Apenas después del escándalo que motivó la renuncia del primer candidato a diputado de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, la justicia federal investiga otra denuncia que apunta al desvío de fondos destinados a publicidad en radios y TV. Después de las contrataciones directas por más de 23 millones realizadas con La Usina Producciones, ahora un fiscal quiere conocer en detalle cómo asigna el gobierno porteño la publicidad oficial, dado que unos cuarenta medios denunciaron que aparecían cobrando dinero que jamás percibieron, a través de dudosos intermediaros que facturaron 9 millones de pesos a la ciudad.
Por Gabriel Morini
El escándalo se cobró la principal candidatura del PRO en la provincia de Buenos Aires pero abrió un signo de interrogación sobre todo el financiamiento de la campaña de los candidatos de Cambiemos. El caso Niembro, por las 293 contrataciones por más de 23 millones de pesos que forzó la renuncia del periodista deportivo a su postulación como diputado bonaerense, agarró mal parado al partido del jefe de Gobierno Mauricio Macri y dominó la agenda política post PASO.
Pero también arrojó dudas sobre todo el sistema de contrataciones directas que aplicó el gobierno porteño para asignación de pautas publicitarias y el pago a proveedores que desnudó lo que podría constituir un financiamiento irregular para la campaña proselitista.
Varias radios y portales denunciaron que jamás cobraron la pauta de 9 millones de pesos que el gobierno de la ciudad les había asignado según las planillas oficiales. Desde el macrismo apuntaron a una “campaña sucia” impulsada desde el gobierno nacional pero se apuraron en el intento de contener daños al cataclismo que generó el caso que es investigado por la justicia, en las encuestas previas a la elección. Pero en la justicia federal abrieron una causa por otros 9 millones de pesos cuyo destino es incierto.
Una investigación del diario Tiempo Argentino puso de relieve la relación entre Fernando Niembro, el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires cuya empresa, La Usina Producciones, recibió contratos exclusivos de la administración PRO, escondidos del Boletín Oficial, desde el 2012 en adelante.
El papelón creció con los días y obligó a una serie de respuestas erráticas de los referentes del macrismo que no supieron explicar por qué se habían utilizado mecanismos de adjudicación de contrataciones directas y de decretos de urgencia para contratar segundos de publicidad en el canal Fox Sports – donde el periodista animaba las transmisiones de fútbol -; reparto de folletería en la vía pública; y hasta encuestas de satisfacción sobre la recolección de residuos.
La Usina contrató solo con el gobierno porteño, no registraba empelados y “tercerizaba” – según sus dueños – los servicios para los que era invitado a participar en la compulsa de precios. La sinuosa reacción, sumado al aluvión de denuncias en los tribunales, precipitó la renuncia de Niembro y la intención del PRO de dar por cerrado el episodio que le costó algunos puntos en los sondeos de intención de voto.
La opción política de sostener a Niembro en la primera candidatura bonaerense hubiera implicado revivir hasta octubre cada suceso en el caso que le valió al comentarista una denuncia penal en la justicia nacional y una imputación formal por lavado de dinero en la justicia federal.
El propio Banco Ciudad – administrado por el PRO – emitió tres Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a partir de transacciones sin respaldo que encendieron las alertas por lavado. Su socio, Atilio Alberto Meza quedó en el ojo de la tormenta porque continuó sus contrataciones con la ciudad. Niembro se defendió al decir que cuando decidió apoyar a Macri en la carrera presidencial se desprendió (por solo 20 mil pesos) de las acciones de La Usina. Pero ese argumento se evaporó apenas alguien revisó la boleta de Cambiemos para las PASO y descubrió el nombre de Meza como candidato suplente a diputado bonaerense.
Socios en todo, el empresario fue el primero en bajarse y arrastró en su suerte a Niembro que minimizó las apariciones públicas dado que medios que suelen tener niveles de condescendencia altos con Macri también comenzaron a fustigarlo.
El episodio derivó en una denuncia penal ante la justicia nacional en lo criminal y correccional y otra, de mayor gravedad, por lavado de dinero en la justicia federal.
Mientras que la primera derivó en operativos de allanamiento en oficinas del gobierno porteño, la segunda – iniciada por la Procuraduría Antilavado – motivó una imputación contra Niembro y su socio, y un pedido del fiscal Ramiro González para que se acumule documentación destinada a probar que se derivaron fondos públicos de la ciudad a través de contrataciones que eran intencionalmente adjudicadas al periodista. Se pidieron informes bancarios, financieros, societarios y de bienes registrados a nombre de los involucrados que pudieran servir para probar que existió un blanqueo de capitales a través de la “pantalla” de la empresa que facturaba a la Ciudad.
Con la salida de Niembro, el PRO buscó calmar los ánimos y recibió con buen agrado que en la causa por lavado no se viera involucrado – de momento – ninguno de los funcionarios que habían autorizado esas múltiples contrataciones millonarias. Ellos seguirán bajo investigación en la justicia nacional.
