Caso Beara: Piden el procesamiento del ex funcionario macrista Martín Farrell

El ex Director General de Habilitaciones que estuvo a solo un paso de ser nombrado juez de la ciudad podría ser procesado por la habilitación fraudulenta del boliche cuyo entrepiso se desplomó causando la muerte de dos chicas. La Cámara del Crimen a fines de año revocó los sobreseimientos dictados oportunamente por la jueza Alicia Iermini. El fiscal Andrés Madrea avanzó con las acusaciones y lo puso a la cabeza de una situación irregular en los permisos que eran otorgados a empresarios a cambio de dinero. La situación del resto de los imputados.

Por Gabriel Morini

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Su destino pudo haber sido el de juez, con un cargo vitalicio y fueros. Así lo quería el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Pero la presión generada por los familiares de las víctimas del Boliche Beara hizo naufragar, el año pasado, las aspiraciones de Martín Diego Farrell, el ex director general de Habilitaciones del gobierno porteño cuando se desplomó el entrepiso que terminó con la vida de dos chicas de 20 y 21 años.

Ahora, la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó su sobreseimiento, junto al de otros funcionarios. En paralelo, el pasado 18 de enero, el fiscal que investiga el caso pidió su procesamiento, ya que para la justicia no hay dudas de que el boliche fue habilitado de manera irregular y mediante el pago de sobornos a funcionarios de la gestión macrista.

El 10 de setiembre de 2010, ocurrió la tragedia en el boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, que se cobró dos vidas y decenas de heridos. A partir de allí quedó expuesta una vez más una trama de corrupción y poder detrás de las habilitaciones de locales en la ciudad, que involucraba a funcionarios, policías, y empresarios.

La investigación judicial recopiló pruebas, “escuchas” telefónicas y documentos para avanzar contra el entonces jefe máximo de las habilitaciones de la ciudad, e hijo de quien supo ser presidente de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Pero cada vez que se aproximaba una medida judicial que pudiera perjudicarlo, la justicia le daba un guiño a su favor.

Esa situación permitió que Farrell concursara libre de todo proceso en un concurso para ocupar una vacante en el fuero contencioso administrativo y tributario. Su designación tenía todo el aval del alcalde porteño que lo sostuvo hasta el último momento, cuando era cuestión de días para que su pliego fuera convalidado per se, sin ser discutido en audiencia pública.

Pero la situación cambió. En junio de 2014, el PRO desistió de apuntalar su candidatura ante la presión generada por los familiares de las víctimas, algunos medios de comunicación y la oposición política.

Farrell concurrió de todas formas a contestar preguntas sobre su pliego durante una audiencia pública que fue agendada durante uno de los partidos que la Argentina disputó en el mundial de Brasil.

Los ojos del país estaban lejos de la sala de reuniones donde se llevó a cabo el encuentro. Sin embargo, Farrell no pudo salir airoso de ese trámite. Días más tarde anunció su renuncia, ante la falta de apoyo que los propios legisladores macristas preanunciaban por lo bajo.

Quedó a las puertas de ser elegido juez, algo que le hubiera proporcionado una estabilidad definitiva y fueros ante cualquier problema judicial. Pero el fiscal Andrés Madrea no le perdió pisada y volvió a acusarlo, entre otros, de haber “arreglado” las habilitaciones irregulares.

Todos los integrantes de la Junta Ética y de la Comisión de Justicia de la Legislatura votaron el rechazo del pliego de Farrell luego de analizar las 14 impugnaciones recibidas.

Las malas noticias para Farrell continuaron los días previos al comienzo de la feria judicial de enero. La sala 7 de la Cámara del Crimen, revocó los sobreseimientos en un fallo fechado el 30 de diciembre que lleva la firma de los camaristas Mariano Scotto, Mauro Divito y Juan Cicciaro.

Allí se respondieron los pedidos de nulidades presentados por las defensas y las apelaciones presentadas por fiscalía y querellas, tras los sobreseimientos ordenados por la jueza Alicia Iermini, a principios de junio de 2014.

