La Legislatura porteña sancionó una ley que regula a las cooperadoras escolares, en reemplazo de una ordenanza municipal de la última dictadura cívico militar, con el voto favorable del interbloque oficialista y el espacio de Milei. Las cooperadoras de la Comuna 12 cuestiona la nueva norma por restrictiva y persecutoria.
Por Mateo Lazcano
El 17 de noviembre la Legislatura porteña sancionó la primera ley que regula a las cooperadoras escolares, que tienen más de un siglo de existencia en las escuelas públicas. Reemplaza a una Ordenanza Municipal dictada durante la última dictadura, en el año 1980.
Fue aprobada con el voto del interbloque oficialista y el espacio de Milei.
Este cambio normativo fue celebrado por las comunidades educativas, aunque rechazan la falta de participación que tuvieron en la elaboración del texto de la ley y consideran que algunos puntos que son persecutorios.
En dialogo con nuestro periódico, Osvaldo Rosato, representante de la Comuna 12 en el Cuerpo de delegados de las Cooperadoras Escolares de la Ciudad, señaló: “Por supuesto que nosotros creíamos que era necesario tener una ley propia e impulsábamos un cambio así”.
En un primer momento, asesores de funcionarios del área de Educación del Gobierno porteño y legisladores oficialistas convocaron a algunos delegados a mesas de diálogo para intercambiar ideas. “Nos sentimos usados – dijo Rosato -, de lo que planteamos nada fue tenido en cuenta, y se hizo sin el tiempo suficiente para discutirla. Creemos que fue una pantomima para decir que redactaron la ley junto a las cooperadoras”.
Además, el sector hace reparos sobre el contenido, especialmente, en la omisión de puntos clave que pidieron y no fueron tenidos en cuenta. “Nosotros pedimos un aumento del Fondo Único Descentralizado de Educación; la conformación de una comisión de infraestructura replicando a la que existe para los comedores, para poder tener mayor injerencia en las empresas que hacen refacciones en las escuelas y evitar subejecuciones; y más calidad en los alimentos que se sirven en comedores, ya que muchos no tienen la nutrición que afirman y en otros casos, se desperdicia mucho”, explicó Rosato.
Otros de los puntos que cuestionan es con la renovación de los mandatos, que duran dos años y podrán ser reelegidos una sola vez. “Ellos dicen que es para la participación de las familias, pero nosotros consideramos que no es así, porque por cuestiones de tiempo, trabajo, o lo que fuera, cada vez menos familias se involucran”, puntualizó el delegado de la Comuna 12.
De todos modos, una de las pocas cesiones del bloque oficialista a sus pedidos, fue incorporar una excepción para el caso de no presentarse nuevos postulantes, podrán continuar por un solo periodo más.
También hubo diferencias en la participación de los alumnos. En el antiguo texto podían sumarse a las cooperadoras, algo que a partir de la nueva norma queda vedado. “Estamos totalmente en contra porque los chicos son los dueños de la escuela, por encima de los padres, madres y directivos. Deben tener sentido de pertenencia, sentirse parte, estar en la toma de decisiones. Y hasta es productivo para articular con el centro de estudiantes” resaltó Rosato.
El cuerpo de delegados de cooperadoras considera que la ley es “persecutoria”. Uno de sus artículos establece que las «acciones con fines políticos partidarios» a través de la cooperadora serán «pasibles de remoción».
“La ordenanza anterior se ajustaba más a la ley nacional de cooperadoras, que es hacia donde nosotros pretendemos ir y a la que nunca adhirió la Ciudad. Ahora quedamos más lejos y encima falta aún la reglamentación, que puede ser usada todavía para que el Gobierno porteño lo vuelque hacia sus intereses”, planteó el delegado de la Comuna 12.
Es un hecho constante la falta de diálogo de los funcionarios con los delegados de las Cooperadoras porteñas, que tienen legitimidad a partir de una resolución de 2013 del propio Ministerio de Educación.
“Se nos niega la participación. Tienen que pensar que trabajamos ad honorem día a día en las escuelas pensando solo en el bien común, sin otro objetivo, y merecemos ser escuchados. Nosotros nunca vamos a estar en contra de algo, sino en defensa de la educación pública, para apuntalar y acompañar a las escuelas”, aseguró Osvaldo Rosato, que hace la salvedad con otras áreas estatales donde sí tienen eco, como la Defensoría del Pueblo.
Sobre las Cooperadoras de la Comuna 12
En la Comuna 12 están agrupadas 63 cooperadoras, cuyos miembros se reúnen en asambleas una vez al mes. Además, han realizado cuatro festivales abiertos a vecinos vecinas en Parque Saavedra, el último el sábado 19 de noviembre.
“Contamos con una amplia participación. Y los delegados llevamos muchos de esos reclamos a un plenario de todas las comunas, que se hace con carácter mensual. Lamentablemente el eslabón se corta cuando el Gobierno, que por la resolución de 2013 debería recibirnos, no lo hace”, detalló Rosato.
La situación de la Escuela Álvarez Thomas
La cooperadora de la Escuela Álvarez Thomas del barrio de Agronomía (Terrada 3983) fue intervenida en septiembre de 2020 por el Ministerio de Educación de la Ciudad con el argumento de irregularidades administrativas. La intervención se extendió por 15 meses.
La comunidad educativa se movilizó y apoyó el reclamo de los cooperadores del “Alba”, que denunció que detrás de la decisión de la ministra Soledad Acuña estaba la voluntad de apropiarse de la pileta cubierta de la escuela, construida en los años ’70 con fondos de la cooperadora, asociación civil que además ser encarga de su mantenimiento, y del comedor, una de las pocas escuelas donde la cooperadora lo administra y gestiona.
A finales de 2021, se levantó la intervención de la “Coope del Alva”. Ana Zielinski, que preside la Comisión Directiva de la Cooperadora, comentó sobre la situación actual y la nueva ley. En línea con Osvaldo Rosato, expresó que “es positivo que haya una ley propia, pero es regresiva en términos de autonomía de las comunidades y limita la participación… No contribuye a fortalecer las cooperadoras, sino todo lo contrario, ya que se hizo a nuestras espaldas”.
“Nos preocupa que se restrinja la participación de las familias y se abra la puerta a intereses que vienen de la mano de fundaciones y organizaciones que enmascaran la privatización de la educación”, planteó Zielinski.
En relación al Álvarez Thomas, indicó que el cambio de normativa (que establece que no podrán ser elegidos los integrantes de comisiones que hayan sido intervenidas anteriormente y las limitaciones a los mandatos), “no hubiera cambiado nada” la recuperación de la cooperadora. Incluso mencionó, que como fue históricamente, se mantuvo la participación activa de las familias.
“Esta es una comunidad grande y organizada, y tiene muchos integrantes nuevos luego de cada asamblea anual”. Sin embargo, coincidió con Rosato en que, en otras escuelas, “cuesta mucho formar una cooperadora, y es algo que también requiere aprendizaje”. En ese sentido, cuestionó la decisión de limitar los mandatos que fija la ley. “No hay política de ayudar a las cooperadoras” enfatizó.