Pero el escándalo subió de voltaje en plena campaña con el ojo puesto en las contrataciones del PRO: a partir de su página oficial, un portal web de Misiones y decenas de radios – algunas de ellas comunitarias de distintos puntos del país – se presentaron ante la justicia y denunciaron que los valores bajo concepto de publicidad oficial que estaban en los registros públicos, jamás habían sido percibidos. Los casos se fueron acumulando y derivaron en una presentación judicial que impulsada por el fiscal Federico Delgado.
En concreto, el requerimiento fiscal apuntó al corazón de la asignación de la pauta publicitaria local: “Lo que se denuncia es que detrás de la publicación de datos falsos relativos a la distribución de la pauta publicitaria en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se esconden maniobras destinadas a desviar fondos millonarios”, señaló el fiscal.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá decidir si convalida los pedidos del fiscal, que incluyen la presentación de toda la documentación administrativa y bancaria con la que la Ciudad justificó esas erogaciones que arrojaron una serie de irregularidades llamativas. Distribución de pauta, contratación de proveedores y publicación de la información fueron los tres parámetros sospechados sobre los que pidió “un informe pormenorizado”.
“Corresponde que se emprenda una profunda investigación para determinar qué ocurrió con los fondos públicos que fueron falsamente consignados como pauta publicitaria, cuando en realidad fueron llamativa y burdamente desviados. Lo esencial será develar el destino de esos fondos millonarios”, remarcó el fiscal en uno de los tramos más duros del requerimiento en el que imputó a funcionarios vinculados con la asignación publicitaria en la ciudad.
“La denunciante entiende que los comportamientos que se explicarán a continuación podrían encuadrar en los delitos de peculado, falsificación de documentos privados y/o lavado de dinero”, afirmó la fiscalía.
Uno de los casos que se graficó fue que una radio administrada por una cooperativa de trabajo fue consignada en el portal web de la ciudad como beneficiada por ingresos por publicidad oficial por la suma de $ 618.638,80 durante los años 2013/2014, cuando, en rigor de verdad, obtuvo solamente $ 35.580,15. Hubo otros trece ejemplos de similares características. En algunos casos habían percibido una pauta exigua, y en otros directamente nunca habían cobrado, pese a que aparecían en los registros oficiales con cientos de miles de pesos asignados.
Mauricio Macri lo atribuyó a un “error de carga”, pero esos datos resultaron sospechosos para la justicia. Se reprodujeron los casos de FM Energía (105.1 Mhz), de Río Cuarto, Córdoba, que se consignó falsamente que cobró la suma de $ 524.139 en un período de tres años, cuando en realidad, la publicidad es de $ 1000 mensuales. Al respecto, señaló que nunca tuvo vínculo directo con el Gobierno de la Ciudad, y que fue contactado por una persona que dijo pertenecer a la sociedad “Mediacruz SRL”, que luego habría cambiado su nombre por el de “Publiespacios SA” y finalmente, por el de “DCLAS SRL”.
Lo mismo sucedió con Radio Ciudad FM 100.3 de Coronel Moldes, Córdoba. En este caso, el portal oficial del GCBA consignó que la radio cobró por publicidad $ 518.555 cuando en verdad, facturó $ 550 mensuales. El Canal 4 de Posadas, Misiones, cuyo propietario Carlos Valenzuela informó que – según el sitio web del GCBA – el canal habría facturado $ 4.654.711 en el período enero 2011/junio 2014, cuando en realidad no facturó un solo peso al gobierno.
Los “bolseros” o los intermediaros fueron compartidos en todos los casos y encendieron las alertas por domicilios cruzados, sociedades que habían sido creadas para otros fines y hasta una esteticista que figuraba como dueña y nexo para comercializar la pauta de los fondos públicos porteños.
Unas 14 radios, canales y portales de internet estaban entre beneficiarios de pauta que no era correcta. Pero otras 33 están en una nómina de medios sospechados de haber sido víctimas de la misma maniobra: FM Tiempo, de Santa Teresita; FM Trujui, de San Miguel; FM La Centro, de Carlos Casares; FM Classics, de Mercedes; FM Libre, de Lima; Radio U, de San Nicolás; FM 105.9 Welcome, de Temperley; FM 89.3, de Pablo Podestá; FM 91.7, de Caseros; FM 91.5 RK, de Quilmes; FM 92.5 Signos, de Munro; FM 99.3 Del Este, de Berazategui; FM 99.3 Net, de Monte Grande; FM 105.1, de Balcarce; FM 100.3 Radio por Pilar; FM 100.7 Amaneciendo, en América; FM 102.1 Master, en América; FM 97.3 Maestra, de Necochea; FM 103.5 Tiempo, de Baradero; FM 100.9 Megaestéreo, de Tandil; FM 101.7 Victoria, de 9 de Julio; FM 101.3 Radio Uno; entre otras.
La pelea política develó una caja de Pandora que puede tener influencia en plena campaña y que desde el PRO, sospechan que también podría acarrearle dolores de cabeza al próximo jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.