Fin de año agitado en la Ciudad de Buenos Aires
Incremento de la represión policial. Endurecimiento del Código Contravencional. Luz verde a la construcción desenfrenada. Aumento de tarifas. Cierre de escuelas secundarias. El fin de año en la Ciudad tuvo de todo, menos amor y paz.
Por Fernando Casasco
“Navidad es Jesús”, rezaban los carteles que habitualmente informan sobre el tránsito, en la víspera del 24 de diciembre. Pese al mensaje para el que las iglesias evangélicas lograron el aval del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, las fiestas navideñas distaron mucho de transcurrir en un ambiente de paz y concordia en el frenético territorio porteño.
Como contamos en la edición de este periódico del mes de diciembre, el área de Seguridad del Gobierno porteño quedó en el ojo de la tormenta, tras el descontrol en el operativo policial previo a la superfinal entre River y Boca (que finalmente debió jugarse en Madrid). Tras los incidentes, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, asumió las funciones en la cartera de Seguridad en reemplazo del renunciante Martín Ocampo.
En este marco, el mes se inició con la decisión de las autoridades porteñas de poner en práctica el protocolo sobre uso de armas de fuego diseñado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Junto con esto, se pudo observar una actitud más “enérgica” de la Policía de la Ciudad en los operativos llevados adelante durante el mes de diciembre. A saber:
•En la madrugada del 10 de diciembre, durante los festejos de los hinchas de River por el histórico triunfo ante su eterno rival, la policía se enfrentó a un grupo que generó incidentes. Hubo unos 20 demorados y al menos 3 policías heridos.
•El miércoles 19 de diciembre, la Policía empujó y lanzó gas pimienta a trabajadores de la empresa Interpack, que reclamaban contra el despido de once obreros. Hubo al menos cuatro hospitalizados.
•El mismo día ocurrieron operativos contra manteros en la calle Avellaneda, en Flores, y en el barrio de Once. La policía detuvo a vendedores callejeros e incluso golpeó a transeúntes que intentaron defenderlos. Según Vendedores Libres, hubo más de 50 detenciones de manteros en las últimas semanas de diciembre.
•El jueves 20 de diciembre la Policía de la Ciudad empujó con sus escudos y reprimió con gas pimienta a trabajadores de Radio Nacional que se manifestaban frente al Centro Cultural Kirchner en reclamo de apertura de paritarias. Tras los incidentes, renunció a su cargo la directora de la radio pública, Ana Gerschenson.
•El miércoles 26 de diciembre, sin notificación judicial alguna, efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad y Gendarmería, ingresaron al edificio que desde 2002 ocupa la Asamblea de Villa Urquiza, en Triunvirato y Roosevelt. Vallaron la zona y procedieron al levantamiento de un muro para bloquear el acceso al inmueble. Dos integrantes de la asamblea fueron detenidos.
La decisión oficial parece pasar por “poner orden” a cualquier precio. Según denunció la comisión Especial de Seguimiento y Prevención de Violencia Institucional de la Legislatura, durante 2018 hubo un “recrudecimiento de la criminalización de la protesta social y una profundización del avance en la legitimación de la represión policial con la intervención del Poder Judicial, tanto federal como de la Ciudad”.
En el mismo sentido puede computarse el endurecimiento del Código Contravencional, sancionado por el oficialismo en la Legislatura, con el apoyo de Evolución y la disidencia parcial de la Coalición Cívica. El punto nodal de la discusión pasó por la prohibición de la tarea de “trapitos” y limpiavidrios. La norma permitirá el encarcelamiento de las personas que ofrezcan o brinden dichos “servicios”, con agravantes para los que lo hagan en ocasión de espectáculos masivos o ejerciendo una diferencia de género.
También habrá mayores sanciones para los que generen ruidos molestos, aunque se excluyó a los artistas callejeros que actúen “a la gorra”; y se establecen penas para el acoso sexual, el ciber-acoso o la divulgación de imágenes íntimas.
