Los idas y vueltas en la relación entre el Gobierno de la Nación y el de la Ciudad
Las relaciones entre oficialismo y oposición se endurecen día a día en la mayoría de los temas de la política nacional: a esta altura, esas diferencias son las que se reflejan en la cada vez más tirante relación entre Nación y Ciudad. La decisión del gobierno nacional sobre la quita de 1 punto de coparticipación fue el punto culminante de esta escalada.
Por Fernando Casasco
En el lejano mes de abril de este fatídico 2020, desde esta columna resaltábamos como un dato inédito la convivencia y el entendimiento entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, frente a la pandemia de coronavirus que recién llegaba a la Argentina. En el más cercano mes de junio advertimos los primeros signos de tironeo entre ambas administraciones, pero sobre todo entre los dirigentes políticos de uno y otro sector.
Llegados a septiembre, con la pandemia en su momento más álgido y el país entre los diez del mundo con mayor cantidad de contagios (aunque con una letalidad mucho menor a la media, gracias a la cuarentena temprana), esa convivencia se tornó, si no insostenible, cada vez menos armónica. Al Gobierno Nacional, preocupado por la expansión del virus tanto dentro de los grandes centros urbanos como hacia otras jurisdicciones, le hace cada vez más ruido el plan de apertura de actividades del Jefe de Gobierno, argumentando una supuesta “meseta” de casos en la capital del país.
Meseta, dicho sea de paso, poco comprobable en los números. Según las cifras oficiales, al 4 de septiembre se observaba en la Ciudad de Buenos Aires un crecimiento del 32% de los casos positivos de Covid-19 y un aumento en 43 de los 48 barrios, en los últimos 14 días. A pesar de las previsiones oficiales y de muchos de los especialistas, acerca de una posible baja en la curva de contagios a fines de agosto o principios de septiembre, ésta aún no ocurrió; por el contrario, los contagios siguen en ascenso.
En este marco y a pesar de la advertencia del personal de la salud acerca de la próxima saturación del sistema, especialmente en las unidades de terapia intensiva, el Jefe de Gobierno se plantó del lado de la apertura de más actividades, con la intención de ir en busca de una “nueva normalidad”. A la apertura de comercios en toda la Ciudad, se sumaron en las últimas semanas la de bares y restaurantes que puedan atender a sus comensales en mesas sobre las veredas y en grupos de no más de cuatro personas. Asimismo, con la venia del gobierno nacional, se habilitó la realización de reuniones sociales de hasta diez personas al aire libre.
Primer punto de divergencia en mucho tiempo: el anuncio de la nueva etapa del “aislamiento” (en los hechos ya es imposible seguir denominándolo de esa manera) fue realizado en forma separada por el Presidente de la Nación, el Jefe de Gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Según los trascendidos, la reunión entre los tres mostró una creciente tirantez, en la que Rodríguez Larreta defendió su política de aperturas, mientras que Kicillof reafirmó su postura acerca de que más cantidad de actividades habilitadas serían sinónimo de mayores contagios. El Presidente intentó mediar, como otras veces, aunque cada vez más inclinado hacia la postura del gobernador bonaerense. La preocupación por el avance del virus se nota no sólo en el Gran Buenos Aires, sino en ciudades del interior bonaerense u otras provincias que volvieron atrás en las fases de apertura.
El Gobierno de la Ciudad, pese a todo, avanzó con la habilitación de los bares y restaurantes. No solo pesa la cuestión económica. También influyen razones que tienen que ver con la política: desde diversos dirigentes, medios de comunicación y perfiles influyentes en redes sociales se convoca cotidianamente a la transgresión de la norma. Esos mensajes suelen calar preferentemente entre sectores de clase media acomodada, que muestran fuertes reticencias a seguir los dictados de un gobierno nacional de signo peronista, al que acusan de “dictatorial” y que son justamente parte del núcleo duro del voto macrista histórico en la ciudad de Buenos Aires. Resultado: las escenas que se vieron en los primeros días de la apertura, con veredas abarrotadas de personas frente a bares y cervecerías, causó preocupación.
El punto en el que más fuerte se oyó la disputa entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad fue el educativo. Con total desaprensión, la cartera educativa porteña anunció el regreso a las escuelas de los niños, niñas y adolescentes que no registren conexión con sus docentes desde el comienzo de la pandemia: en principio se habló de 5 mil, cifra que luego se estiró hasta 6.500. Según el plan presentado por la ministra Soledad Acuña, llamado “Conectate en la Escuela”, se contempla la habilitación de espacios en las instituciones con el equipamiento y la conectividad para desarrollar actividades virtuales pedagógicas. El protocolo prevé la habilitación 634 escuelas en total, con un máximo de 15 chicos por cada una. En los hechos, a los alumnos que lo soliciten se les asignaría la institución más cercana al hogar, a fin de que no utilicen el transporte público (siempre y cuando vivan dentro de la Ciudad o a distancias menores). Lo que en principio se quiso presentar como un regreso escalonado a las aulas, en realidad se terminaba convirtiendo en la posibilidad de utilizar por algunas horas las escuelas como “ciber” o guarderías.
