La Cooperativa El Álamo, junto a la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, denuncia el desmantelamiento de políticas públicas que sostienen el trabajo de los recuperadores urbanos. Apuntan al gobierno de Jorge Macri y también al gobierno nacional de Milei.
Por Ignacio Di Toma Mues
La Cooperativa de Recuperadores Urbanos El Álamo , junto a la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, alerta que “una conquista popular está en riesgo”, en referencia al sistema de reciclado con inclusión social construido durante los últimos 20 años en la Ciudad de Buenos Aires. Atrasos en los pagos a las cooperativas, subsidios devaluados y distintas medidas del Gobierno porteño conducen, según señalaron, a un escenario de creciente precarización.
En paralelo, El Álamo remarca que el gobierno nacional lleva adelante “un ataque sistemático contra todas las políticas públicas con contenido social”, lo que afecta directamente al sector del reciclado y pone en riesgo la continuidad de muchas cooperativas en todo el país.
Entre las medidas señaladas por la organización se encuentran la disolución del Ministerio de Ambiente, la paralización del programa Argentina Recicla – que destinaba recursos a camiones, galpones y subsidios – y la falta de ejecución de préstamos internacionales destinados al cierre de basurales a cielo abierto.
También denuncia la autorización para importar residuos “sin respetar la preferencia de compra en el mercado local”, lo que generó sobrestock y caída de precios de materiales reciclables, y la habilitación para exportar metales reciclables “sin regulaciones ni cupos, vaciando la industria nacional recicladora”. El precio de cartón se derrumbó: en 2023 se pagaba 300 pesos por kilo; dos años después, en 2025, 155 pesos.
Según la cooperativa, todo esto “desmantela el sistema construido durante 20 años” y tiene un efecto inmediato en la Ciudad de Buenos Aires: precios por el piso, caída de ingresos para los trabajadores y riesgo en la renovación del contrato que vincula al Gobierno porteño con las cooperativas.
Otro punto crítico es el avance de la incineración de residuos, impulsada desde 2018 por una reforma de la Ley de Basura Cero aprobada por la Legislatura con votos del bloque oficialista Vamos Juntos y del GEN, que incorporó la llamada “termovalorización” (incineración con transformación en energía) como método de tratamiento. Desde El Álamo advierten que esta política no solo genera contaminación ambiental, sino que amenaza con desplazar a los recuperadores.
En un informe de situación, la cooperativa recuerda que “después de la crisis del 2001, miles de familias cartoneras ocuparon el centro de la escena urbana. La respuesta fue la organización: primero desde las asambleas barriales, luego con las cooperativas de trabajo. Esa lucha dio frutos: en 2003 se sanciona la Ley 992, que reconoce la figura del recuperador urbano como parte del sistema de higiene urbana de la Ciudad. En 2008 se logra incluir a los cartoneros en la Ley de Basura Cero, junto al apoyo del sector ambientalista. Por primera vez, una ley plantea que recuperar residuos es una estrategia ambiental y social, no un delito”.
Ese modelo de cogestión entre el Estado y las cooperativas – que hoy involucra a unos 6.000 trabajadores y trabajadoras – permitió desarrollar un sistema único en América Latina. “El Estado reconoció el servicio de recolección diferenciada prestado por cooperativas y firmó contratos de cogestión con 12 organizaciones. Se entregaron camiones, galpones, subsidios y herramientas”, señala El Álamo.
Gracias a ese proceso se eliminó el transporte informal y se creó una estructura con logística propia, choferes, colectivos, promotoras ambientales, y guarderías para las infancias. En la actualidad, las cooperativas reciben subsidios del Gobierno de la Ciudad que se depositan directamente en cuentas bancarias de los trabajadores.
La Cooperativa El Álamo, que recicla unas 400 toneladas por mes, tiene asignados 150 cupos con subsidios, totalmente devaluados. Para el servicio de recolección domiciliaria: 40 recuperadores que cobran cada uno 394 mil pesos; 10 promotoras ambientales con 541 mil pesos, 8 choferes con 851 mil pesos; 16 ayudantes con 659 mil pesos y 2 coordinadores con 872 mil pesos.
