Vuelve plan por “Inspección General de Justicia porteña”
Conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por posible jurisdicción autónoma que facilite radicación de offshore y controles más laxos dentro del ámbito de la Capital. Denuncia penal arrastrada desde 2016. La Fiscal Gabriela Boquin volvió a denunciar intento oficial post PASO de traspasar facultades duplicando funciones y liberando a personas jurídicas. Discusión por eventual creación de “guaridas fiscales” basado en la autonomía porteña. ATE y Judiciales en alerta. Inminente decisión clave en el fuero Contencioso Administrativo Federal que puede influir en el destino del expediente.
Por Gabriel Morini
El macrismo retomó un proyecto que en realidad nunca abandonó: la idea de crear una Inspección General de Justicia (IGJ) autónoma en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires que permita un registró regulado bajo sus propios criterios para las sociedades jurídicas que se inscriban dentro de los límites de la General Paz.
La medida por un lado encuentra paraguas en la autonomía constitucional que posee la jurisdicción capitalina. Pero alertó a opositores y especialistas respecto a las cualidades más laxas que tendrían las regulaciones para inscribir sociedades, lo que habilitaría que sirva de terreno fértil para el establecimiento de empresas que busquen eludir controles, como en jurisdicciones denominadas offshore, asimilables a paraísos fiscales.
En realidad, la iniciativa volvió a tomar fuerza luego de las elecciones PASO, donde el oficialismo más racional empezó a vislumbrar que el único “fuerte” que podrá conservar es la administración porteña.
La propuesta original fue de 2007, cuando el gobierno de Mauricio Macri como jefe de Gobierno propuso crear un registro de sociedades individuales – había uno de índole nacional – y consiguió que la Legislatura lo aprobase en 2008. Pero allí se topó con un freno judicial: Alejandra Gils Carbó, a cargo de la fiscalía general de la Cámara en lo Comercial se opuso y la intención del PRO quedó empantanada.
Fue el origen del odio visceral que la administración Cambiemos le dispendió a Gils Carbó, ya convertida en Procuradora General durante el kirchnerismo, y que produjo su esmerilamiento hasta que presentó su renuncia como jefa de los fiscales.
Con el proyecto congelado durante casi 10 años, comenzaron a cruzarse denuncias penales y sospechas múltiples sobre lo que podría ocurrir, por ejemplo, con todas las empresas que tienen asiento – por domicilio – en la Capital Federal y que podrían emprolijar su situación.
Pero toda la saga que comienza a visibilizarse ahora en el período post electoral tuvo un episodio intermedio hace dos años. La sucesora en el cargo a Gils Cabró como fiscal general comercial, Gabriela Boquín – la misma funcionaria que denunció el acuerdo ruinoso entre el Estado y la empresa familiar Correo Argentino – reclamó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la nulidad de la sentencia que le dio la razón al Gobierno de la Ciudad y advirtió que implica “un retroceso institucional inadmisible”.
La jueza Macarena Marra Giménez hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa del Ministerio Público Fiscal para accionar y rechazó una demanda, en la que se dirime la constitucionalidad de la ley 2875 que crea un Registro Público de Comercio para el ámbito local, actualmente suspendida por una medida cautelar. Boquín recordó que el recurso contra el fallo de la jueza fue concedido al día siguiente de su presentación junto al fiscal federal en lo Contencioso Administrativo, pero que recién fue notificada… un año después.
“Interesa a la sociedad toda que el Estado no habilite un doble sistema de registro y fiscalización de asociaciones civiles, fundaciones y sociedades que se superponga en la misma jurisdicción, lo cual sería un escándalo jurídico que afectaría la seguridad de las transacciones civiles y comerciales”, apuntó la fiscal.
Es quizás el eje del problema que se discute. La fiscal general reiteró que la Ley 2875 de la ciudad “es inconstitucional en tanto vulnera la Constitución Nacional (art. 31 y 129), las leyes dictadas por el Congreso de la Nación (art. 10, ley 24588 y ley 22.315) y el Estatuto Organizativo local (cláusula transitoria segunda), al usurpar facultades del gobierno nacional, instalando un doble sistema registral para las asociaciones civiles y sociedades comerciales y sustrayendo de los tribunales nacionales civiles y de comercio una competencia fijada por ley”. Ello “en perjuicio directo de los intereses generales de la sociedad ‘al traer aparejada la alta dosis de inseguridad jurídica sobre sus habitantes, derivada de la coexistencia de dos autoridades de control distintas, con similares funciones de registro y fiscalización, y consecuentes facultades reglamentarias y sancionatorias’, tal como fuera invocado en la demanda”.
Los hechos que surjan del registro porteño no podrían ser sometidos a los mismos tribunales que el resto. «Cualquier traspaso resulta inconstitucional sin una ley de la misma jerarquía (dictada por el Congreso de la Nación) que modifique” la norma nacional, continuó Boquín.
El gremio de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, con la firma de Julio Piumato, aseguró que uno de los objetivos de esta jugada es “trasladar el conocimiento de ciertas cuestiones vinculadas a la registración y control sobre sociedades off shore facilitando su uso de manera discrecional, y a la causa del Correo Argentino S.A. bajo la órbita de la Ciudad”.
También el gremio de trabajadores estatales, UPCN, mostró su preocupación y declaró el “estado de alerta y asamblea permanente en la IGJ y en el Registro de la Propiedad Inmueble” ante un posible traspaso del organismo a la Ciudad mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Ese rumor de un DNU comenzó a sonar cada vez más fuerte luego de las PASO, como una jugada de último minuto para allanar el camino a consolidar la IGJ porteña con sus propias reglas.
Según el análisis de Gils Carbó – que reapareció con este tema en agenda luego de haber renunciado – “lo que se busca con la IGJ porteña es liberalizar el uso fraudulento de sociedades” y advirtió que “crear una IGJ en la ciudad de Buenos Aires es crearse una jurisdicción sin controles”. Por eso, resaltó que “la evasión impositiva es uno de los principales objetivos de crear una IGJ en la ciudad”.
La fiscal Boquín levantó el guante de la denuncia de los gremios y la profundizó alertando por la inminencia de ese decreto y argumentó que el Gobierno porteño no sólo montó en 2017 las oficinas de la IGJ porteña mientras había una impugnación judicial, sino que su titular, Hernán Najenson, presentó informes de gestión, ya se dedicó a hacer convenios con el Estado Nacional, y reclamó la remuneración por el cargo que ocupa.
Boquín hizo el planteo ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que debe resolver una discusión de hace años sobre la legitimación de su fiscalía para actuar en el caso, que increíblemente sigue pendiente. Si resuelve en contra de su participación, tendrá el Gobierno el camino allanado para correr del medio la oposición de la fiscalía a la maniobra.
La situación es tan controversial, que tanto Najenson como el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta fueron denunciados penalmente en 2016. La causa está activa y la investigación en los tribunales federales de Comodoro Py está a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Fueron imputados por abuso de autoridad.
La historia está en pleno desarrollo si se decide avanzar y probablemente tenga destino de tribunales.