El Presidente Alberto Fernández, a través de un decreto, recortó en 1,18 puntos la Coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, a través de la Procuración General, realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitó una medida cautelar. En paralelo ingresó al Senado nacional un proyecto de ley para establecer los fondos por el traspaso de bienes, personal y atribuciones de la Policía Federal en la ciudad.
Por Ignacio Di Toma Mues
La pelea por los fondos de Coparticipación Federal que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires se disputará en el ámbito de la Corte Suprema al ser un conflicto entre dos jurisdicciones. Y también en el Congreso Nacional.
El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, redujo del 3,5% al 2,32% la alícuota de coparticipación de impuesto que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. El decreto 735/2020 fue publicado en el Boletín Oficial el día jueves 10 de septiembre.
El Gobierno nacional sostiene que el aumento del 1,4% al 3,75% en la Coparticipación Federal a favor de la Ciudad la realizó el entonces Presidente Mauricio Macri por un decreto simple en enero de 2018, totalmente legal, de la misma manera que lo es el rubricado por Alberto Fernández. Por su parte, Rodríguez Larreta lo consideró anticonstitucional y presentó una demanda judicial ante la Corte Suprema.
La Procuración porteña solicitó que la Corte “ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”; y que se declare nulo “todo acto administrativo o norma que se hubiera dictado o se dicte en el futuro como consecuencia del dictado de aquél”.
Cabe recordar que la Ley 23.548, sancionada en 1988, estableció el Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias; y hasta la fecha el Congreso nacional se debe una ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Un dato a tener en cuenta, recién en 1994, con la reforma Constitucional, la Municipalidad de Buenos Aires pasó a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque sin tener el estatus de provincia.
Es por esta razón que la norma que hoy rige la coparticipación de impuesto deja en manos del Ejecutivo nacional la potestad de fijar el monto a ser transferido a la Ciudad “de la parte que le corresponde conforme a esta Ley”. Los fondos no “salen” de la masa que va a las provincias sino del 42,34% que se queda el Estado Nacional. Lo mismo sucede con Tierra del Fuego que fue un territorio nacional hasta su provincialización en abril de 1990.
Además la ley establece que la Municipalidad de Buenos Aires recibirá “una participación compatible con los niveles históricos, la que no podría ser inferior en términos constantes a la suma transferida en el año 1987”.
En marzo de 2003, el entonces presidente interino Eduardo Duhalde, también por decreto, asignó a la Ciudad de Buenos Aires un monto equivalente al 1,4% de la masa coparticipable. En los años anteriores, con la sanción del presupuesto nacional se establecía la partida a girar a la Capital Federal.
El 19 de enero de 2016, luego de la firma del convenio del traspaso de bienes, personal y atribuciones de la Policía Federal en la ciudad, Mauricio Macri modificó el porcentaje mediante el decreto simple 194/2016.
En los considerando se justifica el incremento “en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo, el Estado Nacional entiende que para garantizar dicha autonomía resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento”.
Y sostiene que “es procedente fijar el coeficiente de participación del 3,75% sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos a partir del 1° de enero de 2016”. Aunque las autoridades nacionales atribuyeron el aumento al traspaso de la policía a la ciudad, en la letra del decreto no está explicitado.
La Constitución Nacional, en su artículo 75, fija que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.
El convenio entre Nación y Ciudad para el traspaso de la policía fue aprobado por la Legislatura porteña, pero en los cuatro años del Gobierno de Cambiemos no fue tratado por el Congreso. El Presidente Alberto Fernández acaba de enviar un proyecto de ley, que comenzará a tratarse en el Senado, que establece la coparticipación en el 1,4% y un monto anual (24.500 millones de pesos, ajustable trimestralmente), por el traspaso de funciones de la Policía Federal al distrito porteño.
El Gobierno de la Ciudad avaló que el Presidente de la Nación puede disponer una rebaja en el porcentaje de coparticipación con la firma en 2017 del “Pacto Fiscal” junto al Estado Nacional y las provincias. Pacto ratificado en noviembre de 2017 con la sanción de una ley por parte del Congreso.
En uno de los puntos del pacto fiscal, para convencer a las provincias díscolas, el Ejecutivo nacional asumió el compromiso de “modificar el artículo 1° del Decreto 194/2016 para reducir el porcentaje de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los impuestos coparticipables”. Finalmente, la reducción fue mínima: a partir del 1° de enero de 2018 pasó del 3,75% al 3,5%.
Traspaso de la Federal
El convenio, firmado por Macri y Rodríguez Larreta el 5 de enero de 2016, transfirió personal, funciones, equipos e inmuebles de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires.
Este proceso abarcó a unos 18 mil agentes que respondían a cada una de las 54 comisarías dentro de los límites de la ciudad, bomberos y otras superintendencias como Tecnologías de Información y Comunicación y Aviación Federal, y también, en forma parcial, a la Policía Científica e Investigaciones Federales. La Policía Metropolitana tenía un poco más de 6 mil agentes a principios de 2016.
Tomando la proporcionalidad de los gastos en formación, mantenimiento, inversión de equipamiento, y pago de salarios, el gasto anual del traspaso rondaría el 70% del presupuesto total de la Policía de la Ciudad.
Según la ejecución presupuestaria del año 2019, informado por el Ministerio de Hacienda porteño, a salarios se destinó 34.300 millones de pesos, mantenimiento 2.345 millones, equipamiento y maquinaria 2.580 millones y al Instituto Superior de Seguridad Pública 314 millones. Un total de 39.539 millones, de los cuales el monto por el traspaso sería de alrededor de 27.680 millones.
En 2019, la Ciudad de Buenos Aires recibió en concepto de Coparticipación Federal un total de 83.370 millones de pesos. Alrededor de 23.820 millones por cada punto de coparticipación. Tomando en cuenta que el aumento establecido por Macri para solventar el traspaso fue de 2,1 puntos porcentuales, en 2019 los fondos recibidos fueron de 50.022 millones, un exceso de 22.342 millones.
Pero, estos no son los únicos fondos que recibe la Ciudad de parte de la administración nacional. Durante el año 2019 hubo transferencias por 5.221 millones de pesos. Que se desglosan en 2.255 millones para el financiamiento del traspaso de la justicia, el fondo de incentivo docente por 1.737 millones, infraestructura escolar por 390 millones y fortalecimiento educativo tecnológico por 186 millones, entre otros.
También para inversión de capital la Nación le transfirió al Gobierno de la Ciudad 3.154 millones de pesos. Más de la mitad para el traslado de la cárcel de Devoto (1.859 millones) y el resto en gran parte para planes de construcción de viviendas y urbanización de barrios.
La recaudación porteña total en el año 2019 fue de 357.430 millones de pesos. Las transferencias de la Nación por todos los conceptos sumó 91.746 millones.
Esta es la situación. La última palabra seguramente la tendrá la Corte Suprema de Justicia, aunque no sabemos cuando la dará. Mientras tanto el Congreso Nacional se prepara para debatir y sancionar una ley para definir alícuota de coparticipación y la partida presupuestaria para financiar el traspaso de la policía.