropolitana.
Allí quedaron también disputas por negocios históricamente atribuidos al lado oscuro de las fuerzas de seguridad, cuya base de recaudación también se apoya en tarifar actividades delictivas.
A todo el caso Potocar debe agregársele que el comisario Guillermo Néstor Calviño tiene dictado una “falta de mérito” que significa que hasta el momento no hay pruebas suficientes ni para procesarlo ni para sobreseerlo del expediente por lo que cualquier elemento probatorio que se incorpore podría modificar ese status.
Pero también, y se vuelve algo increíble con el correr de los meses, permanece prófugo el ex titular de la comisaría 35, Norberto Villarreal, de cuyo cuaderno se analizaron las anotaciones sospechosas que permitieron hilvanar la acusación. Sin protección dentro de la propia fuerza (y no se descarta que de otras) sería imposible que el efectivo sea tan mal buscado que desde el miércoles 2 de noviembre de 2016, cuando se dictó su captura, hasta ahora no sea hallado. De seguir prófugo, Villarreal se encamina al record de permanecer un año en la clandestinidad.
“Villarreal cobraba personalmente el recargo que se abona por planilla a oficiales jefes, del cual cuando me entrega mi dinero, descubro que me había descontado dos mil pesos”, dijo sobre el prófugo Stefanetti. Evidentemente, Villarreal cuenta con los medios y el soporte para no ser encontrado.
En tanto, la Cámara del Crimen debe definir cómo continúa la situación de Potocar y de la ex comisario Susana Aveni. Ambos fueron excarcelados, pero la medida fue apelada por la fiscalía a cargo de Campagnoli. La Cámara del Crimen había convocado a las partes a una audiencia el 31 de agosto para resolver si continúan libres o vuelven a prisión. Se trata de una historia que continúa escribiéndose.