La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad ofrecer cursos y talleres dirigidos a las personas con discapacidad mayores de 22 años, garantizar carga horaria previsible y servicio de transporte y alimentación.
El juez porteño de primera instancia, Francisco Ferrer, hizo lugar al amparo presentado por familiares de estudiantes de las escuelas para jóvenes y adultos con discapacidad de la ciudad con el patrocinio de la defensora oficial Giselle Furlong, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.
En el marco de la medida cautelar, el magistrado ordenó al Gobierno de la Ciudad “que garantice el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad mayores de 22 años”.
Esta causa se inició en marzo del 2023, presentada por las familias y estudiantes de las escuelas especiales y de formación laboral porteñas.
En su fallo, Ferrer ordenó que el Gobierno porteño debe: “ofrecer cursos y talleres dirigidos a las personas con discapacidad mayores de 22 años que resulten accesibles”
Además, dispuso que se garanticen vacantes para todas las personas interesadas; una carga horaria previsible y razonable de cursos y talleres; el servicio de transporte y alimentación y se respete la distinción etaria, “de modo tal de garantizar que cada uno de los grupos no vea afectado el ejercicio de su derecho a una educación inclusiva”.
En los considerandos de su resolución, el magistrado consideró que “las prácticas aquí cuestionadas a través de las cuales se complementa la oferta educativa a personas con discapacidad mayores de 22 años ofreciendo cursos y talleres abiertos a toda la comunidad, caracterizada por la ausencia o deficiencia de métodos de enseñanza y aprendizaje adaptados a las necesidades del colectivo afectado, la falta de entornos de aprendizaje inclusivos, la falta de capacitación del personal docente y la ausencia de estrategias que garanticen la transición efectiva, merece ser prima facie reprochada como una experiencia discriminatoria sujeta al enfoque de la discriminación”.
Y concluyó que “la oferta conjunta no garantiza la accesibilidad para que las personas con discapacidad mayores de veintidós años puedan ejercer su derecho a una educación inclusiva. Entre las barreras de acceso ha quedado demostrada la ausencia de una carga horaria previsible y razonable y la ausencia de servicios de transporte y alimentación que afectan a la oferta conjunta”.
Cabe recordar que a fines del año 2021 el Ministerio de Educación porteño anunció que a los alumnos y alumnas mayores de 22 años se les reduciría la jornada educativa, y no tendrían derecho al transporte ni al comedor. En el caso de la Escuela Especial y Formación Laboral N° 21 “Rosario Vera Peñaloza” de Villa Pueyrredón esta situación afectó al 70% de la matrícula.
Patricia Martínez, directora de la escuela de Villa Pueyrredón hasta 2018, en una nota brindada a nuestro medio hace un año, señaló: “En noviembre de 2021, postpandemia, el Ministerio de Educación de la ciudad aplica esta resolución… ¿para achicar el gasto, en la ciudad más rica del país? No se entiende. ¿Cerrar cargos?, hay muchas hipótesis. Desde mi humilde opinión, esto responde al vaciamiento de la escuela pública, es política educativa, no hay mucho más para debatir”.