La administración de Jorge Macri dispuso la instalación de celdas modulares en predios anexos a comisarías, entre ellas la Comunal 12 de la calle Ramallo. Las organizaciones vecinales se movilizan para frenar las obras, con argumentos que van desde la falta de participación, la no adecuación a normativas vigentes y el impacto que tendrá en una zona residencial.
Por Mateo Lazcano
La participación vecinal, la adscripción a las normativas vigentes y la política penitenciaria del Gobierno de la Ciudad se ven involucradas en una reciente medida anunciada por el Jefe de Gobierno Jorge Macri. Vecinos y vecinas de Saavedra y la Comuna 12 se movilizan para expresar su rechazo. Se trata de la instalación de celdas modulares en un terreno anexo a la Comisaría Comunal Nº12 para alojar a personas privadas de su libertad.
Macri presentó la novedad el 4 de mayo pasado, en un acto junto a la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Todo se dio después de distintas fugas de personas detenidas en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad (una de ellas ocurrio en la Comisaría Vecinal 12 C de Juramento 4367, Villa Urquiza).
Un total de 57 módulos, con capacidad para albergara a 342 personas privadas de su libertad, estarán distribuidos anexos a comisarias en tres barrios de la ciudad: Saavedra, Chacarita y Barracas. Uno de los lugares elegidos es la Comisaría Comunal Nº12, de Ramallo 4398, donde hace aproximadamente un mes se iniciaron las obras en el estacionamiento de esta dependencia policial.
Para esta obra se elevó la altura de las paredes del lugar y se reemplazó el alambrado perimetral. Cabe resaltar que este predio esta ubicado en el corredor verde de la Avenida Parque Roberto Goyeneche.
En total serán 12 módulo con capacidad para 72 detenidos en la Comisaria Comunal 12. Contarán en su interior con una parte central con mesas y bancos de metal donde los detenidos comerán. En ambos lados estarán dispuestos los módulos-celdas, cada uno de ellos con seis camas cucheta y baños.
Todo parece ser un hecho consumado, y los trabajos avanzan a una gran velocidad. Pese a este contexto, hay una movilización en ascenso de organizaciones y colectivos vecinales que muestran su descontento, lo que forzó al Gobierno de la Ciudad a llevar a cabo una reunión oficial con la presencia de funcionarios para dar mayores precisiones.
La alteración al barrio, el primer rechazo
Los argumentos de rechazo son variados. Por un lado, están quienes plantean que la llegada de estas celdas de detención traerá más “inseguridad”, por la presencia de personas acusadas de cometer delitos en lugares no preparados para ello. Cabe precisar que la Comisaría, y el espacio donde se instalaron los containers, está en una zona residencial. Dentro de la misma manzana en dirección a Holmberg hay viviendas, un Centro Recreativo de Jubilados, y a dos cuadras, en Mariano Acha 4452, está la Escuela Nº 13 DE 15 Ignacio Lucas Albarracín. Y se suma la “contaminación sonora” por el uso periódico de las sirenas y un fuerte movimiento en los días de visita a los reclusos.
La postura oficial
El 24 de julio pasado se hizo una reunión en la Sede Comunal Nº12, de Holmberg y Monroe, a la que asistieron funcionarios del Gobierno de la Ciudad. La cita tuvo el modus operandi habitual de las gestiones del PRO. Si bien se anunciaba como “abierta”, se solicitaba una inscripción previa y recién después, la confirmación de asistencia.
Asistieron el Jefe de Gabiente del Ministerio de Seguridad porteño, José Ferrentino, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad de la misma cartera, Ezequiel Daglio y la Directora General de Articulación Comunal y Participación Ciudadana en Comisarías, Ruth Landerreche.
Junto a los funcionarios estuvo la presidente de la Junta Comunal 12, Florencia Mattei. Los comuneros Pablo Ortíz Maldonado y Vanesa Coria, de Unión por la Patria, y los oficialistas Mónica Machín y Germán Grosso, participaron de la reuniòn.
Los funcionarios remarcaron que la medida es “transitoria”, y que los detenidos serán luego reubicados. “Quiero destacar que nosotros estamos buscando soluciones de fondo que no tienen que ver con estos módulos. Esto es provisorio” señaló Daglio. “Estamos haciendo una alcaidía central para mudar a todos los detenidos en la Ciudad”, agregó. La misma está ubicada en la Comuna 8 y formó parte del “paquete de anuncios” mencionados de Jorge Macri en el mes de mayo.
También alegaron sobre la falta de cupos para albergar en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal, y la falta de avance en la Unidad del Complejo Penitenciario de Marcos Paz que fue anunciado hace tiempo como reemplazo de la Cárcel de Devoto.
Mientras tanto, argumentaron, hay una situación de “emergencia”, formalizada en el Decreto N° 200 del 7 de mayo, que declaró por un año “la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad en el territorio de la Ciudad”.
La participación y la adecuación a la normativa
Desde las organizaciones, hay dos planteos que sobresalen. José Olivo, referente de Vecinos por Saavedra cuetionó la falta de participación: “Se tendría que haber informado al Consejo Consultivo”, cuestionó. También los comuneros de Unión por la Patria pidieron que se le solicite opinión a la Junta Comunal. El último gran antecedente al respecto fue el proyecto del Gobierno porteño de 2022 para abrir parte del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra. El rechazo de los comuneros radicales, que dejaron al oficialismo en minoría, fue clave para que la administración desista con esa iniciativa.
El otro foco está puesto, a juicio de Olivo, en la vulneración que la obra representa en las normativas vigentes. “El eje lineal de Goyeneche es un área considerada “Unidad Parque”, por lo que no podría construirse allí. Y esto se suma a varios antecedentes incumplidos. Porque en 2010 se creó esta Comisaría cuando no pudieron usurpar parte del Parque Sarmiento, que era el plan original. Ahí perdimos una manzana, luego otra con el Centro de Reciclaje. Esto es un espacio público, posee suelo absorbente en un barrio que sufre inundaciones, y para colmo, no muestran el Informe de Espacio Ambiental”, señaló.
Sobre esto los funcionarios presentes tomaron posición. “En las distintas comunas estamos haciendo estas obras específicamente en lugares que ya pertenecen a comisarías. Nosotros tenemos permitido para construir porque la Ley de Espacio Ambiental le da una afectación diferente a los espacios policiales. Podemos hacer nuevas obras afectadas a lo que sea, dentro de estos espacios”, puntualizó en la reunión el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Ferrentino.
La problemática de los Derechos Humanos
A todo esto se suma otro cuestionamiento a las celdas modulares, que provienen respecto a las condiciones que van a tener las personas que estén allí detenidas. La situación la planteó la comunera Vanesa Coria (UP), que es abogada. “Las cárceles distan mucho de ser “sanas y limpias” como lo establece nuestra Constitución Nacional, y se usan como depósitos de personas con las que el sistema no sabe bien qué hacer. Pero esconder los problemas abajo de la alfombra nunca es la solución, y el Gobierno de la Ciudad hace literalmente eso, metiendo más y más gente en “cajas” en lugar de usar sus cuantiosos recursos para dar soluciones reales y definitivas”, argumentó, en diálogo con este periódico.
Vanesa Coria, asimismo, destacó que ya actualmente en la Comisaría Comunal 12 “hay capacidad para 12 detenidos y actualmente hay 20, las condiciones son inhumanas y nada asegura que esto no se repita con la ampliación de la capacidad”.