Foto de portada: Manzana 66 Verde y Pública (Red social Facebook)
| Asambleas y organizaciones sociales rechazaron a los Nuevos Códigos Urbanístico y de Edificación que se están tratando actualmente en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura. Firmaron un manifiesto y anunciaron el proyecto de ley “Carta del Derecho a la Ciudad”. El encuentro se realizó el sábado 12 de mayo en el Parque de los Patricios. Participaron vecinos de Villa Pueyrredón y Agronomía.
(EBVP) En la parte central del Parque de los Patricios se realizó un encuentro con representantes de organizaciones y asambleas que expresaron su rechazo a los proyectos de nuevos códigos urbanístico y de edificación presentados por el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y que se está tratando en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña.
Adhirieron desde espacios universitarios y académicos, sindicatos, asambleas, organizaciones sociales y territoriales, medios vecinales, Asociaciones Civiles y redes de profesionales. Entre ellos “Salvemos al Barrio”y “Vecinos de las casas bajas”, asambleas integradas por vecinos y vecinas de Villa Pueyrredón y Agronomía.
Durante la jornada se firmó un manifiesto, compuesto de 14 puntos, que será presentado ante la Comisión de Planeamiento y la Carta del Derecho a la Ciudad para presentar en la Legislatura Porteña como un proyecto de ley.
“En la Legislatura se están tratando los proyectos de ley de Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación que cerrarán el ciclo de entrega de tierras públicas, privatizaciones de servicios públicos y consolidación de negocios inmobiliarios especulativos en un marco de absoluta desregulación del mercado de suelos y de alquileres en la Ciudad” manifestaron los convocantes.
El manifiesto pone de relieve la falta de participación ciudadana tal como lo establece la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental y advierte que los proyecto de nuevos códigos “no están sustentados en un diagnóstico participativo integral de la ciudad. No existen estudios de ningún tipo sobre las problemáticas actuales de la ciudad ni del estado de situación de cada uno de los servicios públicos y la calidad de vida de sus habitantes”.
Otro de los puntos de este documento señala que no se ha acompañado con el Código Urbanístico estudios sobre los impactos sociales, ambientales y económicos, acumulativos y estratégicos, de las propuestas que tienen por objeto establecer nuevos parámetros constructivos y de usos.
Y también cuestiona el razonamiento que llevó a los funcionarios a planificar una ciudad para 6 millones de habitantes. “Los funcionarios justifican esta decisión con la descripción de que durante el día en la ciudad conviven 6 millones de personas pero sólo duermen en ella 3 millones”.
Y aseguran que la solución no es concentrando la población en la zona metropolitana, “sino descentralizar el acceso a los servicios y al trabajo en toda el área metropolitana justamente para que esas tres millones de personas no deban trasladarse ni incrementar la ya alta densidad demográfica de la ciudad”.
Manifiesto en rechazo al tratamiento legislativo del nuevo código urbanístico y del nuevo código de edificación
- Rechazamos el actual tratamiento en la Legislatura de la Ciudad del Proyecto de Ley del Código Urbanístico (Expte. N° 849-J-2018) y del nuevo Código de Edificación (Expte. N° 1058-J-2018).
- Estos Proyectos de Ley no surgieron de una participación ciudadana real, adecuada y eficaz tal como lo establece la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental. Son una clara muestra de la falta de reconocimiento de las aspiraciones de la comunidad.
- No están sustentados en un diagnóstico participativo integral de la ciudad. No existen estudios de ningún tipo sobre las problemáticas actuales de la ciudad ni del estado de situación de cada uno de los servicios públicos y la calidad de vida de sus habitantes No están contemplados ni mínimamente en estos proyectos cuestiones como: la crisis ambiental y habitacional, las privatizaciones y ventas de inmuebles públicos, una real sostenibilidad ambiental, el colapso de los servicios públicos, el proceso de inquilinización y de gentrificación, la concentración del suelo en menos manos, la desigualdad y fragmentación como consecuencia de la privatización y la mercantilización de la vida urbana, las dificultades de las economías populares, y los efectos negativos de la desregulación y especulación inmobiliaria, entre otros.
- Tampoco se ha acompañado con el Código Urbanístico estudios sobre los impactos sociales, ambientales y económicos, acumulativos y estratégicos, de las propuestas que tienen por objeto establecer nuevos parámetros constructivos y de usos. Es necesario analizar las capacidades constructivas que se asignan y las densidades habitacionales resultantes, en relación con la oferta de infraestructura, servicios, equipamientos sociales y espacios abiertos, que son los soportes básicos de la calidad de vida en las ciudades. También resulta ineludible la formulación de análisis que relacionen el impacto de la nueva normativa con los precios y la dinámica inmobiliaria, y a estos con el crecimiento de la precariedad habitacional.
- Primero debe actualizarse el Plan Urbano Ambiental y aprobarse por ley su Modelo Territorial. Su actualización es obligatoria cada 5 años y está pendiente desde el año 2014. El Modelo Territorial nunca se aprobó. Debe iniciarse el proceso con una evaluación y diagnóstico participativo de lo que ocurrió en la ciudad en las últimas dos décadas y su estado actual.
- Con posterioridad, debe tratarse el Código Urbanístico conjuntamente con un Código Ambiental que responda al Plan Urbano Ambiental actualizado. El Poder Ejecutivo y La Legislatura ha incumplido, en más de 20 años, el mandato constitucional de sancionar el Código Ambiental.