El otro funcionario fue Pablo Saikauskas, ex director de Habilitaciones Especiales, quien también corrió la misma suerte que el ex candidato a juez. Según los camaristas “por las propias condiciones de Farrell y Saikauskas, quienes se desempeñaron como directores, respectivamente, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y de la Dirección de Habilitaciones Especiales, guardaban un deber de control sobre la materia delegada”.

Agregaron además que “(…) no convence en la instancia la explicación de Martín Farrell referida a la imposibilidad de denegar la habilitación cuando los administrados habían cumplido los requisitos formales (…)”

Una de las pruebas centrales para sostener este tramo de la acusación responde a que el propio Farrell había rechazado la solicitud de habilitación del local Caramel, de la misma sociedad El Viejo Sabio, dueña de Beara, por los mismos motivos por los que argumentó que no podía rechazar el del boliche siniestrado ante la posibilidad que se tradujera en una demanda judicial contra el Estado porteño.

“Farrell contaba con la potestad de denegar la habilitación, al menos si se atiende a los propios rubros incluidos en la habilitación otorgada”, fundamentaron su voto los camaristas.

Pero no fue el único que sufrió un revés por parte de la Cámara en relación a la causa. Se rechazaron los sobreseimientos ordenados por Iermini para Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria y Juan Carlos María Yun, los socios de Beara, que estaban acusados de pagar coimas para acceder a la habilitación.

Esta medida incluyó a los también socios, Iván y Ronaldo Fliess. Lo mismo para el maestro mayor de obras contratado por la empresa El Viejo Sabio, Gustavo Amarú. También confirmó los procesamientos de los funcionarios Norberto Casano (jefe del Departamento de Esparcimiento), Carlos Mustapich (inspector) y a los gestores Matías Pantarotto y Leandro Camani, a quienes además agregó la imputación por homicidio culposo agravado.

Vanesa Berkowski, titular de la Dirección General de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño fue sobreseída.

El fallo puso claridad sobre las líneas investigativas que la causa debería continuar. A mediados de la feria judicial, el fiscal Madrea avanzó un poco más sobre Farrell y sostuvo que “rechazó la habilitación de numerosos comercios por desvirtuación de uso” pero no lo hizo con Beara.

“Desestimados todos los argumentos de la defensa y en base a la prueba reunida que no posee controversia que dilucidar, corresponde entonces sin más, disponer el procesamiento en orden a los hechos que fueran indagados”, sostuvo Madrea, lo que complicó la situación del ex funcionario.

“En relación a los presuntos acuerdos por dinero de la sociedad de ‘El Viejo Sabio’ y/o ‘Complejo Mole’ con funcionarios policiales, más las imputaciones que subsisten respecto a las supuestas falencias de parte del organismo público municipal de fiscalización de uso del lugar… solicito en dicho marco convoque a los integrantes de la Policía Federal Argentina – Rodolfo Nicolás Cabezas, Luis Eduardo Acosta, Osvaldo Gustavo Bachmann, Guillermo Adolfo Erdman, Julio Alfredo González, Claudio Cesar Lorenza, Gustavo Fabián Lombardo, Gustavo Flamino y Agustín De Grazia, por entender que existe en autos el mérito suficiente para ello”. Dos fueron pasados a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad a comienzos de enero.

En la batería de medidas solicitadas por el fiscal para avanzar con las acusaciones se planteó que se convoque a los inspectores que realizaron las 23 inspecciones sobre ambos locales, lo que se sospecha que formó parte de una misma maniobra de corrupción, que quizá formaba parte de una red habitual de recaudación, como surge de algunas escuchas a los gestores.

La acusación que pesa sobre todos es la de “incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y homicidio culposo agravado por ser dos las víctimas fatales en concurso ideal con lesiones culposas graves (tres personas) y lesiones leves calificadas por la cantidad de damnificados (once)”.

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