Por primera vez, y a más de diez años del fallido proceso en el que se descubrió que la investigación había sido desviada, estarán en el banquillo de los acusados todos los responsables del presunto plan para ocultar a los verdaderos autores de la voladura de la sede de la AMIA ocurrida en 1994. El ex presidente Carlos Menem, la cúpula de la SIDE y de la Policía Federal, el juez y los fiscales junto al acusado de tener la camioneta que explotó estarán en el banquillo. Los pormenores del juicio del siglo atravesado por internas políticas, de los servicios de inteligencia y de corrupción.
Por Gabriel Morini
El juicio comenzó como una esperanza pero también como una deuda. Veintiún años después, sobre el atentado a la AMIA hay más dudas que certezas, y lo único que realmente ha podido ser probado en la justicia es una trama de encubrimiento que a lo largo de los años desvió el curso de la investigación, intentó implantar una pista falsa y anuló otras líneas de investigación que nunca fueron retomadas.
Un ex presidente, toda la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de entonces, el juez y los fiscales que instruyeron el expediente, el único acusado, su esposa y su abogado, un alto dirigente comunitario y el comisario que diseñó después la Policía Metropolitana son los protagonistas de un juicio sin precedentes.
Trece imputados, seis querellas, un equipo de fiscales y todos los ojos de la opinión pública estarán puestos sobre lo que ocurra en los próximos meses con los 140 testigos citados y las pilas de documentación sobre una causa inabarcable. Todo eso se pone en juego en el juicio del siglo.
El jueves 6 de agosto fue el hito clave. Fecha de inicio en lo formal pero que significa un gran paso, luego de que múltiples intereses cruzados apostarán porque este juicio nunca llegaría. En la causa de encubrimiento por el atentado – la que llega a juicio porque hay una decena de expedientes por desprendimientos de la maniobra en el juzgado de Ariel Lijo – se van a ventilar los hechos que rodearon el pago de 400 mil dólares/pesos al reducidor Carlos Alberto Telleldín, último poseedor de la supuesta Traffic que se habría utilizado como coche bomba para impactar en el edificio de Pasteur 633.
Según la investigación realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, y sustanciada por casi una década, el ex juez Juan José Galeano fue el responsable del pago a Telleldín con fondos de la ex SIDE para que el único acusado señalara a un grupo de policías bonaerenses como los nexos locales de la voladura.
Esa acusación y el pago, que quedó retratado en un video que evidencia la transacción, derivaron en que dos brigadas de la policía bonaerense fueran acusadas, encarceladas y llevadas a juicio, en un proceso que, en 2004, terminó en un escándalo.
El Tribunal a cargo de juzgarlos determinó que toda la pista había sido fraguada, que los testigos habían sido plantados, que no había nada de cierto en la acusación y que debía investigarse a toda la cadena de responsables que desviaron la pesquisa.
Así fue como ocho años después, Galeano fue destituido pese a que ningún juez quiso directamente investigarlo. Los fiscales de entonces, Eamón Mullen y José Barbaccia también tuvieron conocimiento de la maniobra, según pudo establecerse y que la orden de desviar la causa tuvo como principal impulsor al ex presidente Carlos Saúl Menem.
Junto con el pago a Telleldín, el otro gran gesto de encubrimiento que la justicia pudo detectar fue el abandono de la llamada “pista siria” sobre la que siempre se tejieron posibles relaciones con el propio Menem.
Alberto Kanoore Edul era un empresario que estaba siendo sospechoso, pero sobre el que se suspendieron las intervenciones telefónicas un día después de que una reunión clave se llevara a cabo en la propia Casa Rosada.
En el itinerario del camión que dejó un volquete con materiales en el frente de la AMIA estaba un corralón propiedad de ese misterioso empresario. Jamás terminó de ser investigado, y hasta fue advertido de un allanamiento. Todas muestras de un presunto plan de encubrimiento urdido desde lo más alto del gobierno nacional para generar una pista falsa que tuviera un grupo de culpables para llevar tranquilidad a la opinión pública y a la comunidad internacional.
Más allá de los cargos formales, cada una de las 13 personas que van a juicio tienen que ver con estas maniobras. Galeano – junto a Mullen y Barbaccia – fue quien ejecutó la maniobra mediante el pago a Telledín con fondos reservados de la SIDE. Hugo Anzorreguy y su segundo Juan Anchezar fueron los que dieron la orden para que ese dinero saliera de las arcas de la central de espionaje. Patricio Finnen – quien era el coordinador entre los espías de la llamada Sala Patria y enemigo acérrimo de Antonio Horacio Stiuso – fue quien organizó el pago.
