Este fue el número que arrojó el último y Tercer Censo Popular, realizado por una decena de organizaciones sociales en la Ciudad y cuyos resultados fueron presentados en julio.
Por Stanley Luna
Mientras el Gobierno Nacional apuesta al ajuste fiscal a costa del recorte a políticas públicas, el último y Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por una decena de organizaciones sociales en la Ciudad de Buenos Aires, arrojó que 11,892 personas viven en situación de calle en la capital argentina.
Los datos de este censo fueron recopilados entre el 28 y 29 de junio por cientos de voluntarios de las organizaciones como Proyecto 7, Irrompibles, Barrios de Pie, Red Puentes, Nuestra América y Movimiento Popular. Los resultados preliminares fueron presentados la primera semana de julio.
El aumento del número de personas en situación de calle es significativo respecto al segundo censo popular, realizado en 2019, donde se registraron a 7.200 personas en esta condición. Las organizaciones indicaron que las causas principales que actualmente llevan a las personas a situación de calle son la crisis económica y la ruptura de las redes comunitarias y familiares.
Durante la presentación, las organizaciones señalaron que estos censos populares también superan los datos que por ley cada año debe recopilar el Gobierno porteño. De acuerdo con el último censo oficial realizado en noviembre de 2024, en la capital solamente había 4 mil personas en situación de calle, es decir, la tercera parte de lo que arrojó el censo de las organizaciones.
En el proceso de recopilación de datos, entre otros puntos, las y los censistas también preguntaron a los entrevistados en los diferentes barrios sobre su situación laboral, condición de salud, el nivel educativo, consumos problemáticos y la violencia institucional de la cual son víctimas.
Entre los hallazgos del censo destacaron que, debido a la violencia institucional que ejerce la policía en los espacios públicos, hay personas que migran a los barrios populares para dormir. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mencionan que, a partir de 2024, en la Ciudad han aumentado los maltratos contra personas en situación de calle por parte de la policía, quien les decomisa sus pertenencias, las desplaza de lugares, las somete a requisas irregulares, les violenta física y verbalmente, e incluso les detiene.
Las organizaciones encargadas del censo estiman que entre las personas en situación de calle podrían estar jubilados y trabajadores, lo cual está relacionado con el aumento de los alquileres y la falta de una ley que también regule el alquiler en los hoteles. En tal sentido, aseguraron, que hoy sale lo mismo alquilar un departamento que una habitación en un hotel, pero con salarios o ingresos obtenidos desde trabajos informales que no alcanzan a cubrir los gastos mensuales.
Solo para cubrir la canasta básica, una familia de dos adultos y dos menores necesita 1.100.624 pesos en la Ciudad, de acuerdo con los datos de mayo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto sin tomar en cuenta el alquiler y los demás servicios públicos. Aun con estas cifras, según el INDEC, en el primer trimestre de 2025 la pobreza y la indigencia disminuyeron en argentina: de 55 % la pobreza cayó al 31.7 %, y la indigencia cayó del 20 % al 7 %.
Al contexto de crisis económica y recorte a políticas públicas se suma el reciente veto presidencial que suspendió el aumento del bono de emergencia a las jubilaciones según lo aprobado el 10 de julio por el Senado en una sesión polémica para el Gobierno Nacional. Este aumento llevaría el bono de las jubilaciones de 70 mil pesos a 110,000, pero el lunes 4 de agosto quedó sin efecto por medio del decreto 534/2025, en el cual el gobierno libertario alude a un desequilibrio fiscal en caso de entregar dicho bono.
En lo que va del año, el CELS registra la muerte de 13 personas en situación de calle en la ciudad. De las 134 muertes registradas el año pasado, 28 ocurrieron en la capital. Para este centro de estudios, la falta de políticas públicas integrales para asistir a las personas en situación de calle hace más crítica la situación de abandono y precariedad que enfrentan.
“Estar a la intemperie, sufrir violencias físicas, no poder acceder a los servicios de médicos ni a un lugar donde dormir por falta de vacantes, más la mala alimentación, generan más dificultades para resistir el frío y agravan las condiciones de salud previas”, señala el CELS en un comunicado.
Una ley en papel
“Los relevamientos que hacemos nosotros (las organizaciones) siempre dan más que las cifras oficiales. El aumento de personas en situación de calle deviene de muchas cuestiones: un ajuste que viene pegando en los sectores más vulnerables para nuestro país. Por efecto del ajuste y otras circunstancias que se dan, es difícil sostener el día a día para las personas que cuentan con un trabajo, un ingreso. Para las personas que tenemos un trabajo más precario lo es mucho más difícil que para las personas que subsisten y que están muy en riesgo de estar en la calle”, sostiene Nicolás Silva, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una organización que trabaja con personas en situación de calle en todo el país.
En 2023, el MTE realizó un relevamiento de personas en situación de calle en 11 puntos de Argentina, incluidas las ciudades de Posadas y Santa Fe, y detectaron que había lugares donde los datos oficiales no reportaban a personas en situación de calle, pero la organización sí constató que había gente que vivía en estas condiciones.
En 2021, el Congreso aprobó la Ley de Protección para Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, que establece un abordaje integral de las personas en estas condiciones a partir de un trabajo liderado por el Estado Nacional, y obliga al Gobierno Nacional a realizar un relevamiento anual y nacional sobre las personas que atraviesen esta situación. El gobierno de Javier Milei, a través del decreto 373/25, modificó esta ley y desvinculó al Estado Nacional de sus responsabilidades, pasando las obligaciones de la norma a cada provincia.
Si bien antes de Milei esta ley no se cumplió como debía cumplirse, asegura Silva, hoy la ley tampoco se cumple, y detalla que, en 2022, el extinto Ministerio de Desarrollo Social creó un área para la aplicación de la misma, pero el gobierno libertario desarmó esta área y la ley dejó de implementarse.
Las competencias de ese ministerio las retomó el Ministerio de Capital Humano que, dice Silva, explica que los relevamientos que la norma planteaba a nivel nacional los deben hacer ahora las provincias de manera descentralizada, según los distritos que adhieran a la ley.
La situación de calle, agrega Silva, es más visible en la Ciudad de Buenos Aires, pero también es una realidad que se vive en todo el país, y enfatiza en la necesidad de relevamientos oficiales a nivel nacional que den cuenta de ello. “Tenés que hacer relevamiento, afuera de la capital las personas te dicen que hay más gente en situación de calle que antes”, concluye.
