Hace poco más de un año se quemó un depósito en Barracas perteneciente a la multinacional que guardaba archivos clave de empresas bajo investigación por lavado de dinero y fuga de divisas. Luego de peritajes se determinó que dos focos se encendieron en simultáneo lo que propagó las llamas a todo el galpón. Una de las entidades que registró más pérdidas fue el HSBC, hoy bajo la lupa por haber facilitado la creación de 4.040 cuentas en Suiza que está investigando la justicia. Murieron diez bomberos y rescatistas.
Por Gabriel Morini
El 5 de febrero pasado se cumplió un año del incendio que destruyó el depósito en Barracas de la empresa Iron Mountain. A lo largo de una investigación que se prolongó en exceso hoy solo hay dos certezas. El incendio que se cobró la vida de diez personas entre bomberos y rescatistas fue intencional. El fuego destruyó archivos sensibles almacenados en la empresa justamente dedicada a la seguridad de documentos, muchos de ellos vinculados con denuncias de lavado de dinero.
Uno de los bancos que “perdió” más información en el siniestro fue precisamente el HSBC, que quedó mundialmente en el ojo de la tormenta meses después por la difusión de listados de clientes que realizaron en todo el globo operaciones de fuga de dinero, evasión impositiva y posible ocultamiento de activos.
Solamente en Argentina, de esa entidad se registraron 4040 cuentas no declaradas. La información almacenada en el depósito que se redujo a cenizas pudo haber sido el soporte documental de aquellas operaciones.
¿El incendio pudo haber sido un crimen cuyo objetivo central fue hacer desaparecer legajos que podrían ser la primera prueba concreta de la maniobra sospechada? Es una pregunta que por el momento queda sin respuesta.
Antes de las 8 de la mañana del 5 de febrero de 2014 se reportó un incendio en un depósito en Barracas. Las llamas tomaron el edificio en pocos segundos y horas más tardes, la información sobre que se trataba de un siniestro en una de las sedes de la firma con mayores niveles de seguridad comenzó a generar dudas.
Por las altas temperaturas, una pared se desplomó sobre un grupo de rescatistas que había ingresado al edificio para intentar mitigar las llamas. Una alarma se había disparado en simultáneo en dos sectores distintos del galpón ubicado en Azara 1245. Allí había fuego pero los aspersores no funcionaron y no hubo una adecuada presión de agua.
Cuando el empleado de seguridad, Oscar Godoy, y de maestranza, Noemí Moya, únicos presentes en el lugar junto al supervisor de planta Javier Márquez Flores, verificaron que era imposible apagar el incendio, dieron aviso al 911.
La caída del paredón causó la muerte del comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz, y los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli. Además, perdieron la vida los bomberos José Luis Méndez Araujo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico); Sebastián Campos (del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha), y el rescatista Pedro Báricola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz y Facundo Ambrosi, quien tras un período de agonía, muere el 17 de febrero.
El hecho enlutó a la ciudad entera y causó una gran conmoción por la cantidad de fallecidos. La investigación judicial comenzó pero un año después sus resultados eran nulos.
En los últimos días de febrero, un informe pericial de la Policía Federal Argentina determinó que el incendio fue provocado de manera intencional. Así se lo hizo saber a la fiscal Marcela Sánchez encargada de la investigación.
Los peritos de la División Siniestros de la PFA concluyeron que “el fuego comenzó entre los depósitos N° 7 y N° 8, aproximadamente a siete metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín”, se informó a través del sitio oficial de la Procuración General de la Nación.
Asimismo, – continuó el informe – “se encontraron rastros de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar”.
Esto significa que fueron colocados dentro de uno de los edificios supuestamente con mayor seguridad del país, dos artefactos que generaron, de manera simultánea, una explosión alimentada por algún combustible que permitió que el fuego se propagara en simultáneo en dos puntos distantes entre sí, tomando el resto del depósito en minutos.
En igual sentido sobre el resultado de la pericia se expresaron los especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sin embargo, aún resta el informe del equipo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), un año después del hecho.
Pero hasta aquí la trama no revela nada que no podría investigarse bajo la hipótesis de un incendio intencional de algún piromaníaco. A excepción del material que se reportó perdido en el siniestro, tras una investigación que avanzó mucho más rápido y que se hizo por orden de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras aún se lloraba a las víctimas.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) conducida por el fiscal Carlos Gonella determinó a mediados de mayo que las pérdidas reportadas en cuanto a material que resultó quemado y era almacenado por las empresas que eran clientes de Iron Mountain tenía una peculiaridad: pertenecían a entidades que tenían causas abiertas por presunto lavado de dinero.
La sospecha de intencionalidad y la posibilidad de que hubiera sido una maniobra de encubrimiento comenzaron a tomar fuerza. Aunque las pruebas se demoraban.
