El diputado del Frente para la Victoria, Fernando Muñoz, presentó un amparo contra la entidad que agrupa a los intermediarios por cobros de hasta dos meses de comisión por operación, pese a que la ley solo habilita el tope de un mes del monto equivalente al alquiler mensual. También denunció que los inquilinos deben pagar un costo administrativo si quieren denunciar a una inmobiliaria, algo que también está vedado por la normativa. El fracaso del “Alquilar Se Puede” con solo diez familias beneficiadas y los números de una problemática que en la ciudad afecta a miles de familias.
Por Gabriel Morini
En medio de la discusión por las desventajosas condiciones para los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires y por la crisis de las políticas públicas de acceso a la vivienda, un legislador porteño presentó un amparo contra la cámara que nuclea a las inmobiliarias por abusos en las comisiones que se cobran en cada operación.
Fernando Muñoz, integrante del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña denunció al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA), luego de que incumpliera pedidos de acceso a la información sobre los alcances de sus obligaciones para con los locatarios, presentación que fue ampliada en la justicia con posterioridad.
La demanda apunta a cuestionar el incumplimiento a los topes máximos a ser pagados y a la “práctica ilegal e inconstitucional” de cobrar un arancel para tramitar una denuncia contra alguna inmobiliaria nucleada en esa organización.
El escrito inicial, interpuesto el 20 de agosto, fue celebrado desde Inquilinos Agrupados, una entidad que se propone defender los derechos de las personas que deben alquilar, que son alrededor de 150 mil en territorio capitalino.
“Celebramos que las inmobiliarias deban dar explicaciones ante la Justicia. Tienen mucho que explicarle a los miles de inquilinos abusados por sus condiciones leoninas, sus aumentos especulativos, sus contratos ilegales y su especulación con un derecho básico como el de la vivienda”, apuntaron en un comunicado.
Amparo por comisiones
El amparo apunta a una cuestión medular que atraviesan familias de ingresos medios y bajos que no son propietarios y arriendan una vivienda en la Ciudad y que son víctimas de abusos con los que las inmobiliarias logran alzarse con un millón de pesos diarios, solo a través del cobro de comisiones que exceden la normativa legal.
La mayor parte de los intermediarios cobra por cada operación de vinculación entre locadores y locatarios el equivalente a dos meses de alquiler, en lugar de lo que marca la normativa como tope, que es un mes del monto que estipula el contrato. A esto se suma que muchas veces se intenta esquivar la facturación de estas cifras bajo el argumento de que la comisión podría ser superior por lo que la operatoria se realiza “en negro” y con incumplimientos hacia quienes están en la necesidad de alquilar.
El legislador formalizó su presentación judicial en el fuero contencioso administrativo contra el CUCICBA, entidad que engloba a las inmobiliarias de la Capital que se ha negado sistemáticamente a brindar información sobre las medidas que ha tomado para evitar este tipo de maniobras que benefician a sus asociados, los martilleros o inmobiliarias, en desmedro de los locatarios.
Como los pedidos de acceso a información pública quedaron sin respuesta, o bien fueron “ambiguas y parciales”, esta situación dio paso a la posibilidad de interponer un amparo.
“Hace 90 días que venimos solicitando al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) información sobre sus obligaciones – establecidas por la ley 2340 -, y en dos ocasiones se ha negado a brindarla, lo que no hace más que confirmar lo turbia y corporativa que es la relación del sector contra los inquilinos de la ciudad”, sostuvo el edil.
“Hacemos uso del derecho a la acción de amparo que nos otorga la ley 104 de información pública, luego que el colegio de corredores inmobiliarios esquivara una y otra vez las respuestas que merecen los inquilinos”, denunció el legislador kirchnerista, al tiempo que remarcó que es precisamente esa entidad quien “tiene la obligación de informar sobre el comportamiento del sector que debe controlar: las inmobiliarias que actúan de mala fe, y las sanciones que reciben”.
“Alquilar No Se Puede”
“Todo el mundo sabe que en la ciudad de Buenos Aires las inmobiliarias cobran dos meses de comisión a los inquilinos. Lo que muy pocos saben es que por ley deberían cobrar apenas un mes, que CUCICBA es responsable que se cumpla esta ley y que el Gobierno de la Ciudad no hace más que ofrecer créditos a los inquilinos, en vez de garantizar sus derechos”, dijo Muñoz a través de un comunicado.
Al mismo tiempo, el diario La Nación publicó un lapidario informe en el que se detalla que solo 10 familias de 15 mil que se presentaron al programa gubernamental “Alquilar Se Puede” – que otorga garantías crediticias a inquilinos que no las poseen – pudieron efectivamente concretar el alquiler de una vivienda.
