El Gobierno presentará cambios y promete moderar la construcción en zonas de casas bajas. Escepticismo de las organizaciones vecinales y entidades civiles al denunciar que la normativa está hecha “a la medida de los desarrolladores inmobiliarios”.
Por Juan Manuel Castro
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como había propuesto en campaña el jefe de Gobierno Jorge Macri, enviará a la Legislatura porteña un proyecto de Ley con “ajustes” al Código Urbanístico vigente desde 2018. Según las autoridades, la propuesta busca un “equilibrio urbano” y fomentar “la protección del patrimonio”. Esto impactaría en barrios de casas bajas como Villa Pueyrredón.
El texto se presentará este mes y el secretario de Desarrollo Urbano Álvaro García Resta acudirá en persona a explicar las líneas generales del proyecto.
Se trata de una Ley de doble lectura, con una Audiencia Pública abierta a la participación ciudadana. No obstante, asambleas barriales que siguen el tema de cerca señalan que será el único espacio en el que sus propuestas serán escuchadas. Además, es una instancia no vinculante.
Según trascendió de forma extraoficial, uno de los puntos salientes es la inclusión de la llamada Unidad de Sustentabilidad de Altura Baja (USAB) Cero para sectores históricamente residenciales y de casas bajas.
Actualmente el Código Urbanístico habilitó a edificar a mayor altura o mayor volumetría. Esto volvió rentable vender casas de una o dos plantas para construir edificios de varios pisos. Es notorio el aumento de carteles de venta en casas en zonas de Villa Pueyrredón, Saavedra y alrededores, por poner ejemplos de la Comuna 12.
El último lunes de junio, el Gobierno porteño celebró una reunión virtual del Foro Participativo Permanente en la que participaron cerca de 300 vecinos y vecinas. Allí se expusieron líneas generales del proyecto.
Se repasó que este es el tercer ajuste al Código Urbanístico, sumándose el de 2020 que incluyó enmiendas y el de 2022 que, incorporando reclamos vecinales, protegió los sectores residenciales de las llamadas Lomas de Núñez y Barrio River en Belgrano.
Según una serie de placas expuestas en un Power Point, el Gobierno porteño proponen “diferenciar la identidad de los barrios y la identidad de los corredores”, buscando “distinguir qué identidad prima en cada uno”. También apuestan a “consolidar el desarrollo urbano en las subcentralidades urbanas donde se concentra la infraestructura de servicio, la matriz de transporte y la mejor cobertura de las necesidades de la vida cotidiana”.
También propusieron “repensar las transiciones normativas entre los barrios y los corredores evitando grandes saltos de altura”. El Gobierno porteño busca “fomentar el completamiento de tejido y la conformación de una carpa homogénea evitando los gradientes en las manzanas”. Otros puntos son “promover la conservación y revalorización del patrimonio urbano” e “incentivar la mixtura de usos para el desarrollo de subcentralidades de estala barrial”.
Por otra parte, se plantea proteger 4.209 inmuebles en el Catálogo Preventivo a fin de evitar modificaciones sustanciales de su estructura o directamente su demolición. A largo plazo piensan una Ley que les de protección definitiva.
En cuanto al sistema de incentivos, se propone “un desarrollo urbano sostenible donde se impulse la protección del patrimonio urbano y al desarrollo del sur mediante la consolidación de zonas receptoras donde se concentran las infraestructuras y servicios”.
Durante el encuentro virtual, representantes del ejecutivo porteño señalaron que los ajustes pensados para el Código Urbanístico se discuten desde el inicio de la gestión de Jorge Macri con representantes del sector inmobiliario como el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos (CEDU) y el Colegio Profesional Inmobiliario, entre otros.
En estos sectores había reticencia ante posibles cambios al actual Código. Señalaban que, si se rebaja la altura de construcción, muchos proyectos no serán rentables. Esto se piensa además en un contexto donde el sector es uno de los que registra la mayor caída en medio de la crisis económica general.
Pese a los puntos positivos que el Gobierno intentó transmitir en la presentación online, sin el articulado final, hay entidades ciudadanas que se mantienen alerta.
Desde antes de la sanción del Código Urbanístico de 2018 existen asambleas barriales que bregan por una normativa urbanística planificada, en pos de más y mejores espacios verdes y en la solución de problemas como la crisis habitacional.
En los últimos años presentaron varios proyectos de Ley para modificar el código, protegiendo áreas residenciales y construcciones de valor patrimonial. Salvo los casos de Núñez y Belgrano antes mencionados, todos están cajoneados y van perdiendo estado parlamentario.
El año pasado las asambleas unieron sus fuerzas y constituyeron la Interbarrial Buenos Aires. Muchos de sus integrantes participaron en la reunión virtual y luego expresaron a través de un comunicado que el código está hecho “a la medida de los desarrolladores inmobiliarios”: “No se reconoció la emergencia urbanística ambiental sostenida por la Interbarrial ni las leyes vecinales presentadas en la Legislatura”.
“No se abordó el colapso de servicios públicos (por ejemplo, la falta de agua), que estamos vivenciando en los barrios debido a la construcción descontrolada. No se regula el espacio público, lo que demuestra que es una ley hecha a la medida de la inversión privada (mayormente orientada a especulación). No se aprobaron las instancias de planificación urbana previas al Código Urbanístico (Plan Urbano Ambiental, Código Ambiental y Modelo Territorial). No se realizaron convocatorias abiertas e institucionalizadas para invocar la participación vecinal”, agregaron.
De modo similar, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, una entidad civil que asesora a vecinos en distintas causas, expuso: “Reconocieron (los representantes del ejecutivo porteño) que esta modificación no va a tratar nada relacionado con el colapso de los servicios públicos. Una ausencia notable en el Código Urbanístico actual que debió contemplarlo de acuerdo con lo que dispone el Plan Urbano Ambiental. Esta omisión ilegal nuevamente se repite. Reconocieron que tampoco se va a tratar la regulación del espacio público. Este Código Urbanístico continuará siendo un Código para la construcción privada sin considerar la integralidad de la ciudad”.