- El Código Urbanístico que propone el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es netamente un código inmobiliario al preocuparse solamente por: la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias, incrementar el precio del suelo y de los alquileres considerándolos buenos indicadores del desarrollo urbano, alentar las inequidades producidas por el mercado inmobiliario, y aumentar en forma genérica e inadecuada los metros cuadrados autorizados a construir en toda la ciudad.
- El Código Urbanístico consolida la planificación de esta última dos décadas al no permitir el debate respecto a las normas que autorizaron: grandes proyectos inmobiliarios en terrenos públicos de la ciudad y nacionales, la sobreconstrucción, el sacrificio de grandes extensiones de espacios verdes públicos, la privatización de los servicios públicos, el vaciamiento del banco de inmuebles de la ciudad, y la pérdida de la diversidad cultural, patrimonial y de la identidad de los barrios.
- El Código Urbanístico tiene como horizonte poblacional que en la ciudad vivan 6 millones de habitantes. Los funcionarios justifican esta decisión con la descripción de que durante el día en la ciudad conviven 6 millones de personas pero sólo duermen en ella 3 millones. La solución para el gobierno es lograr que los otros 3 millones de personas duerman en la ciudad justificando de esta forma el eje arquitectónico del Código Urbanístico y del Código de Edificación que es el aumento generalizado de la capacidad constructiva en la ciudad. La orientación de la planificación debería ser la contraria. No debería impulsarse la concentración de la población metropolitana en la ciudad sino descentralizar el acceso a los servicios y al trabajo en toda el área metropolitana justamente para que esas tres millones de personas no deban trasladarse ni incrementar la ya alta densidad demográfica de la ciudad.
- El Código de Edificación se corre de su rol de resguardo de la habitabilidad y accesibilidad: Se permiten viviendas y escuelas con dimensiones críticas y no se exige accesibilidad en el ingreso de comercios. El mercado pone las pautas mientras que la voz de los usuarios está ausente. Falta una mirada integral que defina los criterios de accesibilidad articulando la circulación peatonal con el espacio público y privado
- Solicitamos que se garantice nuestro derecho constitucional a la Democracia Participativa y a una PLANIFICACIÓN CIUDADANA que supere la planificación monopolizada por intereses económicos que no respeta la democracia participativa y las comunas. Las Comunas y sus Consejos Consultivos Comunales son los espacios institucionales participativos por excelencia con que cuenta la ciudad para decidir democráticamente qué ciudad desean construir sus habitantes para vivir. La ciudad es de todxs, es inadmisible que sea utilizada como materia prima para el negocio de unos pocos. En la ciudad deciden los grandes inversores y el mercado inmobiliario que la ponen al servicio de sus intereses especulativos. La inversión pública y las plusvalías urbanas, que son fruto del esfuerzo colectivo de generaciones, están siendo apropiadas por grandes empresarios y propietarios inmobiliarios. La mezquindad y la codicia de los grupos inmobiliarios no pueden ser la guía de nuestra planificación urbana.
- SOLICITAMOS prioritariamente la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley del Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación en la Legislatura de la Ciudad.
- Además, PETICIONAMOS el inicio urgente del proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental y, con posterioridad a su sanción, el tratamiento en forma conjunta del Código Urbanístico, del Código Ambiental y del Código de Edificación. Solicitamos que se adopte como base del diagnóstico y la discusión: a) el relevamiento de las expectativas y propuestas ciudadanas que surgieron de la realización de diversos talleres llevados adelante por asambleas y colectivos, sintetizados en los doce puntos de la Propuesta Urbano Ambiental Vecinal presentada en la Legislatura, y b) los principios, derechos e instrumentos propuestos en la Carta del Derecho a la Ciudad firmada por más de un centenar de organizaciones, colectivos y asambleas.
- Debe reconocerse normativamente el paradigma del Derecho a la Ciudad con sus principios, derechos e instrumentos urbanísticos. Sus principales principios son los siguientes:
A) Un ejercicio pleno de los derechos humanos que destaque su dimensión colectiva y su función social y ambiental, e impulse la consolidación de nuevos derechos urbanos que surjan de la relación de las personas con su territorio, el espacio y su hábitat.
B) La democratización de las ciudades garantizando la participación en la toma de decisiones relativas a la planificación y al gobierno. La democratización (distribución igualitaria) de los recursos y bienes comunes que ofrece la ciudad, de las de cargas y beneficios que genera, de la posesión del suelo y del uso de los espacios urbanos.
C) Entender las ciudades como un Bien Común:
- Garantizando la función social, ambiental y ecológica de la propiedad y de la ciudad, con prevalencia de lo público sobre lo privado y de lo colectivo sobre lo individual.Ambiental, económica y socialmente sustentable, que garantice un equilibrio entre el campo, la ciudad y el gran Buenos Aires.
- Planificadas hacia la integración socio-urbana y la igualdad urbana con el objetivo de alcanzar ciudades: integradas, conectadas, incluyentes y equitativas.
- Evitando su descapitalización, la concentración de la tierra urbana en pocas manos y los procesos de gentrificación.
- Promoviendo una economía urbana caracterizada por la desmercantilización de las ciudades y el fortalecimiento de una economía social, solidaria y de pequeña escala.
- Orientada a una cultura urbana colaborativa, horizontal, solidaria y descolonizada que genere ciudades diversas y mixtas.