El 7 de febrero de 2014, el gobierno había dado la orden de comenzar en paralelo un relevamiento sobre la cantidad de empresas que eran clientes de la multinacional dedicada a salvaguardar documentación sensible. Se había quemado el lugar que, en teoría, protegía la información de posibles incendios.
No era la primera vez que esto ocurría en otras latitudes. La firma tenía antecedentes de siniestros en tres depósitos de Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1997 y dos incendios ocurridos en Londres, Inglaterra, y en Ottawa, Canadá, ambos en 2006.
La Comisión Nacional de Valores y la PROCELAC encabezaron la pesquisa a partir del relevamiento administrativo. La conclusión general fue que justamente las entidades bancarias que habían perdido datos eran las que enfrentaban procesos en los que estaban bajo sospecha de blanqueo de activos. En varias causas estaban mencionados los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribás.
LA CLAVE DE LOS SECTORES 7 Y 8. Fueron las áreas más afectadas del depósito donde en sede judicial, las firmas aclararon que mucha de la documentación quemada no contaba con soporte digital, por lo tanto era irrecuperable.
La lista de clientes afectados arrojó un total de 43 empresas de primera línea cuya documentación había sido destruida por el siniestro. Allí también debieron adjuntar a la investigación el rótulo que llevaba cada una de las cajas registradas en el sector.
Entidades financieras, aseguradoras, supermercados, telefónicas, medicina privada, agroquímicas, petroleras, cerealeras, y de servicios encabezaron los primeros lugares.
En tanto, el Banco Patagonia SA quedó en primer lugar en las pérdidas. De 67.705 cajas almacenadas en Barracas dijeron haber perdido 57.015, es decir más del 80% de la documentación de respaldo.
Curiosamente, quien le siguió en el monto de cajas quemadas fue el HSBC Bank Argentina SA: acusó que se incendiaron 26.326 de los 46.528 cofres. Algunos de los rótulos llamativos de las cajas de esa entidad rezaban «HSBC USA». O el todavía más sospechoso membrete «Mant Cts. Lavado dinero».
Mientras el incendio ocurría, la AFIP negociaba en Francia mediante un acuerdo de intercambio de información, acceder a la lista de Hervé Falciani, un arrepentido ex miembro del banco en su sede en Ginebra.
Antes de irse se llevó listados completos por país de los clientes que habían fugado dinero de sus países de origen con cobertura de la entidad. Se había creado una plataforma ilegal, denunciaron las autoridades.
Cuando los listados se hicieron públicos, el escándalo trepó a una escala mundial y el HSBC se vio forzado a pedir disculpas públicas por el affaire. Pero múltiples procesos judiciales comenzaron a llevarse adelante.
En el país, la causa por las 4.040 cuentas en Suiza se tramita en el fuero penal económico donde se solicitó información a la entidad. Hubo respuestas de todo tipo pero llamó la atención que se adujera, en algunos casos, que lo que pedían las autoridades judiciales había sido entregado en guarda a Iron Mountain. Y estaba precisamente en Barracas.
En paralelo, la AFIP avanzó sobre la multinacional de seguridad y la acusó de lavado de activos a partir de aportes dudosos que provenían paradójicamente del HSBC. Esa investigación avanza a paso lento.
El JP Morgan Chase Bank Sucursal Buenos Aires ocupó el puesto 14 de la nómina referida por la PROCELAC con un total de 4.406 cajas, de las cuales desaparecieron 4.000.
La entidad que ofrecía servicios de banca privada, había quedado en medio de sospechas tras la denuncia del arrepentido ex vicepresidente de la filial argentina Hernán Arbizu que contó a la justicia en 2008 una serie de maniobras de lavado para grandes clientes y empresas.
JP Morgan denunció que el 90% de los archivos sensibles (identificados solo con números) quedaron destruidos. Otro dato resultó llamativo para este caso: desde hace 7 años, jamás se había dispuesto el allanamiento de los registros guardados en Iron Mountain.
Uno de los casos más evidentes fue el del BNP Paribás sucursal Buenos Aires que poseía unas 2.554 cajas, de las cuales 1.206 se perdieron en el incendio. El banco posee en trámite una causa por la que la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 49 había solicitado que se indague a sus principales directivos y a algunos de sus clientes por maniobras sospechosas.
Las actividades sospechosas se realizaban en la oficina del piso 25 de Leandro N. Alem 855. Los rótulos de sus cajas en Iron Mountain describían el contenido como «List Pre Lav», «Anti terrorismo» y «Due Dilligence». Lo más sugestivo es que muchas estaban membretadas con el nombre «Alem», la dirección donde estaba montada la «cueva» bajo la lupa de la justicia.
Desde que ocurrió la tragedia, solo una pregunta sobrevolaba sobre las diez muertes lamentadas. ¿Por qué un depósito preparado y especializado en almacenar documentación bajo estrictas medidas de seguridad, fue objeto de un voraz incendio que destruiría la información hasta dejarla reducida a cenizas?
Ahora sabemos que alguien quiso que así fuera. Nada es una casualidad.