Ninguna inmobiliaria lo acepta. El tema de la vivienda ligada a la cantidad de inquilinos ha sido soslayado por la mayor parte de la dirigencia política local, aunque constituye uno de los modelos posibles para poder vivir en la ciudad para familias de ingresos medios que no cuentan con accesibilidad a créditos hipotecarios – caros y escasos – y que no son beneficiarios de algún plan para el acceso a la vivienda.
Uno de los principales cuestionamientos que se ciernen sobre la administración PRO es la escasa intervención estatal en la generación de políticas públicas para fomentar el acceso a la vivienda, algo que apunta a ser revertido mediante una polémica resolución judicial que devolvió al Banco Ciudad, a través de una cautelar, los fondos generados por el Poder Judicial que, según afirmó el macrismo, serán utilizados para mejorar las líneas de crédito hipotecario del Banco Ciudad.
Se trata de un fondeo de 7 mil millones de pesos que quedaron en medio de la polémica por no ser fondos propios y estables de la entidad porteña y por haber sido obtenidos mediante un fallo susceptible de ser revertido.
Antes de la demanda contra el Banco Nación por la disputa de este dinero, las líneas crediticias del Ciudad tampoco favorecieron políticas de apoyo a quienes intentaran acceder a la compra de una propiedad. Mucho menos para sectores carenciados que no han conseguido conmover a la administración porteña.
Muñoz se ha erigido como portavoz del sector de los inquilinos y ha propuesto, además de múltiples encuestas sobre la real situación que atraviesan quienes moran en esta situación, la creación en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, de una Oficina que se encargue de proteger los derechos de los inquilinos.
Al PRO le interesa
Pero en medio de una denuncia, y también de la campaña electoral, Iván Petrella (PRO) presentó un proyecto mellizo al de Muñoz para que las inmobiliarias estén obligadas a explicitar mediante cartelería que solo están habilitadas para cobrar un mes de alquiler en concepto de comisión.
“Busca – ingenuamente – que los inquilinos crean que el macrismo tiene voluntad de resolver este problema. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad tomó desde un principio la decisión de trabajar sólo para las inmobiliarias, excluyendo de su agenda la problemática de los inquilinos”, se quejó el legislador denunciante que no vio que el proyecto impulsado por la bancada macrista tenga efectiva aplicación.
Resaltó que la banca oficialista se ha opuesto sistemáticamente a iniciativas como el subsidio para personas con discapacidad que quieran alquilar, la declaración del Día del Inquilino, el pedido de informe sobre el programa “Alquilar se Puede” y otras iniciativas parlamentarias que buscan mejorar la situación de los inquilinos.
El informe de Muñoz explica que en la Ciudad se rubrican 350 mil contratos de alquiler por escrito y cerca de 40 mil que se acuerdan de palabra.
De los casi 310 mil contratos de alquiler que se homologan cada 24 meses, al menos 150 mil se realizan con la participación de un intermediario.
La conclusión es que por cada contrato la comisión inflada con la que se quedan los martilleros, en promedio, trepa a los 10 mil pesos. “Tomando en consideración que no deberían cobrar más de un mes de comisión – de acuerdo con el art. 57 de la Ley 2340 – los 150 mil contratos de alquiler que se renuevan cada dos años en la Ciudad representan un ingreso ‘extra’ de las inmobiliarias de 750 millones de pesos anuales”, precisó Muñoz.
La pregunta que surge es: ¿alguien se ocupa de velar por esta problemática? La respuesta es “nadie”.
Demandas aranceladas
El mismo legislador interpuso una segunda demanda, en este caso por el cobro de un arancel al inquilino para el trámite de una denuncia contra alguna de las inmobiliarias. “CUCICBA exige un pago de 360 pesos para recibir denuncias contra las inmobiliarias matriculadas en dicha institución. En la página web del organismo se afirma que el pago es para financiar la tramitación de los expedientes y desalentar las denuncias. Sin embargo, se trata de una práctica inconstitucional, ya que opera como una barrera del derecho a denunciar. Además, es ilegal porque la Ley Nº 2.340 no habilita el cobro de este tipo de aranceles para financiar las actividades del Colegio”, afirmó el legislador que exigió el cese de los cobros y la devolución de los importes indebidamente cobrados a inquilinos con trámites iniciados.
“Las inmobiliarias de la Ciudad se manejan con total impunidad: le exigen al inquilino una garantía de familiar directo de Capital, el pago de dos meses de comisión – cuando la ley establece un máximo de un mes -, imponen aumentos especulativos y hacen firmar contratos ilegales, en los cuales exigen que el inquilino se haga cargo de pintar y arreglar la casa, de pagar las expensas extraordinarias y de pagar todos los impuestos y servicios – incluso los que corresponden al dueño -. Todo este círculo de impunidad, se cierra con una contradicción, el organismo que debería controlar a las inmobiliarias está compuesto por las mismas inmobiliarias, y quien quiera denunciarlas tiene que pagar un arancel. Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad gasta fortunas para promocionar un programa inútil como el Alquilar se Puede”, concluyó el diputado porteño.