Principales aspirantes a quedarse con la concesión figuran haciendo pagos
Roggio y Eurnekian encabezan los dos consorcios más importantes que buscan quedarse con la explotación del servicio de subterráneos. El contrato será por 12 años más opción a prorrogarlo por 3 años más. El titular de Metrovías reconoció sobornos pagados a Ricardo Jaime equivalentes al 5% de lo que recibía en concepto de subsidios durante al menos ocho años. Corporación América de Eurnekian fue allanada por orden del juez Claudio Bonadio, y el sobrino de su titular salió a aclarar que pagó dinero negro a la campaña del kirchnerismo. Se espera que a fin de año haya una definición clave. En el medio, un amparo judicial afirma que la Legislatura aprobó el llamado a licitación a contramano de la Constitución porteña
Por Gabriel Morini
Era una licitación clave para el mundo empresario y político. Pero lo que nunca nadie se imaginó es que su definición iba a estar atravesada por el mayor escándalo de sobornos vinculados con la obra pública que está bajo investigación judicial. La extensión de la concesión por 15 años para la explotación de la red de subterráneos quedó tironeada por las sospechas en torno a los principales contendientes a quedarse con un negocio sobre rieles. Y bajo tierra.
Aldo Benito Roggio, el histórico contratista titular del grupo homónimo aspiraba a conservar el negocio que viene explotando desde 1994. La Corporación América – con Eduardo Eurnekian a la cabeza – luchaba por arrebatarle el negocio. Ambos quedaron salpicados por la investigación judicial por los supuestos recorridos de recolección de sobornos que instruye el juez Claudio Bonadio.
El contexto dejó teñido por una pátina de inviabilidad la adjudicación, en plena hecatombe económica en la que quedaron sumidas todas las empresas que directa o indirectamente están involucradas en los presuntos escritos del ex chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno. El final está abierto.
La Ley que habilitó la subasta ya había quedado en tela de juicio y dejó a tres contendientes para enfrenta a Roggio bajo el formato de Uniones Transitorias de Empresa. En juego están las seis líneas de subte y el premetro, hasta ahora en manos de Metrovías, con su contrato extendido pese a que está caduco ante la inminencia de la renovación de la concesión.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó una licitación nacional e internacional en busca de oferentes. Sin embargo, una causa judicial por vía paralela cuestionó la metodología empleada por la administración de Horacio Rodríguez Larreta y ensombreció el proceso.
La ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad exigió en un amparo que se declare la nulidad de la Ley N° 5885 aprobada en noviembre de 2017 por la Legislatura porteña. La sanción se consiguió con mayoría simple del cuerpo y con el aporte de los votos del PRO, la Coalición Cívica y la bancada que lideraba Graciela Ocaña. Es decir, el oficialismo enrolado a nivel nacional en Cambiemos.
Opositores y la ONG señalaron un dato simple: de acuerdo a la constitución local, una licitación de esas características para la prestación de un servicio público requiere los dos tercios de los votos de los legisladores porteños. El procedimiento no sólo requeriría de mayoría calificada, sino además de lo que se denomina “doble lectura”, que significa que se celebren audiencias públicas. Todo esto ocurría antes del inicio de la saga de los cuadernos.
Está previsto que quien gane la compulsa se quede con el servicio por los próximos doce años, con la posibilidad de extenderlos por tres más. Roggio ya lleva uno de gracia. La hermandad entre la empresa y la reguladora estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) es absoluta. En diciembre se anunciaría al ganador.
Metrovías unida a Benito Roggio Transportes, la unidad especializada del holding, diversificado en la obra pública y con ramificaciones internacionales en la región se presentó por las suyas. Deutsche Bahn, la principal empresa ferroviaria de Alemania, iba a presentarse por detrás para ofrecer soporte técnico. Antes de la devaluación, el negocio ofrecía la atractiva “bolsa” de 60 mil millones de pesos para quien se quede con la concesión. El Metro de Paris se interesó por participar. Roggio no cedió espacios. Aspira a conservar el control de la explotación que ininterrumpidamente viene ostentando desde 1994, en la era de las privatizaciones.
El panorama por juicios cruzados hizo desistir a dos empresas extranjeras ante lo imprevisible del escenario a futuro. Adujeron además conflictos gremiales con los metrodelegados, algo que Rodríguez Larreta desactivó (aunque sea de manera temporal) al convocarlos finalmente para discutir la paritaria anual, pese a haberlos ninguneado en un principio, con el costo de paros escalonados que perjudicaron a los usuarios.
En la vereda de enfrente de la pulseada no sólo está Eurnekian, sino también Keolis (a cargo del subte de Lyon en Francia y el de Boston en los Estados Unidos), y la londinense Transport for London. Helport es el sello con el que el titular de Aeropuertos Argentina 2000 competirá por arrebatarle a Roggio un sistema de transporte de 1,2 millones de pasajeros mensuales.
Precisamente fue una de las empresas allanadas el primero de agosto pasado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos. Su sobrino, Hugo Eurnekian, reconoció que si bien su nombre no aparecía, figuraba su dirección en los cuadernos del chofer Centeno y reconoció haber entregado bolsos de dinero a Roberto Baratta, a título personal y como supuestos aportes para la campaña electoral.
Dijo también que los fondos provenían de su patrimonio y estaban asentados en sus declaraciones juradas. Hubo rumores desmentidos sobre que una de las empresas se había bajado del consorcio una vez que estalló el escándalo judicial.
El tercer contendiente, mirado con buenos ojos por la administración porteña, es Ratp que se encarga de gestionar los transportes en París. Va junto con Alstom, que en su momento estaba en carrera para quedarse con el faraónico proyecto del Tren Bala.
Benito Roggio, sin pasar un segundo por la prisión preventiva, fue considerado “imputado colaborador” por la justicia. Su nombre aparecía repetido en los cuadernos. Reconoció que desde 2003 a 2011 pagó coimas a Ricardo Jaime, en ese momento Secretario de Transporte, equivalente al 5% de los subsidios que recibía por la tarifa congelada del servicio tanto para las seis líneas como para el Ferrocarril Urquiza.
La confesión salpicó al sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi, primer jefe de campaña del macrismo en el año 2003, y luego reciclado por Julio De Vido cuando Jaime – ya multidenunciado – fue eyectado de la función pública.
“No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia”, dijo Roggio. Lo curioso de los dichos del empresario – quien dejó la dirección de sus empresas al día siguiente de haber obtenido su carnet de arrepentido – es que sólo impactan en el lapso en que el kirchnerismo estuvo en el poder. Luego de 2011 el subte fue transferido a la ciudad con Mauricio Macri como jefe de Gobierno en un traumático proceso con la Casa Rosada K. Antes tampoco pagó nada. Desde 1994 hasta 2003.
Su participación en la licitación actual quedó dañada en lo simbólico pero no en lo legal: el pliego de licitación excluía de participación a quienes tuvieran condena firme por un delito contenido en el Código Penal. Esto excede el marco de un procesamiento y hasta de un juicio, hasta que no se agoten las instancias de apelación. Todo ello en caso de que el expediente de Bonadio por asociación ilícita arribe a la etapa de juicio oral y público.
El tribunal técnico, que debe analizar las ofertas de los interesados, recién está analizando las propuestas. Se espera que entre noviembre o diciembre haya una definición.