La caída del salario docente en el sistema público es abrupta. De acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, desde 2023 han renunciado 10.000 docentes.
Por Stanley Luna
Marta González es una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que tiene 30 años de dar clases. Por las 10 horas semanales impartiendo una materia gana 480 mil pesos.
González no sólo dicta una clase teórica de cuatro horas frente a 300 alumnos, sino que investiga y actualiza contenidos, planifica la metodología de las clases y coordina a un equipo de trabajo. En todas estas actividades, dice, invierte más del tiempo establecido como jefa de trabajos prácticos con dedicación simple.
Más del 50 % de lo que González devenga corresponde al reconocimiento por su antigüedad, de no ser así ganaría menos. Como es un salario muy por debajo de la línea de pobreza, González – quien prefiere reservar su nombre real por temor a represalias – también trabaja en otra universidad y da cursos privados para hacerse de un sueldo que le permita llegar a fin de mes. Su caso es el de los otros 10 docentes de la cátedra que coordina, quienes tienen más de tres trabajos simultáneos para sobrevivir.
“Es el modo en que vamos trabajando la mayor parte de los docentes, porque no nos alcanza. Juntamos más horas cátedras o buscamos otro modo de ingresos”, dice.
El inicio del primer cuatrimestre de 2026 estuvo marcado por un paro nacional en todas las universidades públicas debido a que el Gobierno Nacional no cumple desde hace más de siete meses la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de los presupuestos de las universidades y los salarios docentes y no docentes según el nivel de la inflación.
La ley fue aprobada en 2025 y ratificada tras un veto del presidente Javier Milei, pero el gobierno suspendió su aplicación alegando falta de presupuesto. El Consejo Interuniversitario Nacional acudió a la justicia y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ordenó al Ejecutivo su cumplimiento a través de una medida cautelar. Sin embargo, el gobierno presentó un recurso extraordinario que actualmente discute la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por ello, las universidades convocaron el pasado 12 de mayo a la cuarta Marcha Federal Universitaria. En la capital argentina se movilizaron desde el Congreso hasta la plaza de Mayo unas 120.000 personas, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Extensión Universitaria.
La marcha fue acompañada por docentes, no docentes, estudiantes, científicos, académicos y diferentes sectores sociales que se sumaron para respaldar a las universidades y defender el derecho a la educación pública.
Santiago Sánchez marchó junto a su amigo Santiago Farías, ambos estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y portaron carteles que decían “La educación es el motor del país” y “¡Sin universidad no hay futuro!”. Sánchez está en el primer año de Ingeniería Mecánica y Farías en el tercero de Ingeniería en Sistemas.
Farías, quien ha acompañado todas las marchas universitarias, contó que el pluriempleo es común entre sus docentes y es por esta razón que algunos paran de dar clases como medida de fuerza, y los que no paran les animan a pronunciarse contra el desfinanciamiento universitario, porque si no lo hacen, les dicen, verán truncado sus sueños de seguir estudiando y recibirse.
“Me gustan estos momentos, porque son una expresión y un revés a las políticas de ajuste que lleva Mieli”, indicó Farías.
Renuncias
Pero pese a la marcha, la Corte sigue sin resolver sobre el financiamiento universitario. Para este año, el Ejecutivo presupuestó 4.8 billones de pesos para las universidades y las autoridades universitarias advierten que necesitan 7.3 billones para que los centros de estudio funcionen con normalidad. Con este desfase, la Federación Nacional de Docentes Universitarios señala que el salario de los docentes universitarios ha caído un 34 % durante la gestión de Milei.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una familia de cuatro personas necesita más de 1,4 millones de pesos para no caer en la línea de pobreza. Pero para hacerse un sueldo, las y los docentes universitarios como González recurren a otros empleos. Algunos incluso trabajan en aplicaciones de viaje después de su jornada.
González da clases en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, que depende del gobierno porteño. Allí devenga más del doble de salario por la misma cantidad de horas que trabaja en la UBA. Sin embargo, conoce casos de otros colegas que han preferido jubilarse antes de cumplir la edad por los bajos salarios, que han migrado a las universidades privadas o que se han ido del país. Datos el Consejo Interuniversitario Nacional indican que, desde 2023 a la fecha, han renunciado 10.000 docentes en las universidades públicas Argentinas por los bajos salarios.
Horas antes de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, publicó un video en la cuenta de X del Ministerio de Capital Humano en el que, entre otros puntos, cuestionó que un universitario graduado de las universidades públicas requiriera, de acuerdo con sus estimaciones, la inversión de 57 millones de pesos anuales, y criticó que las universidades – ya autorizadas a arancelar la educación a los extranjeros por las recientes modificaciones a la Ley de Migraciones – se rehúsan al cobro cuando este sería una forma de financiamiento.
Otras instituciones en peligro
Sin el cumplimiento de la ley no solo está en peligro el funcionamiento de las universidades, sino otras instituciones que dependen de la UBA, entre ellos, hospitales como el Hospital de Clínicas y el Hospital Odontológico Universitario; y seis colegios preuniversitarios.
La última semana de mayo, en asambleas masivas, las y los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependientes de la UBA, decidieron la toma de las instituciones y continuar con las asambleas debido al impacto del ajuste fiscal libertario en los salarios de sus docentes y las condiciones precarias en las que están teniendo que cursar.
Francisco Pitrola, presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, señaló, en una entrevista con La Nación+, que un preceptor de ese colegio gana actualmente 600 mil pesos; mientras que hay profesores que después de la jornada lectiva tienen que trabajar en la aplicación Didi (plataforma de movilidad y transporte).
“Es muy preocupante lo que está pasando, no podemos quedarnos parados […] nos estamos quedando sin recursos, sin medidas posibles”, dijo Pitrola. Solo en el Nacional Buenos Aires, entre 2023 y 2026, según el Consejo Interuniversitario Nacional, han renunciado 134 docentes y no docentes.
“El gobierno no registra y no le importa. Es grave”, apunta González, la docente de la UBA, quien dice que las y los docentes solo vivieron una situación similar de la caída de sus ingresos durante el menemismo.
