El gobierno porteño sorprendió con “Alquilar se Puede” para facilitar el alquiler de viviendas en la ciudad y desató la polémica entre la oposición que asegura que el programa es “puro verso”.
Por Luciana Aghazarian
En plena campaña electoral el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, lanzó el programa “Alquilar se Puede” con el objetivo de ofrecerle una solución concreta a quienes se les dificulta el acceso a la vivienda por no contar con un capital inicial y/o garantía inmobiliaria. Está destinado a aquellas personas que residan, estudien o trabajen en la Ciudad de Buenos Aires.
Este sistema de alquiler que facilita una garantía bancaria subsidiada por el Instituto de la Vivienda y un préstamo del Banco de la Ciudad para cubrir los gastos iniciales del contrato despertó duras críticas entre la oposición.
En los últimos cuatro años se presentaron en la Legislatura porteña siete proyectos para regular el alquiler en la ciudad que aún no se trataron en comisión por falta de quórum.
El legislador porteño y precandidato a jefe de Gobierno por el Frente para la Victoria, Aníbal Ibarra, autor de uno de esos proyectos, disparó: “El PRO presenta un programa para que los inquilinos se sometan a las altísimas comisiones inmobiliarias y a los precios arbitrarios de los alquileres, otorgándoles un préstamo que luego tienen que devolver con una tasa del 19,5 por ciento. Esto quiere decir: ‘si el mercado es abusivo, nosotros te ayudamos a que puedas pagar el abuso’”.
Según el programa, para los trabajadores con ingresos informales existe un sistema de ahorro previo de cuatro meses a través del cual el “aplicante” demuestra su capacidad y voluntad de pago. En los casos de menores ingresos, se incluye un subsidio parcial al alquiler que varía de acuerdo con el tamaño del grupo familiar.
En relación a este punto, el Legislador porteño del Frente Progresista y Popular, Fernando Muñoz, aseguró: “El inquilino, además de pagar todas las comisiones, tiene ahora que pagar un crédito bancario. Lo que Macri llama ahorro previo, no es más que pagar un crédito con anterioridad”.
Muñoz, autor de un proyecto de ley para la creación de una oficina de atención al inquilino, presentó un proyecto de resolución mediante el cual exige al Poder Ejecutivo que informe, a través de los organismos correspondientes, distintos aspectos del sistema de garantías bancarias para inquilinos ofrecidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires desde el año 2010 y sobre el programa “Alquilar se Puede” del Instituto de la Vivienda.
La iniciativa contó con la adhesión de los diputados Edgardo Form y Aníbal Ibarra.
Según Muñoz “Alquilar se Puede es una tomadura de pelo más a los inquilinos” porque la garantía bancaria que ofrece el programa se trata de una ley aprobada en 2010 en la Legislatura que ya se viene implementando a través del Banco Ciudad “sin resultados”. “Es un crédito personal más de los que ofrece el banco y que no acepta ninguna inmobiliaria”, especificó el diputado.
Del mismo modo, los precandidatos por Camino Popular, Claudio Lozano e Itai Hagman, denunciaron frente al Instituto de Vivienda de la Ciudad que el plan macrista es “puro humo”.
“Si durante sus ocho años de gobierno el macrismo hubiera puesto como condición a los desarrolladores inmobiliarios la obligación de construir un diez por ciento de metros cuadrados en producción de vivienda social, ya se hubieran construido 17 mil viviendas, es decir la totalidad de la población de las villas 21 y 31”, sostuvo Lozano.
“El problema estructural de la vivienda no se resuelve con marketing publicitario”, completó Hagman.
Por su parte, el legislador y candidato a su reelección Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) señaló que “el anuncio de Mauricio Macri es un gran verso. En vez de facilitarle al inquilino una garantía gratuita con cualquiera de sus 6 mil inmuebles, el Estado sólo se la financia con un préstamo del Banco Ciudad a una tasa del 19,5%. Así, el gobierno macrista negocia con la necesidad apremiante de vivienda de la gente”.
Lo cierto es que a esta altura el programa “Alquilar se Puede”, de dudoso impacto social para la oposición, se convirtió en una de las estrellas de la campaña PRO de la mano de una fuerte inversión publicitaria, decisión que también es muy criticada.
En un contexto en el que existen más de 500 mil personas con dificultades para el acceso a la vivienda, Bodart concluyó: “Un verdadero plan de alquiler social debería incluir garantía gratuita, subsidio al inquilino y un impuesto a la vivienda ociosa a fin de ampliar la oferta y regular hacia abajo el valor de los alquileres”.