Tres investigaciones judiciales profundizan denuncia por falsos aportantes…
La denuncia ya avanzó para confirmar que muchos de los casos denunciados en las últimas elecciones corresponden a personas cuya identidad fue falseada para simular donaciones para la campaña. Se suma a lo que publicó este diario sobre irregularidades en las presidenciales 2015. La justicia analiza crear megacausa. Temor oficial por inhabilitaciones a candidatos. Eterno dilema de la política: ¿Cómo se financia de manera limpia?
Por Gabriel Morini
Los aportes de campaña quedaron en el ojo de la tormenta con la revelación de una impactante nómina de beneficiarios de planes sociales que aparecieron donando dinero para la campaña electoral de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. Pero no ofrece ninguna novedad sobre la opacidad del financiamiento de la política, en términos históricos. El Barrio Villa Pueyrredón publicó en exclusiva el 16 de agosto de 2016 la sospechosa nómina presentada en la justicia electoral de aportantes para la campaña presidencial que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.
Bajo el título “Aportes en las sombras para la campaña del PRO” se detallaron una serie de irregularidades que se podían hallar en los balances ante la Cámara Electoral: Contratistas de obra pública, dueños de bazares en Once, financistas fantasma, fundaciones ignotas, agencias de seguridad y constructoras vinculadas con obra pública (algo que estaba vedado) también componen la lista de “mecenas”.
El mecanismo que la justicia investiga ahora sobre la lista que consagró a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en tres causas distintas ofrece un nuevo grado de sofisticación. Bases de datos con beneficiarios de distintos planes sociales habrían sido utilizadas para disimular “aportes hormiga” pero también empleados públicos y candidatos propios no avisados integrarían la lista que excede los 2 mil casos. El engolosinamiento llevó a que hubiera postulantes por otras fuerzas políticas que aparecen en las declaraciones juradas dándoles dinero a sus adversarios.
Los expedientes contra Cambiemos son tres. Uno lo investiga el juez federal Sebastián Casanello por supuesto lavado de dinero y falsificación de documento público. El fiscal Carlos Stornelli imputó a los responsables de campaña en términos legales y económico-financieros. El juez citó a 50 de los presuntos aportantes para que declaren si pusieron o no dinero. La causa se vislumbra como trabajosa por la multiplicidad de casos. Además, la fiscalía analizaba al cierre de esta edición si avalaba o no que se conforme una megacausa, incluyendo también lo que había acontecido en las elecciones de 2015 y lo que parece haberse replicado en Capital Federal, con la nómina que tuvo a Elisa Carrió a la cabeza.
Otro expediente que involucra de manera directa a María Eugenia Vidal dio tímidos avances en la justicia federal de La Plata, en manos de Ernesto Kreplak. Pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social para que confirme algo que ya le había ratificado a la fiscalía electoral que conduce Jorge Di Lello. El veterano funcionario fue uno de los primeros en reaccionar luego de la denuncia del periodista Juan Amorín. Cruzó los datos y conformó una muestra de casos donde se exhibe la mecánica puesta en práctica para las últimas elecciones.
Con estos adelantos, remitió su investigación preliminar al juez electoral que subroga en La Plata esa materia, dado que los hechos ocurrieron en territorio bonaerense. Mientras los hallazgos viajaban por la Autopista que conecta ambas ciudades, el procurador general interino Eduardo Casal reemplazó al fiscal que se desempeñaba en la faceta electoral para ese juzgado por otro, que no era penal sino del fuero civil. Imposible que no se mirara con suspicacias ese cambio repentino. Nadie prestó atención que si esta causa prospera ya existe un concurso para que un juez tenga dedicación exclusiva para el juzgado electoral bonaerense. Será un sillón en disputa.
El principal temor en el oficialismo para este caso no es la mácula por lavado de dinero (si existió falsificación de aportes es porque los verdaderos donantes no podían quedar expuestos y se utilizó gente que no tenía conocimiento de que habían puesto dinero en efectivo para financiar a Cambiemos), sino los delitos al Código Electoral.
La Ley de Financiamiento de Partidos Políticos contempla sanciones a su incumplimiento en el artículo 63. “El presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido”, cuando “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. Vidal es presidenta del PRO en Buenos Aires, lo que la dejaría expuesta a una potencial sanción cuando el reloj corre para las candidaturas 2019.
La inhabilitación de candidaturas no demora tanto su trámite judicial como una megacausa por lavado que primero tendrá que recoger los testimonios de los afectados con la usurpación de sus nombres. A esto habría que agregarle otro delito: las afiliaciones de todos ellos al PRO, lo que constituye la falsificación de un documento público, un delito federal.
“Uno de los mecenas llamativos es la Fundación Filipides, dedicada al auspicio del deporte en la provincia de Mendoza. Su página web http://www.fundacionfilipides.org/ posee una portada, una imagen de una familia feliz simulando una caminata y una dirección genérica de correo electrónico. No hay ni dirección real, ni teléfono, ni responsables, ni ningún otro link que permita saber a qué se dedica la fundación que cedió un cuarto de millón de pesos para que Cambiemos pudiese competir”.
Es parte del artículo revelado en nuestro medio en agosto de 2016 que incluye a Zhang Yan Xi (monotributista que se desprendió de 30 mil pesos) y Chen Yu Lian, una ciudadana china que posee un local de ropa y bazar de apenas dos metros y medio de frente sobre la calle Larrea, en pleno barrio de Once. Aportó 50 mil pesos. “La mutual de Jubilados y Pensionados Provinciales también logró un superávit en sus cuentas que le permitió donar 100 mil pesos” en 2015.
En ese momento también se mencionó a Isolux, una de las empresas que integró a comienzos de agosto el escándalo por supuestos cuadernos que habrían registrado pagos hechos por empresarios a funcionarios kirchneristas a lo largo de una década. La espectacularidad de las detenciones contrastó con el lábil argumento que ensayaron los empresarios – incluyendo al primo presidencial Ángelo Calcaterra – que se acogieron al régimen del arrepentido pero solo confesaron haber sido víctimas de extorsión para realizar…. aportes de campaña.
La oscuridad que rodea al financiamiento de la política fue puesta en discusión una vez más en el centro de la agenda. El Gobierno perdió una de sus banderas ante el avance de la investigación que los obligó a retroceder de un mutismo inicial, pasar por denunciar una “operación” hasta admitir que pudo haber irregularidades que eran auditadas por ellos mismos. La contadora María Fernanda Inza fue desplazada de su cargo, luego de haber sido una de las responsables de la recolección de fondos en Buenos Aires. Con esto se pretendió sepultar los alcances del sacudón político que derribó las vallas de contención que mantenían a Vidal indemne de cualquier escándalo.