El contrato tendrá un costo de 108,5 millones de pesos por año.
El Ejecutivo porteño adjudicó el servicio de auditoría y control integral de la calidad del servicio público de higiene por un monto total de 433,8 millones de pesos por cuatro años de contrato. Las empresas controlarán las siete zonas en las que está dividida la ciudad. Quejas de Julio Raffo y Fernando Barrera, directores del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad.
El Gobierno de la Ciudad adjudicó a siete empresas el servicio de auditoría y control integral de la calidad del servicio público de higiene por un monto total de 433,8 millones de pesos por los cuatro años que durará el contrato. Aproximadamente108,5 millones por año.
La Licitación fue lanzada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en noviembre del año pasado, ocasión en la que recibió uno duro cuestionamiento por parte de Julio Raffo y Fernando Barrera, directores del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad.
En un escrito conjunto impugnaron ante este ministerio – a cargo del Lic. Edgardo Cenzón – la contratación de empresas privadas para controlar el servicio de higiene urbana.
Los directores del Ente indicaron en su presentación que la licitación viola los principios de la Constitución de la Ciudad (Art. N° 38) y la Ley N° 210 que disponen que el Ente es el órgano que tiene la competencia originaria – entre otras funciones – de realizar el control, seguimiento y resguardo de la calidad del servicio público de Higiene urbana, incluida la disposición final.
Además puntualizaron que el Ente tiene dos tipos de facultades que ejerce en materia ambiental: preventiva y educacional o preparadora y sancionatoria, y aseguraron que el Poder Ejecutivo “en forma redundante, innecesaria, irregular, pretende confiar a un tercero, empresa privada, la tarea que la Constitución y la ley le encomiendan al Ente que además realiza regularmente”.
Las empresas beneficiadas son Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina de Servicios de Profesionales para la zona 1; TEL 3 para la zona 2; Wia Consulting para la zona 3; Cooprogetti Societa Cooperativa Sucursal Argentina para la zona 4; Hytsa Estudios y Proyectos para la zona 5; SMS AUDIT para la zona 6 y LATINOCONSULT para la zona 7.
Las contratistas deberán realizar: Auditoría de la correcta prestación del servicio público de higiene urbana; Controlar la calidad del servicio mediante la aplicación de índices; Controlar el cumplimiento de los compromisos cuantitativos contractuales de los contratistas referentes a los recursos y frecuencias; Elaborar informes periódicos sobre los resultados de las auditorias y los controles de calidad, de los índices aplicados, análisis de las deficiencias detectadas, y en su caso, de propuestas para solucionarlas.
Raffo y Barrera dieron cuenta que el presupuesto de esta innecesaria e ilegal contratación le constará al erario público 108,5 millones de pesos por año mientras que, según el presupuesto 2015, se destinarán al ENTE tan solo 183 millones que deberán cubrir las funciones de control de los 14 servicios públicos (Subte, transporte, alumbrado público, higiene urbana, AUSA, estacionamiento medido, entre otros)
“Las funciones de control debe ejercerla el Ente Regulador. El control debe estar en manos de un órgano del Estado y con representación parlamentaria que garantice los derechos de los consumidores y usuarios. El Ente controla 13 servicios más, sería más barato y ajustado al orden constitucional, concentrar el control en un organismo especializado como lo es el Ente Único Regulador de Servicios Públicos, garantizando transparencia en el control y eficiencia en los servicios” explicó Fernando Barrera.