El Gobierno de la Ciudad está en pie de guerra frente a la Nación al considerar ultrajada su autonomía, por el recorte de la coparticipación que recibe. Pero, ¿es en verdad así o es un juego discursivo en el que se intenta vender gato por liebre?
Por Fernando Casasco
Para comenzar: ¿qué es la coparticipación? Es la masa de recursos que, proveniente de los impuestos nacionales, se destina a las provincias y a la Ciudad autónoma. De la masa coparticipable (no todos los impuestos lo son, algunos se coparticipan parcialmente), el 39,6% se lo queda el Estado nacional, a lo que se suma un 1% para Aportes del Tesoro Nacional, mientras que el 59,4% va a las provincias.
¿A todas? No. La Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego no están incluidas en esta cuenta, ya que obtuvieron su autonomía después de la sanción en 1988 de la actual Ley de Coparticipación. Al reformarse la Constitución en 1994 se estableció que se debía sancionar una nueva norma sobre Coparticipación, una deuda que se mantiene hasta hoy.
El régimen del reparto no sólo debe ser por ley, sino con acuerdo de todas las provincias. Más tarde, se estableció por decreto que la provincia de Tierra del Fuego recibiría un 1,3% de coparticipación y la Ciudad de Buenos Aires el 1,4%, pero ambos montos se descuentan de lo que percibe el Estado Nacional, es decir que no forman parte del total que reciben las otras 22 provincias.
Apenas asumido, el gobierno de Mauricio Macri aumentó de un plumazo por la vía del decreto el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad del 1,4% al 3,75%, sin realizar ninguna consulta al resto de los distritos. La excusa esgrimida en ese momento fue la transferencia a la órbita porteña del servicio de seguridad: las comisarías y el personal policial de la Federal se sumaría a la ya existente Policía Metropolitana para crear la Policía de la Ciudad. Más tarde, otra vez unilateralmente y por decreto (el instrumento jurídico favorito de la anterior administración nacional), el gobierno de Macri redujo por decreto esos fondos al 3,5%.
Según establece la Constitución en su artículo 75 inciso 2, cualquier transferencia de servicios de la Nación a una provincia (la ciudad de Buenos Aires goza de una autonomía que la hace equiparable a ellas) debe hacerse con los recursos correspondientes y mediante ley del Congreso nacional.
Este último punto quedó en el debe del gobierno de Macri, ya que jamás en su mandato el parlamento sancionó dicha transferencia. No es un detalle menor, ya que la decisión del Poder Ejecutivo y la nula participación del Legislativo, contribuyó a que jamás se discutieran los números reales del costo de la policía que la Nación le transfirió a la Ciudad.
Pero mientras esto ocurría, la asistencia de las arcas federales a la administración porteña fue más allá: le transfirió también la Lotería Nacional, redujo de 50% a 20% el aporte porteño al mantenimiento del Hospital Garrahan (el 80% quedó en manos de la Nación), financió grandes obras, como los viaductos ferroviarios del Mitre y el San Martín, le cedió terrenos como forma de pago de las obras del Paseo del Bajo, etc.
Con un estado de las cuentas públicas calamitoso y un cada vez más gravoso peso de la deuda pública, apenas asumió la Presidencia Alberto Fernández se puso a revisar cuáles eran las erogaciones que podían sufrir un recorte, a fin de comenzar a cerrar la brecha fiscal. Una de las primeras que saltó a la vista fue la de las transferencias a la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo encomendado al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, comprobó que las partidas superaban por mucho a los gastos que suponían los servicios de seguridad transferidos al distrito.
Allí comenzó una puja entre ambas administraciones, que se traducía en puntos porcentuales o sumas de montos de dinero contante y sonante, según fuera el interés de cada uno de los actores en disputa. El tira y afloja, suspendido temporalmente debido a la pandemia de coronavirus, explotó en septiembre, cuando el gobierno nacional decidió restar algo más de un 1% de los fondos cedidos por Macri (del 3,5% al 2,3%) y girarlos a la provincia de Buenos Aires, en medio de una crisis policial.
