Mientras el Gobierno de Mauricio Macri busca bajar la edad de imputabilidad penal, trabajadores de la niñez exigen políticas públicas, denuncian precarización laboral, problemas edilicios en los Centros de Régimen Cerrado, y reclaman una ley penal juvenil.
Por Agustina Cavalanti, de la Cooperativa EBC para el Barrio Villa Pueyrredón
“Les interesa un pito la niñez”, dice Gabriel Lerner, ex Secretario Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), al ser consultado sobre la idea de bajar la edad de imputabilidad penal a 15 años. Los trabajadores de la infancia exigen políticas públicas y denuncian ajuste y precarización laboral en los centros de detención de menores de edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a un Gobierno que elige la presencia de un estado penal antes que social: ¿en qué condiciones los pibes transitan el encierro?. Celdas sin mobiliario, ni baño. Falta de mantenimiento e higiene. Iluminación y ventilación natural prácticamente nula. Sectores con colchones acumulados, agua estancada y residuos en los pisos. Ausencia de un protocolo de evacuación y certificado de salubridad del Gobierno de la Ciudad.
Estos son sólo algunos de los aspectos que describe un informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación. El estado de los centros de detención de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad es alarmante.
Desde el año 2016, y a partir del Decreto Nº 492/201652 donde el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta ordenó el traspaso a la órbita porteña de los cinco Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado, el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad es el encargado de regular el Centro de Admisión y Derivación (CAD) ex -Instituto “Úrsula Liona de Inchausti”; el Centro de Régimen Cerrado “Dr. Manuel Belgrano”, ambos ubicados en el barrio porteño de Balvanera (Comuna 3); el “Gral. José de San Martín” en Flores (Comuna 7); el Centro “Dr. Manuel Rocca” (Floresta) que fue clausurado judicialmente luego de un motín, y actualmente funciona en el Centro de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, en Palermo (Comuna 14).
Según la Asamblea de Infancias y Adolescencias de la Ciudad (APIABA) año tras año el Consejo es postergado presupuestariamente “sólo se le destina el 0.3% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires”. Esta red que nuclea a más de 40 organizaciones especializadas en la temática de la niñez denuncia precarización laboral, falta de recursos básicos para el trabajo, espacios de atención insalubres o inaccesibles, falta de instancias de formación y supervisión adecuadas “y claro está, magros salarios percibidos”.
“A los Centros le faltaba comida, vestimenta y materiales necesarios para garantizar las condiciones mínimas de alojamiento de los menores de edad. Si un pibe ingresó al circuito penal es porque el sistema de protección de derechos falló. Y esta falla se debe claramente a la falta de presupuesto en el ámbito de la Ciudad. En vez de elevar los presupuestos para los organismos de la niñez, este Gobierno eleva el presupuesto en armas taser para las fuerzas de seguridad y le da vía libre al gatillo fácil”, indica María Paula Vázquez, delegada de ATE SENNAF, que hasta 2018 trabajó dentro del CAD Inchausti.
Vázquez describe que los Centros “parecen escuelas, pero al ingresar son bien semejantes a las cárceles. Es grave la falta de mantenimiento, de hecho, el Agote tiene varios informes y pedidos de cierre porque es un edificio que corre peligro de derrumbe. En verano el calor es sofocante y los ventiladores los ponen solamente en lugares comunes y grandes. Cualquiera que pise un centro cerrado, que vea dónde se alojan los pibes, advertiría que no son lugares de resocialización”.
Asimismo, el Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales de Menores de la Ciudad y cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación, Damián Muñoz, afirma que hoy en día la situación edilicia de los Centros de Régimen Cerrado es “mala”.
“Hace años que deberían dejar de utilizarse esos edificios y, en consecuencia, diseñar y construir uno nuevo, acorde a los estándares internacionales. El problema es que se trata de edificios muy antiguos con problemas estructurales. Y aunque cada gestión intente mantenerlos, remodelarlos y/o refuncionalizarlos no logra superar esas cuestiones y al poco tiempo esas reparaciones resultan estériles”.
Muñoz plantea la necesidad de una fuerte decisión política “acompañada de un presupuesto acorde, que diseñe y construya un dispositivo que le permita a los adolescentes cumplir su privación de libertad en las condiciones más dignas posibles”.
