El Senado de la Nación dio media sanción a la reforma del Código Civil y Comercial vinculada a los alquileres de viviendas. Contempla la ampliación de los contratos a 3 años, incrementos anuales no mayores a la inflación y fija una monto máximo de las comisiones que cobran la inmobiliarias.
(EBVP) El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial vinculado a los alquileres de viviendas obtuvo ayer media sanción con el voto unánime de los 62 senadores presentes en el recinto. Dos de los puntos más destacados son: la regulación de los incrementos en los alquileres y la extensión del plazo de los contratos.
El proyecto establece que: “el precio de la locación será reajustado anualmente según el índice de actualización elaborado oficialmente por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación (INDEC) en base a la evolución de los precios al consumidor y salarios, promediados en partes iguales”.
En cuanto al plazo, fija que “el contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de tres años”.
También estipula que las comisiones y honorarios que cobran las inmobiliarias “no podrán superar los máximos establecidos en cada jurisdicción. Si no los hubiere, no podrán ser mayores a un mes de alquiler”.
Respecto a los depósitos de garantía, éstos no podrán ser mayores al importe equivalente a un mes de alquiler. “El depósito en garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, en el momento de la restitución del inmueble” expresa la modificación introducida al texto del Código Civil y Comercial.
Y por último dispone que el inquilino “no tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, ni las expensas extraordinarias” y que el contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario.
Este proyecto fue promovido por Inquilinos Agrupados y presentado por la Senadora del Frente para la Victoria por Río Negro, Silvina Marcela García Larraburu.
“De aprobarse el proyecto de ley en diputados implicaría una mejora sustancial en la calidad de vida de los 6.5 millones de inquilinos del país y a la vez significaría un cambio radical en la cultura del alquiler en la Argentina” indicó Gervasio Muñoz, representante de los inquilinos.
“El proyecto de ley – explicó Muñoz – está pensado siguiendo el curso de la economía nacional y no el capricho especulativo del mercado inmobiliario, que solo fija los precios en función de obtener mayor rentabilidad”.
En los fundamentos de la iniciativa, García Larraburu asegura que “conforme estadísticas de reclamos del sector de los inquilinos, se constató que los aumentos en los precios de los alquileres rondan el 46% y en algunos casos llegan al 60%. A estos aumentos hay que sumar los discrecionales en las expensas – nunca del todo claras – que deben pagar los inquilinos”.
“Con un plazo más extendido – advierte la Senadora – las familias locatarias tendrán mayor estabilidad en la vivienda, podrán planear con una mejor perspectiva sus eventuales mudanzas y lograrán un significativo ahorro en sus ingresos, dado que pagarán comisiones a las inmobiliarias por la renovación de los contratos cada tres años”.