En el Centro Verde Diego Duarte (Av. De los Constituyentes 6257), los cupos asignados son: 65 operarios con una asignación de 659 mil pesos cada uno; 3 de limpieza con 659 mil pesos, 2 coordinadores con 851 mil pesos, 1 jefe de plan con 872 mil pesos y 3 administrativos con 659 mil pesos.
“La discusión no es sólo sobre un pliego, un camión o un subsidio”, subrayaron desde la cooperativa. “Está en juego que los residuos no sean una mercancía, sino una responsabilidad ambiental; que el trabajo de cartoneros y cartoneras sea reconocido como esencial; que las cooperativas sigan siendo actores del sistema público y no un servicio tercerizado; y que las políticas públicas respondan al bien común, no al mercado ni a los negocios del fuego”.
Presupuesto
El servicio de recolección de residuos húmedos tiene este año una partida de 1 billón de pesos, que representa el 54 % del presupuesto del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.
En cambio, el presupuesto para el sistema de reciclado y recuperación a cargo de las cooperativas, que incluye los centros verdes, maquinaria, camiones, mantenimiento, bolsones, cascos, guantes, ropa, subsidios, recibe apenas el 6,1 %.
En el primer trimestre, la partida destinada a los recuperadores urbanos sufrió una subejecución de casi 4.500 millones de pesos. Además, el Gobierno porteño redujo los puntos verdes – lugares donde vecinos y vecinas llevan materiales reciclables – de 41 a 20 y acaba de anunciar la suspensión del transporte para casi 3.500 cartoneros y cartoneras. El 5 de agosto una multitudinaria marcha encabezada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores se dirigió al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana por esta situación.
Incumplimiento de la Ley Basura Cero
Según consta en las estadísticas oficiales brindadas por el CEAMSE, la Ciudad de Buenos Aires envió al Complejo Norte III (José León Suarez, Prov. de Buenos Aires) 368.839 toneladas de residuos en los primeros tres meses del año.
La Ley de Basura Cero (N.º 1.854), sancionada en 2005, fija que para 2025 los residuos enviados a relleno sanitario debían reducirse un 50 % respecto a 2012. Ese año se enterraron 2 millones de toneladas; en 2024 fueron casi 1,5 millones y el 2025 tiende a la misma cantidad. La reducción alcanza solo al 25 %, lejos del objetivo.
Sin embargo, el recorte en el sistema de reciclado y la subejecución presupuestaria contraría la Ley de Basura Cero, y todo apunta a un cambio de rumbo en la política de residuos, con la incineración como alternativa.
Incineración
El Gobierno de la Ciudad lanzó una licitación por 2.504 millones de pesos para contratar un Servicio de Consultoría en Gestión Estratégica de Residuos Sólidos Urbanos. El legislador Matías Barroetaveña (Unión por la Patria) pidió informes al Ejecutivo y consultó si se evalúa la termovalorización, es decir, la incineración de residuos para generar energía.
La posible vuelta de esta práctica genera preocupación. En 2018, durante una jornada en la Legislatura porteña titulada “Incineración, retroceso ambiental”, el especialista Paul Connett fue contundente: “Los incineradores no son populares cuando se conocen sus costos y peligros. Solo se construyó uno en EE.UU. desde 1997”.
Paul Connett es doctor en química, graduado en Cambridge, y lleva más de 30 años investigando la gestión de residuos. En 2013 publicó el libro “La solución Basura Cero”, que en 2016 entregó al Papa Francisco. Resume su mirada con una frase: “Dios recicla, el Diablo quema”.
“Buscan países como Argentina para instalarlos – asegura Connett – y hacen falta dos cosas: políticos vagos y corruptos, porque son costosísimos”, afirmó. Advirtió también que materiales reciclables como papel, cartón o plástico se perderían: “Todo eso se va a quemar y los empleos que podríamos crear separando residuos, se van a perder”.
Connett subrayó que la incineración es la forma más cara de gestionar residuos y generar energía, y alertó sobre su impacto ambiental: “Emite gases ácidos y metales tóxicos como plomo y mercurio, que dañan el cerebro, especialmente el de los niños”.
También explicó que produce dioxinas y furanos, “las sustancias más tóxicas que se pueden generar en un laboratorio”, que se acumulan en la grasa de animales y peces. “Cuando uno ve esas chimeneas cree que se dispersan los tóxicos, pero en realidad se reconcentran en la cadena alimentaria”, advirtió.