Actualmente, 93 niños, niñas y adolescentes viven en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la Cuidad de Buenos Aires por disposición de los Tribunales Orales de Menores. El 94% son niños y el 6% niñas. “Siempre el encierro a temprana edad deja marcas muy profundas. Implica la restricción de un derecho fundamental que, por esa misma razón, genera sufrimiento”, añade Muñoz.
Pero las cicatrices del encierro también se reflejan en la tortura policial. Distintos testimonios indican que los pibes reciben apremios por parte de la policía cuando son detenidos.
“Llegué con el tabique casi quebrado, todo golpeado, lleno de sangre, me sacaron el hombro de lugar cuando me detuvieron en la calle” (Joven alojado en el CRC San Martín). “Me cagaron a palos” (Joven alojado en el CRC Agote).
“Fue fuerte. Me dieron un cañazo en la cabeza, me tiraron al piso. Eran ocho policías y me decían chorro, pedazo de puto. Te basurean. Cuando estaba esposado en el piso, me sacaron el reloj y me decían que, si nos hubieran agarrado en una calle más oscura, nos hubieran matado” (Joven alojado en el CRC San Martín). “Me pegaron. Siempre lo hacen. Me patearon la cara en el piso” (Joven alojado en el CRC Belgrano). (Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación)
“Luego del traspaso a la Ciudad se profundizó la mano dura adentro de los centros cerrados. Las fuerzas de seguridad tenían libre albedrío para ejercer malos tratos, violencia y tortura en vez de una detención regular cuando intervenían. A los pibes que ingresaban golpeados le tomábamos el relato para realizar las denuncias. Pero no hubo mucho resultado”, dice la delegada Paula Vázquez.
Damián Muñoz agrega: “Se pudo vislumbrar en el inicio de la nueva gestión una impronta de cierto empoderamiento del cuerpo de seguridad (encargado de la vigilancia y seguridad) en detrimento de las autoridades, operadores y equipos de los Centros”.
Entonces ¿qué sucede con la educación?. Si bien los jóvenes estudian en el Programa de Educación en Contextos de Encierro que tiene nivel primario y secundario, “se presentan dificultades vinculadas a la necesidad de mayor cantidad de docentes”, aclara el defensor público. Y Vázquez adiciona: “Al generar un corrimiento del rol del operador, la escuela, los talleres y la comunicación telefónica se fueron convirtiendo en un beneficio y no en una garantía de sus derechos”.
No a la baja, sí a una nueva ley penal juvenil
Actualmente los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad son regidos por la Ley Nº 22.278, promulgada en la última dictadura militar argentina. Es decir, los preside una impronta autoritaria, previa a la Convención de los Derechos del Niño: al menor se lo condena como a un adulto.
Según UNICEF Argentina, bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad. “Es importante tener una Ley de Justicia Penal Juvenil acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño que respete sus derechos y garantías, pero para ello no es necesario bajar la edad de punibilidad. Hay que trabajar con un enfoque de reinserción social”.
Diversos organismos internacionales de derechos humanos han instado a la Argentina a sancionar una nueva ley penal juvenil congruente a los principios y estándares internacionales, pero aclarando que esa nueva ley no puede aumentar las penas ni bajar la edad de punibilidad.
“Suele afirmarse que siempre existe una tensión entre lo que se llama el Estado Social y el Estado Penal. Y en esa tensión, siempre el achicamiento de uno implica el aumento del otro. La baja de la edad es una forma de ajuste hacia los adolescentes porque supone aplicar a esa franja etaria el sistema penal en lugar de las políticas públicas”, concluye Damián Muñoz.
Gabriel Lerner afirma que en el campo de la infancia nadie apoya la baja de edad de punibilidad y denuncia que el Gobierno no escucha a los que trabajan con los pibes.
“¿La ley es a favor de chicos y chicas? ¿Que tienen que ver Garavano y Bullrich con los derechos de la infancia y la adolescencia?. Hace falta una nueva ley penal juvenil que sea acorde al paradigma de derechos humanos, acorde a la convención de los derechos del niño. Pero reformar la ley no significa bajar la edad de punibilidad. El proyecto que impulsa el PRO no resuelve ninguno de los problemas, habilita enormes sanciones privativas de libertad y sigue dándole al juez penal de menores facultades propias de la vieja minoridad”, expresa el ex secretario del SENNAF.