El Gobierno de la Ciudad recibió un verdadero “regalo de Reyes” con el aumento por parte de la Nación de fondos coparticipables. La decisión generó un principio de rebelión en las provincias gobernadas por peronistas. Se retoma el debate sobre el federalismo y hasta dónde llega la autonomía porteña.
Por Fernando Casasco
El presidente Mauricio Macri tomó la decisión de aumentar la coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasando del 1,4% al 3,75%, con un aumento del 168%. La decisión llegó a continuación del traspaso de las comisarías de la Policía Federal a la órbita del Gobierno porteño. Sin embargo, si esta fue la verdadera razón, fue obviada en el Decreto de Necesidad y Urgencia que lleva la firma del Jefe de Estado.
Para hablar en números fríos: la Ciudad de Buenos Aires recibió el año pasado 7.763 millones de pesos, lo que constituye algo más del 11 por ciento de los 70 mil millones que recaudó por todo concepto. Según lo proyectado en el Presupuesto nacional de 2016, la CABA percibiría 9.977 millones de pesos en concepto del 1,40% y dicho monto se incrementaría a 26.724 millones con el decreto firmado por Macri, casi 17 mil millones de pesos más (algunos cálculos llegan hasta casi 19 mil millones) que el Estado Nacional resigna en favor de la ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.
Al mismo tiempo que beneficia a una administración de su propio color político, la medida produjo un fuerte impacto entre las provincias gobernadas por el Frente para la Victoria-PJ. Algunos gobernadores, como el pampeano Verna, acusaron al gobierno de Macri de “unitario”, mientras que la mayoría resaltó la injusticia que significa aumentarle los fondos a la ciudad con el mayor ingreso per cápita del país.
Vale recordar que en una medida anterior, el Gobierno nacional retrotrajo la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de restituirle a todas las provincias el 15% que las jurisdicciones aportaban al sistema previsional, en concordancia con el fallo de la Corte Suprema que ordenaba devolverle esos fondos a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis.
En el medio de esta polémica se encuentra la antigua y nunca saldada discusión sobre una nueva ley de Coparticipación, una de las deudas de la reforma constitucional de 1994 que el gobierno de Macri se propone saldar. El tema es espinoso y en más de 20 años no se pudo avanzar demasiado.
Cuando Néstor Kirchner durante su mandato presidencial se propuso discutir el tema con las provincias y avanzó en acuerdos con varias de ellas, el que puso el grito en el cielo fue el por entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, quien se negó a firmar ningún acuerdo que no incluyera la restitución de los 8 puntos porcentuales que durante el gobierno de Raúl Alfonsín cedió el distrito más grande del país. Hoy la administración bonaerense aporta alrededor del 35% del producto bruto interno y recibe algo más de la mitad en fondos coparticipables.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el tema es aún más complicado. Como en 1988 – al dictarse la actual ley de Coparticipación -, la Capital Federal no tenía aún su autonomía no fue incluida en la cantidad de recursos coparticipables. En cambio se estableció un límite del 1,4% para el envío a la por entonces Municipalidad de la Ciudad, guarismo que luego fue prorrogado tras la sanción de la Constitución porteña (al igual que el 0,7% que se otorga a Tierra del Fuego, actual provincia, pero por entonces Territorio Nacional).
La decisión de Macri rompe con esa lógica de manera unilateral, lo cual motivó el desagrado de los gobernadores. Los líderes provinciales, tras una reunión con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, se llevaron la promesa de que los fondos girados a la administración porteña sólo estarán limitados al financiamiento del traspaso de la Policía Federal. Y que en el futuro, cualquier cambio en los montos coparticipables, deberá pasar por una discusión multilateral con las provincias, las cuales – según la propia Constitución de 1853 – son preexistentes a la Confederación Argentina.
Más allá de la discusión política, ¿es acertado el traspaso de fondos a la Ciudad de Buenos Aires? Todo depende del cristal con que se lo mire. Según Ariel Melamud, especialista de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, los recursos “representan un 25% más de lo que se recaudaría por Impuesto Inmobiliario y Automotor”. Además, los fondos “equivalen a toda la inversión pública prevista para 2016 y a 5 veces el gasto en Vivienda”.
Desde el Frente para la Victoria, se denunció que los fondos extras recibidos desde la Nación servirán a la Ciudad para pagar deuda pública. Según el diputado nacional y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el traspaso de la Federal demandará 9.000 millones de pesos, por lo que al presupuesto porteño le quedaría una suma similar para “libre disponibilidad”.
El problema radica en que no existe un cálculo cierto de cuánto puede costar la absorción por parte del Gobierno porteño de parte de la estructura de la Policía Federal. A esos 9 mil millones esgrimidos desde el FPV – que representan a los efectivos de las 53 comisarías, bomberos, su infraestructura y mandos jerárquicos – habría que sumarles el traspaso parcial de otras superintendencias, como son las de Policía Científica, Investigaciones Federales, Tecnologías de Información y Comunicación y Aviación Federal. También hay que tener en cuenta ciertas diferencias salariales entre la Policía Metropolitana y la Federal, las cuales al unificarse demandarán erogaciones extra para su equiparación.
Nuevamente, la polémica se origina en que el decreto por el cual se transfieren los fondos no aporta datos en este sentido – ni siquiera menciona el traspaso policial – y sólo habla de que el gobierno porteño pueda “proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo”.
En este sentido, algunos hablan de proyectos del Ejecutivo Nacional para que también la mayoría de los juzgados con competencia federal pasen a la órbita de la ciudad.
Por último, siempre se menciona la posible justicia o no de la medida. Es evidente que la Ciudad de Buenos Aires aporta algo así como una cuarta parte del producto bruto del país y lo que recibe en materia de coparticipación es ínfimo.
Además, el Poder Ejecutivo comenzó a desandar el camino de los subsidios a la energía, algo que impactaba en un fuerte beneficio directo de las arcas del Estado nacional a los bolsillos de los habitantes del Área Metropolitana.
Sin embargo, hay otros términos que se deben tener en cuenta a la hora de hablar de equidad. Sin lugar a dudas, la administración porteña tiene una situación privilegiada al gobernar sobre un territorio muy reducido, urbanizado y con servicios públicos prácticamente universales, lo que implica una menor necesidad de inversión en infraestructura.
A la par de ello, se suele mencionar que la Ciudad debe sostener una estructura educativa y sanitaria que es utilizada también por habitantes del Gran Buenos Aires, e incluso de otras provincias del país.
Lo que no se dice al mismo tiempo es que a sus 3 millones de habitantes le suma diariamente una cifra similar, que viaja a la Capital Federal para trabajar: un verdadero ejército laboral que consume bienes y servicios, por los que paga y, por lo tanto, tributa al fisco porteño.
La solidaridad de doble vía se completa con los residuos de la Ciudad que cotidianamente reciben distritos del Conurbano, con el consiguiente impacto ecológico sobre sus poblaciones.
Queda claro que la cuestión de la coparticipación federal y su justo reparto excede lo planteado en fríos términos financieros. Por lo tanto, la forma de abordarla no debería ser mediante decretos, sino con una intensa discusión de parte de todos los actores intervinientes y culminarse con la sanción de normas en el ámbito en que los representantes del pueblo llevan a cabo sus deliberaciones: el Congreso Nacional.