La negociación para que Telledín falseara esa declaración y apuntara a los policías fue negociada – según la acusación – por el abogado del acusado, Víctor Stinfale, el juzgado y Rubén Beraja, el polémico dirigente de la DAIA. Todos ellos van a juicio por la operación, incluido la ex mujer de Telleldín, Ana Boragni, quien fue la receptora del dinero, y según establecieron los abogados de los familiares de las víctimas, hubo más pagos que fueron canalizados incluso de forma mensual para garantizar la mentira.
El abandono de la pista siria y el aporte de elementos para sostener la prueba mediante testigos falsos y presionados para declarar le fueron achacadas al ex comisario Jorge “Fino” Palacios, titular del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterrorista (DUIA), por el que también va a juicio el ex comisario de la Policía Federal, Carlos Castañeda.
El equipo de la UFI AMIA será quien encare el proceso que será arbitrado por un tribunal especial compuesto por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli.
Seis querellas componen la acusación. Tres corresponden a agrupaciones de familiares y víctimas, que por primera vez declararán en un juicio: Memoria Activa, 18-J y Apemia serán las querellas que agrupen a sobrevivientes y familiares de las 85 víctimas.
La DAIA tendrá su representación, enfrentada con los familiares por su escaso énfasis en que se impulse la causa de encubrimiento. Es más, no accionaron contra Beraja, anterior líder comunitario.
Los policías bonaerenses falsamente acusados son también parte de la acusación. Sufrieron prisión por parte de todo el entramado que los acusó para desviar la pesquisa.
El Ministerio de Justicia también será parte querellante por parte del Estado.
Entre los testigos que se prevé que desfilen se encuentran políticos representativos e incluso está citada la presidenta Cristina Fernández, una conocedora de la causa desde los tiempos en los que integraba la comisión bicameral sobre el atentado. El Papa Francisco había sido citado como testigo de concepto por parte de la defensa de Mullen y Barbaccia, algo que sirve para que el testigo diga la calidad humana y profesional del imputado. Una suerte de “testimonio amigable”, algo que fue desestimado por el tribunal. Si se sumaran a las características del juicio el hecho de que el Sumo Pontífice fuera citado a declarar en un juzgado, el proceso tendría de por sí los ojos del mundo encima.
Al juicio se llega con un último movimiento en materia judicial en la causa, por una cuestión incomprensible desde lo judicial, pero solo posible de leerse en un contexto de impunidad y de desidia. Hace algunas semanas, los fiscales a cargo de la UFI AMIA requirieron al cementerio de La Chacarita que informe el paradero del cadáver 85, un cuerpo que jamás fue identificado y que fue enterrado como NN a la espera de realizarse estudios.
Una de las teorías es que fuera una persona sin familia, un indigente que estaba en la zona del desastre, un obrero boliviano – aunque sería el único de los que trabajaban en la obra de la AMIA que no habría sido reclamado -, o el presunto conductor suicida del coche bomba.
Con casi un metro ochenta y sin una pierna, el cadáver pudo haber sido el presunto suicida Ibrahim Berro que se sospecha pudo haber huido apenas impactó y previo a la explosión, una de las hipótesis que se barajaba. Nunca se hicieron pruebas ni cotejo de ADN en un tiempo en el que las pruebas de este tipo no eran ni tan precisas ni tan accesibles para la justicia.
Ese era uno de los motivos de conocer el paradero del cuerpo para poder, mediante técnicas modernas, volver a cotejar y solicitar que se verifique el ADN de los hermanos de Berro que según la versión oficial, declararon que su hermano se inmoló en la AMIA, aunque otra versión indica que dijeron que murió en un enfrentamiento en el Líbano, a miles de kilómetros de distancia del lugar donde se lo ubicó para apuntar a Hezbollah y a Irán.
El problema surgió con el informe del cementerio que dio cuenta que no contaba con ese cuerpo. Que había sido arrojado a un osario común, ¡en el año 1998!. Esto significa, que cuatro años después del atentado una de las pruebas clave había sido perdida, cuando la causa estaba bajo la instrucción de Galeano.
El cementerio a los dos años, en 1996, anunció que la guarda judicial estaba vencida y que requerían informes sobre qué acción tomar con la víctima 85 NN. Nadie contestó. Dos años después se perdieron definitivamente ese cuerpo. El fiscal Alberto Nisman le transmitió, en varias ocasiones, a los familiares que no había mucho más que hacer con ese cuerpo. Pero lo cierto es que cuando él tomó la causa, ese cadáver ya no existía como prueba hace varios años.
Una muestra más de lo complejo de la causa AMIA y de las capas de encubrimiento que han sido superpuestas a lo largo de los años. Los familiares solo avanzan con la expectativa de que alguno de los imputados pueda revelar, a lo largo del juicio, cuál fue el motivo real de la maniobra para desviar la causa, y que esto, en definitiva, sea la punta del ovillo para desentrañar más de dos décadas de ocultamiento.