Tras el avance del coronavirus, lxs agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron que asumir una responsabilidad fundamental: permanecer en la calle y controlar la circulación. Sin embargo, muchos de lxs trabajadorxs se desempeñan bajo contratos precarios, sin obra social, ni ART.
Por Agustina Cavalanti
El avance del coronavirus COVID-19 en el país desató la emergencia sanitaria y, en consecuencia, el decreto de cuarentena obligatoria. El Gobierno porteño tomó una serie de medidas para controlar el ingreso y la circulación en la Ciudad. Dispuso un operativo de seguridad con policías, bomberxs, Guardia de Auxilio, Defensa Civil, Agencia Gubernamental de Control y, también, Agentes de Tránsito.
Pese a que lxs trabajadorxs de tránsito en la Ciudad resultan esenciales para ejercer los controles y hacer cumplir la cuarentena obligatoria, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta los precariza.
“Con la pandemia del coronavirus la mayoría de los agentes siguen sin obra social ni ART. Además, no hay grandes problemas con el tránsito, no son necesarios y los siguen exponiendo. Les dicen que son fundamentales en la calle. Si tan esenciales son, ¿no sería bueno que los pongan en blanco?”, dijo Micaela Miño, ex agente de tránsito.
Miño fue una de lxs 80 trabajadorxs que el Gobierno porteño despidió a principios de año. “Pertenecí al cuerpo desde 2016. Al ser monotributista me rescindieron el contrato el 2 de enero de 2020, inventando una cantidad de faltas para justificarlo. En septiembre de 2019, a partir del accidente que provocó la muerte de Cinthia y la situación de gravedad que quedó Santiago, fui una de las que encabezó la organización para exigir mejoras en las condiciones laborales. Ahí comenzó una guerra con la patronal y con el gremio SUTECBA porque les molestaba que luchemos por nuestros derechos”, aseguró.
La muerte de la agente de tránsito Cinthia Choque y el estado crítico en el quedó su compañero Santiago Siciliano, luego de ser atropellados por Eugenio Veppo cuando intentó esquivar un control en el barrio de Palermo, destapó un sinfín de irregularidades en las condiciones laborales de lxs agentes de tránsito.
Rápidamente se agruparon y movilizaron para reclamar justicia y mejoras en el trabajo, tanto salarial como de seguridad. “Ahí comenzó la persecución laboral y el hostigamiento, tanto de los jefes como del gremio”, agregó Micaela.
En octubre de 2019 la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), interpuso una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad con el objeto de que se otorgue estabilidad al personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad. Solicitó como medida cautelar se ordene al Gobierno que se abstenga de disponer cualquier acto administrativo o vía de hecho que implique la desvinculación del personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad.
“Lxs agentes trabajan siete horas por día, durante la semana, y doce horas los fines de semana. Hasta enero de este año se cobraba un total de 28 mil pesos, muy por debajo de la canasta básica. Más aún descontando 2000 pesos del monotributo y 1000 de ingresos brutos”, contó la ex trabajadora.
Pero la precariedad laboral no es sólo contractual. Según el fallo, lxs agentes realizan los operativos de control de tránsito sin contar con los recursos, ni con las condiciones de seguridad para esta actividad.
“Los puestos de control no cuentan con las medidas necesarias de seguridad para la detención vehicular (por ejemplo, bastones luminosos, delimitadores luminosos, una correcta demarcación del puesto)”. De esta forma, la medida cautelar exige que el Gobierno de la Ciudad “adopte las medidas de seguridad correspondientes que garanticen la vida e integridad física de lxs trabajadores” y que además “se disponga la inmediata contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) para quienes no la tengan”.
Así, el 1 de noviembre de 2019 la Jueza Patricia López Vergara hizo lugar al pedido de la medida cautelar de los amparistas y dispuso que el Gobierno porteño “deberá abstenerse de agravar y/o socavar y/o desfavorecer el vínculo que contractualmente refleja la situación laboral que mantiene a la fecha con los agentes de tránsito”.
Asimismo, demanda que se les debe brindar la protección necesaria hasta tanto cumpla con incorporarlos en la planta transitoria. Sin embargo, “intempestivamente” el 1 de enero de 2020 el Gobierno de la Ciudad negó el ingreso masivo de 80 personas que trabajan en el Cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte, “comunicando por nota simple la desvinculación negándose a entregarles copia de la decisión administrativa y sus fundamentos”.
“Se encargaron de seguir haciendo ajustes y aprovecharon el miedo, que metieron tras haber echado a la mayoría de los referentes de toda esta organización, para quitarles media hora de descanso, los vigilan por cámaras, los llaman para amedrentar y los clavan en la calle dejándolos muchas veces fuera de horario”, afirmó Micaela Miño.
Actualmente, la situación de lxs trabajadorxs no se ha modificado: de lxs 1800 monotributistas, pasaron a no más de 200 a planta transitoria. “En vez de reconocerles derechos laborales, los ajustes fueron cada vez peor y mis compañerxs diariamente son manejados bajo el miedo y la amenaza de dejarlos sin trabajo. Todavía no entendieron que la precarización laboral mata”, expresó Miño.
A fines de enero la jueza Elena Amanda Liberatori ordenó la reinstalación de la totalidad de las personas del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte desvinculadas. Dos meses después, aún no fueron reincorporadxs. En esta cuarentena, lxs agentes de tránsito son esenciales en la calle, pero invisibles a los ojos del Gobierno de Rodríguez Larreta.