La Ciudad Autónoma y la provincia homónima son las que se dicen discriminadas en el régimen de coparticipación, en función de lo que producen comparado con lo que reciben. La diferencia entre ambas surge cuando se aplican los criterios de solidaridad que siempre primaron en este tipo de legislación (donde reciben más recursos las provincias con menor nivel adquisitivo y por tanto menor recaudación fiscal propia, a fin de equiparar los niveles de servicios que cada estado provincial puede brindar).
La provincia de Buenos Aires es la que menos recursos per cápita recibe, mientras que se ubica “a mitad de tabla” en el nivel de retribuciones de su población. Además de contar con un territorio extensísimo, en el que tiene que brindar servicios de salud, seguridad, educación, justicia, etc.
En cambio, la Ciudad se ubica segunda en recursos por habitante, pero en el primer lugar en la capacidad adquisitiva de su población, a lo que se suma el nivel de impuestos que recauda por su propia cuenta (único distrito del país que percibe impuestos provinciales y tasas municipales, simultáneamente), el territorio más pequeño, lo que abarata costos en los servicios y el alto desarrollo en materia de infraestructura (servicios públicos, transporte, comunicaciones, etc.).
Por si fuera poco, posee el puerto y es base del gobierno nacional, por lo que gran parte del presupuesto federal se invierte en ella. Estas son cuestiones históricas que generan altos niveles de riqueza y desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires y que poco tienen que ver con la gestión del PRO de los últimos 13 años, como se quiere dar a entender.
Todo este intríngulis presupuestario es el que intenta ser reparado mediante la ley que se debate en el Congreso de la Nación, donde están los representantes del pueblo y de las provincias, el escenario lógico para la discusión. La ley establece el envío a la Ciudad de fondos para el sostenimiento de los efectivos policiales, por fuera del guarismo del 1,4% de coparticipación. Esos fondos, que en principio se habían establecido en 24.500 millones de pesos al año, serán analizados por una comisión ad hoc y actualizados trimestralmente.
Rodríguez Larreta ya adelantó que apenas sea sancionada la ley (que fue devuelta al Senado para que confirme o desestime las modificaciones hechas en la Cámara Baja), volverá a presentarse ante la Corte Suprema, como ya lo hizo en ocasión del decreto presidencial, por considerar la norma inconstitucional.
El jefe de Gobierno hizo mención a la cantidad de escuelas u otras inversiones que la Ciudad podría hacer con los fondos recortados por Nación, pasando por alto que la discusión original era por los recursos para el mantenimiento de la fuerza policial. Y que, pese a recibir de la Nación alrededor de un 27% de su presupuesto de recursos coparticipables*, no hubo una mayor erogación ni en Salud, Educación o servicios sociales.
En otro gesto de rebeldía, el mandatario porteño fue el único jefe distrital en no firmar el Consenso Fiscal 2020, que suscribieron el Gobierno nacional y 23 gobernadores, incluyendo a varios opositores. Entre otros puntos, el acuerdo limita la capacidad de las jurisdicciones de endeudarse en dólares y de reclamar ante la Justicia por diferendos sobre coparticipación, dos ítems rechazados de plano en la sede de Parque Patricios.
Desde la Ciudad denuncian la inexistencia de “consenso”: olvidan que hace tres años se firmaba un pacto del mismo cariz (aunque con otras condiciones), que contó con el rechazo en ese momento de los gobernadores de San Luis y La Pampa.
Claro que en toda esta discusión es imposible evitar el trasfondo político. El Jefe de Gobierno cree ver detrás de las acciones del gobierno nacional la mano de la vicepresidenta Cristina Fernández, del diputado Máximo Kirchner y de los sectores más radicalizados del oficialismo. Desde el propio macrismo azuzan a Rodríguez Larreta a un enfrentamiento más decidido con el gobierno de Alberto Fernández y lo critican por su perfil moderado.
Por todo ello se sube el tono de la discusión, en un contexto de dura crisis económica, con un país golpeado por la pandemia y con la tristeza por la muerte de su mayor ídolo deportivo. Pero entre la parafernalia discursiva y mediática, hay que tratar de buscar cuáles son los datos reales, para que a nadie se le escape la tortuga.
*Información correspondiente al cierre de 2018. Fuente: Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos de Dirección Nacional de Asuntos Provinciales e INDEC.