Los casos de fusilamiento de la policía de proximidad de la ciudad trepan a 20. Hace días, un oficial fue condenado por un tribunal oral luego de que en el juicio se demostrara que persiguió a un supuesto ladrón y cuando estaba reducido le disparó en la cara para matarlo. Se trata del primer caso de una sentencia que impacta en la policía local, pero que se suma a la denuncia de la comunidad educativa del Isauro Arancibia sobre la muerte de un joven de 16 años a manos de otro efectivo, que simuló un enfrentamiento.
Por Gabriel Morini
Los casos de “gatillo fácil” eran hasta hace unos pocos años sinónimo del accionar de la “maldita policía”, como se denominaba a la Policía Bonaerense, en cuyo haber se sumaban episodios de apremios ilegales, torturas y muertes sobre poblaciones vulnerables.
Pero la estadística silenciosa de los asesinatos a manos de uniformados sumó a un protagonista que nació precisamente para representar lo contrario a las cuestionadas fuerzas de seguridad que existían en nuestro país: la flamante Policía Metropolitana.
Según números confiables, hay una veintena de casos registrados por integrantes de la fuerza local. A fines de mayo, un efectivo de la Metropolitana recibió una condena a prisión perpetua por haber fusilado a un joven de 26 años, en 2011.
El 8 de septiembre de ese año, al mediodía, Enzo Fabián Álvarez corrió a Bruno Pappa por las calles de Chacarita, bajo el argumento de que el joven lo había querido robar con la réplica de un arma. Estaba vestido de civil. Logró reducirlo con ayuda de dos personas, y una vez en el suelo, extrajo su arma reglamentaria y le disparó en la cara.
El 21 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal 22 condenó a Álvarez por el delito de homicidio agravado por su condición de policía y ordenó su detención para cuando quede firme la pena. Además, los jueces Patricia Cusmanich, Sergio Paduczak y Angel Nardiello le impusieron la prohibición de salida del país y dispusieron que se presente todas las semanas ante el tribunal.
Fue una dura condena y la primera en llegar a juicio oral por parte de un efectivo de la fuerza que responde al precandidato presidencial y jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que anualmente elabora un informe sobre la observancia de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, la “policía de proximidad” acumula entre 2011 y 2014 unos 20 casos de “gatillo fácil”, cometidos en su mayoría por oficiales “de civil”, es decir por fuera del cumplimiento de sus tareas.
Álvarez intentó justificar su accionar como resultado de un forcejeo con Pappa en el que ambos estaban en el suelo y el arma – martillada – se disparó en el rostro del presunto asaltante. Pero los testigos del hecho declararon que Pappa estaba reducido en el piso y Álvarez disparó parado.
Las pericias arrojaron que el tiro fue a 10 centímetros de la víctima y que cuando el policía comenzó su persecución lo hizo con el arma martillada, esto significa que estaba lista para disparar.
El policía llegó a juicio acusado solo de homicidio simple, porque no estaba de servicio al momento de suceder el hecho en la calle Lemos al 200, donde afirmó que Pappa le robó la billetera empuñando la falsa arma. Iba a cumplir su turno en el Precinto 12, la primera sede de la Metropolitana, nacida en medio del escándalo por su primer diseñador, el ex comisario Jorge Fino Palacios, rumbo a juicio oral por el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Luego siguieron múltiples cuestionamientos por la composición de la oficialidad que provenía, y en muchos casos había sido exonerada, de la Policía Federal. Álvarez era un ex oficial de Prefectura.
La causa fue elevada a juicio en 2013 por el fiscal Horacio Azzolin quien consideró que “Álvarez conoció y quiso el resultado fatal que devendría de su accionar”. La familia del joven, cuya novia estaba embarazada de cinco meses al momento del hecho y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación actuaron como querellantes.
El representante del Ministerio Público Fiscal durante el juicio, Marcelo Martínez Burgos, trabajó en el caso con la colaboración de personal de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), creada por la Procuradora Alejandra Gils Carbó para combatir hechos de violencia institucional.
Pero no se trata del único caso. La fuerza policial que depende del gobierno porteño registra otros casos de gatillo fácil. Según el CELS entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes por uso letal de la fuerza. En 12 de esos casos, los agentes estaban fuera de servicio en el momento del hecho. Sólo en el último año se registraron 7 víctimas fatales de este tipo.
El día que el policía de la Metropolitana mató a Pappa, los vecinos apedrearon una sede de esa fuerza en Guzmán y Jorge Newbery. La Metropolitana respondió el ataque con balas de goma y gas pimienta. Al día siguiente, el entonces superintendente de Seguridad Comunitaria de la Metropolitana, Ricardo Pedace, (hoy es el subjefe de la fuerza) justificó a Álvarez. Dijo que el agente “se defendió”. Esa versión fue derribada a lo largo del juicio.
La condena a Álvarez llega en el momento que se puso en debate el accionar de otro Metropolitano. El caso se remonta a la madrugada del 7 de febrero cuando Roberto Autero de 16 años murió en la esquina del Parque Rivadavia, en la intersección de las calles Rosario y Viel, a causa del disparo del policía de la Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres.
Los legisladores de la oposición presentaron un pedido de informes para indagar en el episodio, además de presentar el caso en conferencia de prensa el pasado 12 de mayo. El joven era alumno del Centro Educativo Isauro Arancibia desde los 10 años, cuando llegó desde una institución donde estaba alojado. Su vida transcurría entre hogares estatales y la calle.
Creen que este es el motivo por el que fue asesinado de un disparo en la nuca. “Fue un fusilamiento de la Metropolitana a un chico de la calle, que si no era visibilizado por el Arancibia, nadie se enteraba”, aseveró el legislador de Seamos Libres y hermano del militante del PO asesinado por una patota sindical, Pablo Ferreyra.
Según expresó Ferreyra, de acuerdo a la autopsia se demostró que al adolescente “le disparó el policía Sebastián Torres, a 50 metros, en la nuca y la bala salió por la frente, desmintiendo la versión policial que hablaba de un enfrentamiento”. De esa forma, adelantó que pedirían al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad que conduce Guillermo Montenegro que informe sobre las medidas adoptadas ante esta situación y las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona del Parque Rivadavia, como también el legajo de Torres.
El oficial había sido reclutado de las filas de la Bonaerense, que históricamente registró el mayor número de muertes por episodios de “gatillo fácil”.
Sin embargo, el enfoque judicial, hasta el momento apunta hacia la víctima. La causa está en el Juzgado de Menores Nº 7 a cargo del juez Enrique Velázquez, que la caratuló “Robo con arma en tentativa”, imputando al joven muerto y a otro menor de edad que estaba con él y que fue absuelto. Actúa la Fiscalía de Menores Nº 7 a cargo de Fernando García.
Al conocerse el resultado de la autopsia que determinó que el proyectil entró por la nuca del joven – que además presentaba golpes varios -, el juez Velázquez pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones que decida quién investigaría el supuesto homicidio de Autero, lo que finalmente quedó asentado en el mismo juzgado. Se pidieron medidas como el legajo del oficial de la Metropolitana y que el otro menor que estaba con Autero declare en Cámara Gesell.