El explosivo chat de un grupo de jueces y funcionarios de la Ciudad, que confirmarían el viaje al sur financiado por Clarín, mostró al denunciado lawfare en funcionamiento. Los escándalos que persiguen al ministro de Seguridad de la Ciudad y su labor junto al procurador en las operaciones a favor de Rodríguez Larreta.
Por Fernando Casasco
El pasado mes de octubre estalló una noticia que la gran mayoría de medios de comunicación decidió ignorar, pero que preocupó seriamente a sus protagonistas. Según los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser, de Página/12, un selecto grupo de jueces, fiscales, agentes de inteligencia y funcionarios de la administración porteña se reunieron en la mansión que posee el magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, provincia de Río Negro, un lugar inaccesible para la mayoría de los argentinos. Esta especie de “retiro espiritual” habría estado organizado y financiado por el Grupo Clarín. Dato relevante: el viaje se realizó en un avión privado y en días laborables, sin que ninguno de los funcionarios hubiera pedido la licencia correspondiente.
Más allá de una causa abierta por el presunto delito de dádivas en Bariloche, no ocurrió mucho más. Pero en las últimas horas medios como Tiempo Argentino, Perfil y El Cohete a la luna revelaron la existencia de un grupo de chat a través de la plataforma Telegram, creado el mismo día de la difusión de la noticia, en la que los empresarios, funcionarios y jueces implicados habrían coordinado acciones para acallar la noticia y para elaborar una respuesta común. Y lo que es más grave: se habría hablado de falsificar facturas para evitar ser acusados de dádivas y de “apretar” a la fiscal a cargo de la causa para que la cierre o la derive a los tribunales federales de Comodoro Py.
En el grupo que habría cruzado mensajes se encuentran el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, el abogado del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey (aparentemente organizadores del ágape), el juez federal Julián Ercolini, los también jueces Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, el procurador general porteño, Juan Bautista Mahiques y el ex miembro de la SIDE, Leonardo Bergroth, entre otras personas. Ercolini tuvo a su cargo la instrucción de la Causa Vialidad contra CFK. Tanto él como Cayssials beneficiaron en otras causas al Grupo Clarín. El tantas veces meneado lawfare, en acción
La revelación provocó un cataclismo político, justo un día antes de que se conozca la sentencia contra la Vicepresidenta. Con la intención de darle visibilidad pública al asunto, el presidente Alberto Fernández brindó un mensaje a través de la cadena nacional: denunció que «por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores», a la que denominó “promiscuidad antirrepublicana”.
El primer mandatario instruyó la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal y el inicio de las acciones ante el Consejo de la Magistratura. Además, le solicitó al bloque del Frente de Todos en la Legislatura Porteña que presente el pedido de juicio político contra los funcionarios de la Ciudad; y reclamó al Congreso que nombre al Procurador General de la Nación.
El único de los apuntados que esbozó una defensa formal fue el ministro D’Alessandro, quien en sus redes sociales denunció que “la mafia kirchnerista” financió con fondos públicos “una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa”. Luego, en declaraciones periodísticas, admitió que «el viaje existió. Era un viaje que se venía programando desde hacía tiempo y por la pandemia no se dio, y justo se cuadró… nada, como podés ir con tus amigos a la Costa”. Extraño grupo de amigos: en la misma nota admitió que no conocía a algunos de los que se reunieron en el sur.
Lo que también resultó curioso fue que reconoció que su teléfono fue hackeado – lo cual ya había sido denunciado un mes atrás, según informó el diario Clarín -, pero negó la existencia del chat grupal. Asimismo, esquivó la posibilidad de la existencia de dádivas ni la responsabilidad del Grupo Clarín en la invitación: “Cada uno pagó su pasaje, nadie invitó”, desmintió. Los términos de su defensa pública coincidieron con los que figuran en el supuesto grupo de chat.
El macrismo salió – casi – en bloque a defender al ministro señalado. «Hablé con D’Alessandro y confío en sus palabras. Como hemos hecho siempre, él y todos los funcionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia», sostuvo el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que se trata de una «operación del kirchnerismo».
Los ministros porteños Felipe Miguel, Soledad Acuña, Fernán Quirós y Jorge Macri sumaron su solidaridad. Al coro se agregaron Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. En cambio, no se escuchó ni se leyó ninguna declaración pública del ex presidente Mauricio Macri – amigo personal de Lewis y asiduo visitante de su estancia – ni de los socios radicales de Juntos por el Cambio.
Ni lerdos ni perezosos, los legisladores del Frente de Todos presentaron un pedido formal de juicio político contra D’Alessandro y el procurador Mahiques, por el presunto incumplimiento de los artículos 52 y 53 de la ley de ética pública, en el que se habla de “la prohibición de recibir obsequios, entre ellos, el pago total o parcial de gastos de viaje”. El principal bloque de oposición consideró que «recibir dádivas, encubrirlas falsificando documentos, presionar fiscales y periodistas, armar causas, prometer cárcel a los díscolos: todo es válido para esta suerte de poder paralelo».
No es la primera vez que D’Alessandro está en el ojo del huracán. El kirchnerismo ya había solicitado su renuncia a fines de agosto, tras los graves incidentes que se produjeron a raíz del vallado armado por la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner. Lo acusaban de “poner en riesgo a la población”, además de detener y agredir a dirigentes del Frente de Todos, entre los que se encontraba el diputado Máximo Kirchner.
Más atrás en el tiempo, también el ministro debió dar explicaciones por la muerte del joven futbolista Lucas González, víctima de “gatillo fácil” de la policía a su cargo. También durante este año el juez Roberto Gallardo dispuso la suspensión del sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires – a cargo del Ministerio de Seguridad – por supuestas irregularidades en su manejo.
La Justicia detectó que el sistema no sólo se usaba para buscar prófugos de la justicia, sino para recabar información de diversos dirigentes políticos, empresariales y funcionarios del Poder Judicial, entre los que se encontraban Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Estela Carlotto, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Axel Kicillof. La causa, como suele suceder en la justicia porteña, acabó con la recusación del magistrado que osó investigar al oficialismo local.
Mahiques, que viene de ser representante del Ejecutivo macrista ante el Consejo de la Magistratura y operador en las causas contra el kirchnerismo, es junto a D’Alessandro responsable de organizar la agenda judicial del precandidato presidencial Rodríguez Larreta. Así lo informó el diario La Nación en julio pasado, al resaltar que el fiscal general de la Ciudad fue el anfitrión de al menos tres asados que compartieron el jefe de gobierno con jueces y camaristas federales.
Curiosamente – o no – a uno de esos almuerzos concurrieron dos de los excursionistas a Lago Escondido, Julián Ercolini y Carlos Mahiques (padre del procurador), además de otros magistrados señalados desde el kirchnerismo como integrantes del lawfare contra esa fuerza política, como los camaristas Llorens y Bertuzzi o Ariel Lijo.
Si la relación entre justicia, política y grandes empresarios ya era conflictiva desde hace años, el estallido de este escándalo no hace más que demostrar la podredumbre de un sistema que necesita reformas urgentes.
Lo más grave es que no se observa en el corto plazo la viabilidad de un acuerdo político entre las principales fuerzas para sanear un poder de la Nación en el que todos y todas deberíamos conseguir las garantías del cumplimiento de la ley.