De paso, tijerazo
Pasado un año de caída en el producto de la Ciudad, en su recaudación y en los fondos provenientes de la Nación, se viene un presupuesto con fuertes recortes al gasto. Y con varios aumentos que impactarán en el bolsillo de la población.
Por Fernando Casasco
En la edición de diciembre se intentó desde esta columna aclarar la situación en torno a la disputa por la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires. La Nación, a través de una ley del Congreso, recortó los fondos a transferir hasta el guarismo establecido en el decreto original (1,4%), a lo que se adiciona una suma fija para el mantenimiento del servicio de policía transferido en 2016.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó la inconstitucionalidad de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y de la norma sancionada por el parlamento y presentó su queja formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero mientras la situación se resuelve en el más alto tribunal del país, el ejecutivo porteño presentó un proyecto de presupuesto al que llamó “de contingencia” y en el que se intenta hacer frente a la detracción de esos fondos nacionales, a los cuales el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta consideraba como propios.
La justificación que se le intentó dar al reclamo por dichos fondos (medidos en escuelas u hospitales que se podrían construir con ellos), demostraba por sí sola la mentira del argumento original con el que el ex presidente Mauricio Macri aumentó el guarismo de “coparticipación” que recibía la Ciudad: el pago de la seguridad.
La justificación de Rodríguez Larreta a su vez cae en saco roto al comprobar que en los últimos cuatro años no se construyeron ni más escuelas ni más hospitales. En definitiva, debería ser la Ciudad la que explique en qué invirtió o gastó el dinero recibido de más, proveniente de las arcas federales.
Al recorte en las partidas provenientes de la Nación se suma la propia caída de la actividad provocada por la recesión dejada por el gobierno de Macri, a lo que se sumó la caída por la pandemia de coronavirus, lo que golpeó aún más la ya alicaída recaudación.
El resultado casi cantado fue un presupuesto de ajuste en la mayoría de las áreas cruciales, a lo que se suma un aumento en algunos impuestos estipulados en la Ley Tributaria. Los funcionarios porteños repitieron hasta el hartazgo que, si la Corte Suprema diera razón a sus consideraciones, se daría marcha atrás en los recortes dispuestos y los incrementos impositivos.
La ley de Presupuesto 2021 fue aprobada en la Legislatura con 39 votos afirmativos (bloques Vamos Juntos, UCR Evolución, GEN, Partido Socialista y Consenso Federal) y 20 negativos (bancadas de Frente de Todos, FIT y AyL). En números gruesos se estiman gastos por 612.643 millones de pesos e ingresos por 587.568,9 millones, con un déficit proyectado superior a los 25 mil millones de pesos.
Como de costumbre, el oficialismo resaltó que el 67% del gasto está concentrado en áreas sociales, incluyendo las de educación, salud, desarrollo social y seguridad. En tanto, las áreas que más sufrirán el ajuste son las de las obras públicas y la revisión de los contratos de recolección de residuos, mantenimiento de hospitales y espacio público, entre otros.
Si vamos al análisis área por área, en cambio, la realidad no suena tan prometedora. En salud, un área fundamental en tiempos de pandemia, la erogación total es de 97.585,3 millones de pesos, lo que representa un 15,9% del total presupuestado. Si se lo compara con lo que ocurría en 2007, cuando el macrismo accedió al Gobierno de la Ciudad, la salud descendió más de siete puntos en su participación en el presupuesto. Además, si se contabiliza la inflación, el ajuste en el área es de 5,8% respecto al año pasado.
Otro tanto ocurre en materia de Educación. El presupuesto es de algo más de 119 mil millones, lo que supone un 19,4% de los gastos totales, contra los más de 26 puntos que se invertían en 2007. Si se descuenta la inflación, la inversión en el área cae un 6,3%. La desinversión del gobierno de Rodríguez Larreta en materia educativa es palpable desde la propia admisión del Ejecutivo el año pasado de que había miles de chicas y chicos porteños que no pudieron acceder a clases virtuales por no tener el equipamiento que el propio gobierno debía proveerle y/o la conectividad necesaria.
A esto se suma el faltante cada vez más pronunciado de vacantes en las escuelas de gestión pública, sobre todo para los menores entre 45 días y 3 años. Pese a esto, la cuenta de infraestructura escolar desciende de 3.000 millones de pesos el año pasado a sólo 1.600 millones en 2021.
Además, se prevé erogar 64.914,9 millones (10,6%) en promoción y acción social; 13.212,2 millones (2,2%) en cultura; 3.636,9 millones (0,6%) en trabajo; 12.323,8 millones (2%) en vivienda; 4485 millones (0,7%) en agua potable y alcantarillado. Las partidas que más caen medidas en términos reales son las de transporte, trabajo, vivienda y ecología, advirtió el legislador del FDT Matías Barroetaveña. En cambio, la que más crece es la destinada a publicidad, con 2.500 millones de pesos.
Una de las perlas que detectó la oposición fue la inclusión en el presupuesto de una partida de 4.800 millones de pesos para infraestructura de los predios de Costa Salguero, a pesar de que su venta y urbanización continúa siendo discutida en audiencias públicas, en las que más de 7.000 personas rechazaron el plan oficial.
De todos modos, las mayores novedades que trae aparejado el presupuesto son el incremento de algunos impuestos para hacer frente a la reducción de los fondos nacionales que la Ciudad recibe. En la modificación de la Ley Tarifaria se incluyó un impuesto del 1,2% a las operaciones con tarjeta de crédito.
Los funcionarios locales subrayaron que gravámenes de este tipo ya existen en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, entre otras. Por la medida, se estima recaudar unos 7.700 millones. Pero desde la oposición y el sector privado se advierte que la medida podría ir contra el consumo y la bancarización de los pagos, lo que agravaría la elusión fiscal.
Asimismo, la alícuota de los Ingresos Brutos que abonan los bancos pasará del 7 al 8%. Y se elimina la exención al pago de este tributo a las operaciones con Leliqs y pases, con lo que se espera recaudar otros 12.000 millones.
El ajuste se ejecutará área por área. El Estado local prevé un ahorro de unos 32.500 millones a partir de la revisión de grandes contratos de servicios y la suspensión de obras hídricas y de infraestructura. Lo curioso es que, pese a esta decisión de revisar contratos y concesiones, pocos días después de aprobado el presupuesto, el Ejecutivo porteño resolvió extender la concesión de la red de subtes a la empresa Metrovías por doce años, pese a las constantes quejas de los usuarios y trabajadores por la deficiencia del servicio.
Asimismo, el gobierno de Rodríguez Larreta resolvió aumentos de tarifas y tasas en varios servicios, por encima de la inflación estimada. Las fichas de taxi y el pasaje en Subte aumentarán 44 y 43% respectivamente. En el caso del transporte subterráneo el pasaje llegará a 30 pesos, con un aumento acumulado en los últimos tres años del 180%. El estacionamiento medido subirá 100%, la Verificación Técnica Vehicular un 45% y las multas por infracciones de tránsito el 82,5%.
En tanto, los incrementos de ABL, Inmobiliaria y Patentes continuarán con su actualización por inflación. Además, a partir de la crisis económica que hizo decaer la recaudación, se confirmó la puesta en marcha de una moratoria para los impuestos empadronados.
Dispuesto a ajustar, el Gobierno de la Ciudad decidió dar las “malas noticias” todas juntas y apostar a que las fiestas de fin de año, el verano, la protección mediática y la esperanza de un repunte en el año que comienza atenúen el mal humor social. Un año que, a nadie se le escapa, es también año de elecciones.