La propuesta no sólo tuvo el rechazo de gremios docentes, familias y organizaciones vecinales de barrios populares. El propio Ministerio de Educación de la Nación aseguró que el protocolo porteño no cumple con 15 de los 33 requisitos que fueron acordados en el Consejo Federal de Educación ni aborda “cómo la apertura de las escuelas, como espacios digitales, contribuiría a la reducción del contagio, ya que habilita la movilidad de estudiantes, docentes y familias”. En cambio, la Nación instó a mejorar la conectividad de los sectores más postergados. El ministro Nicolás Trotta le anunció a su par porteña la decisión de proveer 6500 computadoras con contenidos pre-cargados y la disposición de promotores para hacer el seguimiento de los casos de los chicos que no hayan podido conectarse con sus docentes, mientras se encara la solución de la conectividad.
La decisión nacional pone a la Ciudad de cara a sus propias carencias y contradicciones: en junio pasado, el juez Andrés Gallardo había ordenado al Gobierno de la Ciudad garantizar la conexión wi-fi y la entrega de computadoras a alumnos de villas y barrios populares, decisión que el Ejecutivo porteño contestó con la recusación del magistrado. Por otra parte, la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica subejecutó la partida para la compra de equipos informáticos para los alumnos, gastando sólo 1151 millones de pesos de los 3.332 millones presupuestados. La preocupación que hoy dicen tener por los alumnos no se condice con sus propias actuaciones.
Los dardos cruzados, más allá de la cuestión sanitaria o educativa, también se vieron en el costado político. Azuzado por los sectores más anti-kirchneristas en la interna de Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno se metió en la polémica por la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional, al pedir que se trate con más tiempo y con el consenso de todas las fuerzas políticas. Trascartón, la bochornosa situación vivida en el Congreso Nacional, con la oposición rechazando la posibilidad de continuar las sesiones por vía remota o al menos en forma mixta, generó la respuesta del oficialismo. La propia Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recordó la manera en que se maneja la Legislatura porteña, en la que no sólo está plenamente vigente el protocolo para las sesiones virtuales, sino que los únicos temas que se tratan son los impuestos por la mayoría oficialista.
El presidente Alberto Fernández sumó su granito de arena a la polémica cuando en un acto con gobernadores pidió terminar con las desigualdades entre Buenos Aires y el interior del país. “Me siento muy feliz de ser el más federal de los porteños, y lo digo porque nací y crecí en una ciudad opulenta, que tiene el ingreso per cápita de las capitales más importantes de Europa, que se ha desarrollado a merced del esfuerzo de toda la Argentina”, enfatizó. Amplificada y sacada de contexto por medios de comunicación opositores, las palabras sonaron a una flecha envenenada contra el bastión más fulgurante del macrismo, más que como un llamado a un desarrollo más inclusivo.
Y todavía faltaba lo más complicado: el jueves 10 de septiembre, en medio de una protesta de policías bonaerenses por un aumento salarial, entre otros reclamos, el Presidente anunció la decisión de quitarle 1 punto porcentual de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y otorgárselo a la provincia de Buenos Aires, en concepto de “Fondo de Fortalecimiento Fiscal”. “La Ciudad recibió 2,1% más de coparticipación por el traspaso de la Policía Federal. Pero advertimos que había un 1% de excedente. Este tema lo hablé muchas veces con Rodríguez Larreta. Tengo la tranquilidad que nadie puede mostrarse sorprendido”, anunció Fernández en la quinta de Olivos, junto a Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa e intendentes bonaerenses oficialistas y opositores.
El recorte para la Ciudad significa más de 31 mil millones de pesos. Y, por sobre todo, el detonante de un conflicto institucional entre ambas administraciones. Como ya informamos en nuestra edición de febrero, la medida había sido anticipada al Gobierno de la Ciudad.
La cuestión sigue siendo polémica, porque la ley de coparticipación vigente – aprobada antes de la sanción de la autonomía porteña – no preveía un porcentaje para la Ciudad, el que después fue establecido en 1,4%. Mauricio Macri, unilateralmente, decidió en 2016, aumentar esos fondos al 3,75%, en función del traspaso de los efectivos de la Policía Federal, pero aclaró que la cifra saldría de fondos propios de la Nación y no de los coparticipables con el resto de las provincias.
En 2018, reforma fiscal y acuerdo con el FMI mediante, el guarismo se redujo a 3,5%. Pero apenas asumido Alberto Fernández, las autoridades nacionales advirtieron que para solventar el traspaso policial alcanzaba con una coparticipación del 2,5%, por lo que siempre estuvo en los planes esta quita, aunque se pensaba que quedaría su definición para otros tiempos, cuando la pandemia no fuera la principal preocupación.
El jefe de gobierno criticó la medida por considerarla “unilateral, arbitraria e inconsulta”. Y anticipó que recurriría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación esgrimiendo la “inconstitucionalidad” de la quita de fondos. Varios dirigentes de Juntos por el Cambio rechazaron la decisión presidencial y la consideraron un castigo político.
La respuesta desde Nación la realizó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quien había estado al frente de las negociaciones con la Ciudad. Destacó que con la medida “no se le quitaron fondos a la Ciudad, se recuperaron fondos que Macri transfirió en forma ilegítima”. “La transferencia de la policía se realizó por decreto y los fondos asignados a tal fin representaban más del doble del costo real para su funcionamiento”, advirtió el funcionario.
Pese a que desde ambos lados se anticipó la posibilidad de retomar el diálogo, la cuerda se tensó al máximo y va a ser muy difícil volver atrás.