Santilli aseguró que “los vecinos de la Ciudad van a tener una legislación que los proteja de las mafias que operan en el espacio público y que ahora combatiremos desde el estado con leyes más justas”. En cambio, desde la oposición se acusó al macrismo de “criminalizar la pobreza” y de hacerlo en forma “oportunista”, al escudarse en la cuestión de género.
Orden y ¿progreso?
¿Poner orden o desordenar por completo la vida de los porteños? Esa es la pregunta que se esboza ante otras de las normas claves sancionadas durante diciembre por la Legislatura porteña: los Códigos Urbanístico y de Edificación, ambos rechazados por organizaciones vecinales.
Fue tal la resistencia que la sesión se debió dar con el edificio de Perú 160 rodeado por vallas y el oficialismo sólo pudo contar con su mayoría automática a la hora de la aprobación: 34 votos a favor y 24 en contra.
En un presente (y, al menos, un futuro próximo) de recesión económica generalizada, el gobierno porteño apostó a la única industria que parece mantenerse con vida: la construcción. El código de edificación permitirá a los desarrolladores abaratar costos (viviendas más chicas, no obligatoriedad de bidet y bañera en los baños, así como la de una vivienda para el encargado de edificios); mientras que el urbanístico habilita la construcción de hasta cuatro pisos en las calles de la mayoría de los barrios.
El objetivo del ejecutivo porteño es aumentar la población de la ciudad en un 50% en los próximos años: de los 3 millones en los que se estabilizó hace décadas a 4,5 millones de habitantes. Y de contribuyentes.
Con la construcción como paradigma, se aceleró en los últimos tiempos el negocio de la subasta de inmuebles públicos. Así se cuenta el caso del playón contiguo a la estación Colegiales (adquirido por la compañía Sancor Seguros por 19,2 millones de dólares); los terrenos del ex Tiro Federal, en Libertador y Udaondo (comprados por un consorcio entre las familias Werthein y Sielecki en 151,5 millones de dólares); los terrenos ferroviarios de Urquiza (entre los que se cuentan el de la desalojada asamblea); o la proyectada construcción de torres en la isla de La Paternal, donde hoy funciona un parque público. A ellos se sumarían en un futuro los terrenos del actual CENARD, los cuales serán cedidos por la Nación a la Ciudad a cambio de los del parque olímpico en Villa Soldati.
La necesidad tiene cara de hereje. La Ciudad, hoy más que nunca necesita recaudar, por varios motivos: el principal es el pacto fiscal, que ha implicado que en el presupuesto se incluya una reducción del impuesto a los Ingresos Brutos (el principal tributo percibido por las arcas porteñas) para las empresas radicadas en Buenos Aires.
Además, deberá hacer frente a los subsidios a las tarifas del transporte, agua y luz que le derivó el gobierno nacional, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en la denodada búsqueda de bajar el déficit fiscal.
Es por ello que, a cambio, fue el Gobierno nacional el que anunció los fuertes aumentos de tarifas que sufrirán los usuarios de colectivos, trenes y subtes, así como los hogares en sus gastos en las boletas de gas y electricidad.
El dinero que se reduce de los subsidios deberá salir, cuando no, de los ya maltrechos bolsillos de los vecinos y vecinas. Sobre el cierre de esta edición, cientos de porteños salían a las calles a protestar contra la insostenible presión tarifaria, mientras que se conocía la renuncia a su cargo del ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel.
La tijera del Ejecutivo porteño no acaba allí: la Educación es una de las áreas históricamente atacadas por el macrismo desde 2007 a la fecha. Recientemente el Gobierno de la Ciudad avanzó en la creación de la UNICABA, que implica el cierre de 29 profesorados de toda la Ciudad; y ahora se le agrega el cierre de 14 comerciales nocturnos y el achicamiento de otros 9 bachilleratos y liceos para adultos. La decisión sumó el repudio unánime de la comunidad educativa y la amenaza de no iniciar el ciclo lectivo 2019 si no se retrotrae la medida.
Tensión y conflicto por aquí y por allá. Algo seguramente muy distinto a lo que Rodríguez Larreta había planeado en el inicio del año en el que planea pelear por su reelección.